Por Daniel Seixo
"Desde el momento en que el Partido Comunista acepta la Monarquía, el himno franquista y la bandera borbónica; el mismo Ejército que había masacrado a su pueblo, la misma Iglesia que había sido cómplice del genocidio español, y consiente en mantener intacto el reparto de la riqueza, el poder de la banca, de los grandes consorcios industriales y de los latifundistas del sur y del oeste de España, y aprueba la Ley de Amnistía del 77 que dejaba impune a los asesinos fascistas, la rendición de las clases trabajadoras era sin condiciones. Tan sin condiciones que un año antes de aprobar la Constitución se firmaban los Pactos de la Moncloa para entregar todo el poder al capital y dejar al proletariado sometido a la patronal." Lidia Falcón
"Hacíamos encuestas y perdíamos" Adolfo Suárez
“Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”
Juan Carlos I
La llamada transición española, supuso un pacto de silencio. Una pesada losa de olvido y desmemoria con todos aquellos que apenas unas décadas antes, habían sacrificado sus vidas por la libertad y la democracia. El proceso político iniciado con la muerte de dictador fascista y desarrollado mediante la restauración monárquica en la figura de don Juan de Borbón, no consistió, tal y como explica la versión oficial en un acto de reconciliación pacífica, ni tan siquiera en un proceso ejemplar o falto de rudeza. Los ruidos de sables, la violencia callejera y paramilitar, el cainismo político y económico y el pacto de silencio generalizado, alumbró un sistema político que lejos de establecer un periodo de transición de cara a una futura consulta al conjunto de los españoles sobre la jefatura del estado, remató enrocando como gobernante, por gracia y herencia del régimen franquista, al único nieto varón vivo de un monarca con conocido temor a la democracia.
No se trata aquí de analizar las alternativas de los sindicatos y la izquierda en aquel momento –que sí existieron aunque se empeñen concienzudamente en trasladarnos lo contrario– ni de realizar un pleito ad totum a los actores que por aquel entonces, participaron de un proceso político que en el estado español tuvo sus circunstancias y tiene hoy sus consecuencias. Pero sí debemos sin embargo comenzar a desmontar la falacia de que en aquel momento se hizo únicamente lo que se podía. Debemos comenzar a desmontar esa falacia porque aceptar dócilmente la versión de los padres de la constitución y el agazapado búnker franquista, supone admitir intrínsecamente que la opción de ruptura total con el franquismo fue entonces y continúa siendo a día de hoy una quimera imposible de alcanzar.
La Fiscalía de Ginebra investiga al rey emérito español, por una «donación» de 90 millones de euros, depositados en una cuenta del banco Mirabaud de la ciudad helvética por el entorno del entonces monarca de Arabia Saudí Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud
Lejos de retornar la idea de un estado federal y plurinacional, laico y con claros principios humanistas, la transición española optó por fortificar los privilegios del régimen franquista, consensuando únicamente con las fuerzas sociales y políticas de izquierda, meros elementos simbólicos con apenas capacidad real alguna para su final desarrollo práctico de cara a otorgar conquistas materiales a una población que durante treinta y seis largos años, había soportado sobre sus hombros el peso de un sistema político basado en las profundas raíces del nacionalcatolicismo.
No, Juan de Borbón no supuso en el pasado la mejor alternativa para el pueblo español, ni tampoco Felipe VI de España lo supone en el momento actual. La igualdad entre sexos, pero también entre ciudadanos, la transparencia fiscal, el modelo territorial o la horizontalidad en el poder político. Todos ellos son temas que encuentran en los valores que representa la monarquía una figura antagónica, como arcaica es a su vez una institución como la Casa Real en un estado que dice aspirar a desarrollar una democracia plena, tal y como debería ser nuestro objetivoinmersos ya en el S.XXI. La existencia de una monarquía perpetuada por razón de filiación, por constitucionalista que se defina, supone un insulto directo e inasumible para cualquier demócrata que se precie, y discutir o evitar esta afirmación por parte de ciertos sectores en la izquierda, tan solo denota su profundo temor al rupturismo, al borrón y cuenta nueva con el régimen franquista y a un pueblo libre y capacitado para decidir el modelo de estado que desea.
Juan Carlos I «regaló» el Sáhara Occidental a Marruecos a cambio del apoyo de EE.UU en su coronación
Elefante blanco en el Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, marido ausente, en el mejor de los casos, generoso amante, cazador cazado, garante progenitor en el «Caso Nóos» o implacable conseguidor y comisionista a lo largo de los años. Los supuestos papeles jugados por el monarca emérito han sido muchos y muy variados, pero todos ellos, sin excepción alguna, se han desarrollado con un profundo secretismo para nosotros, meros súbditos de un sistema político y económico que nos mantiene prudentemente alejados de los centros reales de toma de decisión de nuestro estado.
Juan de Borbón no supuso en el pasado la mejor alternativa para el pueblo español, ni tampoco Felipe VI de España lo supone en el momento actual
Pero los casos de corrupción y esa costumbre tan propia de la realeza de mezclar los líos de falda con los escándalos económicos, no es algo de naturaleza hispana, sino que parece residir en la concepción misma de ese poder monárquico un día otorgado por supuesta naturaleza divina y hoy a duras penas soportado y gestionado por las cúpulas capitalistas locales. Unos entornos de privilegio siempre han visto en este sistema y en los monarcas de turno, a unos fiables aliados contra la democracia y la transparencia. Tal y como se ha demostrado tras oportunas filtraciones y costosas y lentas investigaciones judiciales, la gangrena del cohecho es un mal que salpica indiscriminadamente al conjunto de la realeza europea.
A los escándalos que persiguen la apacible existencia del príncipe Andrés –heredero a la Corona británica inmerso en la trama Jeffrey Epstein y en relaciones no muy transparentes con diversos empresarios– al pago por parte de un empresario de la fastuosa luna de miel de la heredera Victoria de Suecia o la acusación de soborno al rey consorte de Holanda, deberíamos añadir los continuos altercados con el príncipe Laurent de Bélgica o incluso el conocido desenfreno en el seno de la apátrida casa real de Los Saboya. Y por supuesto, no nos olvidamos del dilatado palmares en estas lindes de nuestra propia monarquía, siempre liderada por el campechano Juan Carlos I, pero en el que tampoco han faltado nombres como el de Cristina de Borbón o La infanta Pilar. Esta última presente en los papeles de Panamá como directora de una empresa gestionada por el polémico bufete Mossack Fonseca.
Y es precisamente alrededor de las sociedades ‘offshore’, los papeles de Panamá y las obras del AVE Medina a la Meca, que giran los más recientes problemas para el rey emérito por los que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Suiza, a través de una comisión rogatoria, el poder conocer de manera formal la investigación que la justicia de ese país está desarrollando por una supuesta donación millonaria, desde una fundación panameña vinculada al Borbón a una cuenta propiedad de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Este requerimiento de información acerca de las millonarias «donaciones» de Juan Carlos I a su «amiga entrañable» –parece ser que en las monarquías todavía no se lleva el término follamigos– se entrelaza con las diligencias que Anticorrupción mantiene abiertas por un delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca.
Ajetreada vida debe ser la de Don Juan, para que sus escarceos, las cacerías y sus caídas ante la confusión de la noche o el día, no pudiesen ser sufragadas con los 8,3 millones de euros anuales que desde 1957 se ha embolsado a través de los Presupuestos Generales del Estado
Según informaciones publicadas en el diario suizo Tribune de Genève, la Fiscalía de Ginebra investiga al rey emérito español, por una «donación» de 90 millones de euros, depositados en una cuenta del banco Mirabaud de la ciudad helvética por el entorno del entonces monarca de Arabia Saudí Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud. Fondos que posteriormente serían en parte «donados» de nuevo -65 millones de euros- por Juan Carlos de Borbón a la aristócrata y amiga especial del monarca, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Curiosamente, Lucum Foundation, sociedad desde la que la amiga especial del Borbón cobró esa jugosa donación por parte del rey emérito, fue constituida en Panamá por los testaferros del rey emérito, Arturo Fasana y Dante Canonica. Ambos, contrastados expertos en la creación de sociedades offshore que durante décadas han servido a las monarquías europeas y a ciudadanos privilegiados de toda índole, para ocultar su patrimonio a la hacienda pública de sus correspondientes estados. Algo que si bien se supone a todas luces intolerable y punible en cualquier ciudadano, resulta especialmente doloso cuando hablamos de la figura de todo un jefe de estado.
La aparición de Pilar de Borbón y Corinna zu Sayn-Wittgenstein vinculadas a Mossack Fonseca, la cuenta que el monarca emérito mantuvo en Suiza con la herencia de su padre, los finos vínculos con la iraní Shahpari Zanganeh –ex mujer de Adnan Khashoggi, conocido traficante de armas ya fallecido y amigo del rey emérito Juan Carlos I– quien se encuentra implicada en los trámites para la construcción del AVE de Medina a la Meca como desarrolladora del proyecto, supuestamente a petición de Juan Miguel Villar Mir –gran amigo del rey Juan Carlos– los problemas con la Fiscalía de Ginebra a cuenta de inverosímiles donaciones… Todos los hilos parecen apuntar a la desvergüenza, el cinismo y el descaro con el que la monarquía y por tanto la jefatura del estado español, actuaban en manos de un personaje de la presunta bajeza moral de Juan Carlos de Borbón.
La falta de transparencia y una inviolabilidad judicial que no resulta compatible con la doctrina internacional y que podría poseer más límites y fisuras de las que a priori parece querer contemplar nuestro parlamento, ha llevado a que un monarca que tras la muerte del Franco llegó al trono apenas sin patrimonio, posea ahora, según publicaciones como Forbes o The New York Times, un patrimonio que superaría los 2.000 millones de dólares. Una estimación que a la vista de la actividad de sus testaferros y la generosidad de sus escarceos, únicamente podría ser corroborada realmente por el propio monarca.
Pero por lo que pudiese pasar y asegurándonos de mantener la humanidad con la corona, nosotros, los españoles de a pie, como fieles súbditos de la monarquía, seguiremos contribuyendo al goce del campechano monarca, con la humilde y «merecida» pensión vitalicia que su hijo, el ciudadano Felipe, decidió conceder a su padre tras la abdicación de 2014, en calidad de rey emérito. 194.232 euros al año, que al contrario que otras cuantías más necesarias para sus destinatarios, sí se revalorizan con el IPC. Ajetreada vida debe ser la de Don Juan, para que sus escarceos, las cacerías y sus caídas ante la confusión de la noche o el día,en este asunto parecía resultarle indiferente, no pudiesen ser sufragadas con los 8,3 millones de euros anuales que desde 1957 se ha embolsado a través de los Presupuestos Generales del Estado. Pese a tal ensoñación de cifras para el común de los mortales, la dolce vita del viejo monarca, presuntamente precisó del cainismo económico en el ejercicio de su cargo público, para lograr costear sus más profundas pasiones. Que sabremos los mortales de lo duro que es ser rey.
El proceso político iniciado con la muerte de dictador fascista y desarrollado mediante la restauración monárquica en la figura de don Juan de Borbón, no consistió, tal y como explica la versión oficial en un acto de reconciliación pacífica
Mientras tanto, los partidos siguen incumpliendo su compromiso con la ciudadanía y con la propia institución estatal, al negarse de forma continuada a demandar cualquier responsabilidad social a la Monarquía ya su vez se cumplen cinco años desde que el CIS preguntase a los españoles sobre la Corona en manos del ciudadano Felipe. La última vez, en abril de 2015, tras una serie de resultados adversos para los borbones y la institución que estos representan. Si nada cambia, continuaran sin duda alguna los aplausos de la izquierda parlamentaria por convicción o por respeto, la negativa a firmar manifiestos en favor de la III República por parte de quienes decían querer asaltar los cielos o los silencios cómplices y testimoniosos.
Todo para que el sistema herencia de la dictadura fascista no se desmorone, por lo que pueda pasar, para que las cloacas, esas en las que se ejerce un poder quizás incluso más profundo que el propio poder parlamentario, no colmen de mierda toda esta fantasía democrática que nos hemos construido inconscientemente como sociedad. Esa leyenda de una transición modélica pese a los miles de republicanos abandonados en nuestra tierra a su suerte. Como la periodista Victoria Prego y el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, nos toman por gilipollas. Su premio por ello, consistió en un aeropuerto y una larga y pacífica carrera en los medios. Después de todo, la nuestra siempre ha sido una democracia de monedas de plata.
¿Y el orden y la ley?
Viva el Rey