Javier Fernández Quesada, otra de las víctimas que Martín Villa quiso olvidar

La versión oficial, recogida en varios medios como el periódico de PRISA, El País, no vinculaban los disparos de la Guardia Civil con la muerte de Javier Fernández Quesada, asegurando que las fuerzas de seguridad del estado se habían visto obligadas a intervenir por las graves alteraciones del orden público.

Por Angelo Nero | 12/12/2023

Javier Fernández Quesada era un estudiante canario de biología, de la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife, que contaba en diciembre de 1977, 21 años, simpatizante del Partido Comunista Canario (provisional), una escisión del PCE, que en la segunda mitad de los setenta había fundado Carlos Suárez Cabrera, un abogado laboralista que también participó en la creación del Sindicato Obrero Canario (SOC). El PCC (p) defendía el socialismo y la independencia de Canarias, y a principios de los ochenta formaría, con otras organizaciones comunistas y soberanistas, la Unión del Pueblo Canario, que llevaría al Congreso a Fernando Sagaseta, en 1979.

Pero, volvamos a diciembre de 1977, cuando Javier Fernández Quesada, junto a otros compañeros, paralizaron la Universidad de La Laguna, en solidaridad con los trabajadores de la empresa Transportes de Tenerife, SL, que llevaban más de tres meses en huelga, propiedad del cacique local Leoncio Oramas, y a la que también se sumaron los obreros de las empresas tabaqueras y del sector portuario. El 12 de diciembre, la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), la Federación Autónoma de Sindicatos Obreros Unitarios (FASOU) y el Sindicato Obrero Canario (SOC), habían convocado una huelga general, y la Policía Armada ocupaba las calles de las principales localidades de Tenerife.

En la Universidad de La Laguna, los estudiantes habían formado barricadas, deteniendo el paso de los vehículos. Un camión de gasolina quedó detenido a un centenar de metros de la universidad, pese a estar escoltado por agentes de la Policía Armada. El grupo más combativo del estudiantado se enfrentó a la policía arrojándoles piedras, mientras que los agentes respondían con lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo.

Para que cesaran los enfrentamientos, el párroco de La Laguna, llamó al Gobernador Civil de Tenerife, Luis Mardones Sevilla (que sería diputado posteriormente por Coalición Canaria), y logró la retirada de las fuerzas de orden de la universidad, veinte minutos después, tras lo cual varios estudiantes abandonaron también la universidad. Mientras la Policía Armada se retiraba de la universidad de La Laguna, se desplegaban varias unidades de la Guardia Civil, lo que motivó que se levantaran barricadas y arreciara la lluvia de piedras desde ella. Ante el desafío estudiantil, los guardias civiles formaron en círculo y un oficial gritó: “disparar a dar”.

Así lo relataba uno de los protagonistas de aquella jornada, Javier Quesada, en el periódico digital La Laguna Ahora: “De repente, sobre las tres de la tarde, se produjo un hecho insólito, que yo nunca había contemplado en una manifestación en La Laguna: justo delante del polideportivo universitario, a la altura de San Fernando, empezaron a aparecer vehículos de la guarda civil, tipo jeep. Ello nos despertó la curiosidad y nos dirigimos hacia la azotea de Derecho. Unas cuarenta o cincuenta personas nos encontrábamos en la misma, cuando ya la guardia civil se había apostado junto a los árboles de la Avda. de Ángel Guimera y nos apuntaban con CETME (Fusil de Asalto del ejercito español de los años 70-80), y ametralladoras “Z” (Subfusiles STAR Z). Inocentemente, supusimos que estas armas estarían cargadas con balas de fogueo; pero no fue así. Comenzamos a increparles; el grito más popular fue “desertores del arado”. Inmediatamente respondieron con fuego, percatándonos del impacto de las balas en las grandes esferas que rematan la fachada de la Universidad. Comprendiendo que se trataba de fuego real, comenzamos a reptar por la azotea hasta las puertas que nos conducían otra vez al interior.”

Otro de los testigos declaró que no hubiera aviso previo por parte de la Guardia Civil, y que los disparos no se habían realizado al aire, para intimidar, si no que eran “tiros rasantes, a veces quitándose el arma al hombro, apuntando, y otras con el arma a la altura de la cintura. Al menos dos de ellos subieron la escalinata sin dejar de dispararnos”.

Domingo Acosta Felipe, otro de los estudiantes que buscaba refugio en la universidad, contó que cuando consiguió entrar en el vestíbulo se percató de que detrás suya se desplomaba un joven herido. Ese joven era Javier Fernández Quesada, que cayó herido de muerte en las puertas del paraninfo. Inmediatamente buscaron ayuda, y encontraron a Federico Manera, que entonces cursaba medicina en aquella universidad, y aunque intentó reanimarlo no lo consiguió.

Javier Quesada recordó así aquel momento, en el que la vida de Javier se apagaba: “Bajé por la escalera principal hasta el hall. Varios estudiantes arrastraban un cuerpo hasta la entrada principal, para protegerse tras su puerta y poder asistir al que, pensaban, se encontraba herido. Se trataba de un hombre joven vestido con un jersey azul de doble vuelta y un pantalón vaquero; le hacían masajes cardíacos y la respiración boca a boca. Me acerqué hasta ellos y ya todos nos percatamos de que estaba muerto. Entonces le subimos el jersey para contemplar, atónitos, que presentaba un orificio, no mayor que el de una colilla, en el costado izquierdo, a la altura del corazón.

Los disparos y las ráfagas de metralleta no cesaban. Me decidí a salir hasta los arcos, con un pañuelo blanco en las manos, solicitando que nos dejaran sacar a un estudiante y gritando que estaba mal herido, que no lo podían dejar morir (aún pensaba que se podía salvar su vida).

Entonces, dos guardias civiles con tricornio (no todos lo lucían, algunos llevaban gorra de plato) que se encontraban en la base de la escalera, sobre el suelo de adoquines, uno armado con pistola y otro con CETME, sin dejar de apuntarme, me obligaron a bajar hasta ellos. Cuando llegué a su altura, el que estaba armado con el CETME empezó a darme culatazos, pero ya mis compañeros bajaban a Javier en brazos. Así, no les quedó más remedio que llevarnos hasta los jeeps.”

En esa misma jornada fue gravemente herido el estudiante Fernando Jaesuría Martín, de 18 años, a pesar de que se encontraba en la terraza de su casa, a más de 500 metros de la Universidad, y fue herido de bala el niño Nicolás Lezcano, de nueve años, cuando salía del colegio.

La versión oficial, recogida en varios medios como el periódico de PRISA, El País, no vinculaban los disparos de la Guardia Civil con la muerte de Javier Fernández Quesada, asegurando que las fuerzas de seguridad del estado se habían visto obligadas a intervenir por las graves alteraciones del orden público. El propio gobernador civil llegó a señalar que el disparo podría haber salido de los mismos manifestantes.

La secretaria judicial Rosa Burgos, que tuvo acceso a toda la documentación de la causa abierta por el asesinato de Javier Fernández, publicó dos libros sobre esta víctima de la Transición Sangrienta: “El sumario Fernández Quesada. ¿Una transición modélica?” (Ediciones Idea, 2008), y “La bala que cayó del cielo. Crimen de Estado: el caso Fernández Quesada (Ediciones El Garaje, 2012). Rosa Burgos también publicó otros dos libros sobre otra de las víctimas del posfranquismo: «La muerte de García Caparrós en la transición política» (Libros de El Observador, 2007), y “Las muertes de García Caparrós”, (Airon sesenta, 2017). Preguntada en una entrevista en el medio amigo LQSomos, Rosa Burgos fue muy clara señalando a los responsables de que el caso se cerrara sin señalar culpables: “Se cerró la espiral antes de hacer las investigaciones pertinentes porque de eso se encargó el Ministerio de Gobernación: el ministro (Martín Villa), el delegado de la DGS para Canarias (Claudio Ramos Tejedor), el gobernador civil (Luis Mardones Sevilla) y el general de la Guardia Civil (Guillermo Gutiérrez García).”

Tampoco Javier Fernández Quesada fue reconocido como víctima, ya que la ley de Memoria Histórica solo reconoce como tales a las que sufrieron la represión entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, dos meses antes de su asesinato. La causa fue sobreseída y no hubo ningún condenado por el crimen. Su familia no recibió ninguna indemnización. Es otra de las víctimas escondida bajo la alfombra de la Transición, otra de las víctimas que Martín Villa quiso olvidar.

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