«No hay crematorios y no hay ataques con machetes. El hambre es el arma invisible del genocidio. Sin un cambio dramático inmediato, este grupo de armenios será destruido en unas pocas semanas»
Por Diario Armenia
El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, especialista en derecho internacional, primer fiscal de la Corte Penal Internacional (2003-2012), profesor de las universidades de Harvard y Yale y fiscal adjunto del Juicio a las Juntas en Argentina en 1985, publicó un informe el 7 de agosto donde confirmó que «hay un genocidio en curso contra 120.000 armenios que viven en Nagorno Karabaj, también conocido como Artsaj».
«El bloqueo del Corredor de Lachin por parte de las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán que impide el acceso a alimentos, suministros médicos y otros elementos esenciales debe considerarse un genocidio en virtud del artículo II, (c) de la Convención sobre Genocidio: ‘Imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física’. No hay crematorios y no hay ataques con machetes. El hambre es el arma invisible del genocidio. Sin un cambio dramático inmediato, este grupo de armenios será destruido en unas pocas semanas», se lee en su informe, que había sido solicitado por el presidente de la República de Artsaj, Arayik Harutyunyan.
Según Moreno Ocampo, «existe una base razonable para creer que se está cometiendo un genocidio contra los armenios que viven en Nagorno Karabaj (Artsaj) en 2023»: «La Corte Internacional de Justicia, a pedido de Armenia, ya analizó el bloqueo del Corredor de Lachin. La Corte se centró en la responsabilidad del Estado por presuntas violaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en lugar de la responsabilidad penal individual por la comisión de genocidio. Aunque se basa en un conjunto diferente de obligaciones del Estado, la Corte confirmó la ocurrencia de los elementos materiales del Genocidio que se establecen en el Artículo II, (c) de la Convención sobre el Genocidio: ‘Imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para acarrear su destrucción física’.
Las conclusiones preliminares de la Corte consideraron ‘plausible’ que el bloqueo del Corredor de Lachin produjera ‘un riesgo real e inminente’ para la ‘salud y la vida’ de un grupo étnico, ‘los armenios que viven en Nagorno Karabaj’. La intención, elemento subjetivo exigido por el delito de genocidio, debe deducirse de los hechos y declaraciones del presidente Aliyev, quien tiene la autoridad suprema en Azerbaiyán. El presidente Aliyev, en un juicio justo, tendría la oportunidad de brindar una interpretación diferente de los indicios. Mientras tanto, existe una base razonable para creer que el presidente Aliyev tiene intenciones genocidas: ha bloqueado a sabiendas, voluntaria y voluntariamente el Corredor de Lachin incluso después de haber sido notificado sobre las consecuencias de sus acciones por las órdenes provisionales de la CIJ».
El especialista aseguró que el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev «bloqueó deliberadamente la provisión de elementos esenciales para la vida de los armenios que viven en Nagorno Karabaj» y «desobedeció abiertamente las órdenes específicas de la Corte Internacional de Justicia». De todas maneras, Aliyev «no puede ser investigado por ninguna autoridad extranjera porque goza de inmunidad como jefe de Estado» y Azerbaiyán no se suscribió al Estatuto de Roma.
«El presidente Aliyev, así como la comunidad internacional, tiene la rara oportunidad de evitar más bajas y la ‘destrucción física’ de un grupo en este genocidio. La prevención oportuna requiere la adopción de decisiones políticas urgentes: a) detener el bloqueo y restablecer el suministro de artículos de primera necesidad a Nagorno Karabaj en una o dos semanas; b) soluciones institucionales a las reivindicaciones territoriales en disputa. Debería adoptarse antes de mayo de 2025 porque, en ese momento, Azerbaiyán puede solicitar el fin de la protección de las fuerzas de paz rusas. Por diseño, no hay autoridades centrales a nivel internacional para adoptar medidas tan urgentes. Un fallo específico de la Corte Internacional de Justicia sobre genocidio, sanciones inteligentes y otras herramientas diplomáticas clásicas no sería lo suficientemente rápidas y fuertes. En el corto plazo, que es crucial para detener el genocidio por hambruna en curso, el deber de prevención estaría definido exclusivamente por el interés de los Estados involucrados en el conflicto».
«¿Es posible ayudar a los líderes europeos, rusos y estadounidenses a alcanzar una posición conjunta para detener el genocidio armenio en curso? Si pudieran ponerse de acuerdo, la comida llegará a los armenios en un día. El conflicto en Nagorno Karabaj (Artsaj) es una oportunidad para que la comunidad internacional desarrolle una solución innovadora y armoniosa para prevenir genocidios. Según el artículo 16 del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de la ONU podría suspender eventualmente una investigación penal para encontrar una solución final y justa. El presidente Aliyev preguntó: ‘¿Por qué España no permite que Catalunya haga un referéndum? ¿Por qué deberíamos tolerar el separatismo?’. La respuesta simple a las complejas cuestiones de soberanía involucradas en la pregunta es que España no está cometiendo un genocidio para controlar los esfuerzos separatistas», reflexionó Moreno Ocampo.
El bloqueo genocida de Azerbaiyán contra Artsaj
Desde el 12 de diciembre de 2022, un grupo de operaciones especiales de Azerbaiyán disfrazado de civiles ambientalistas bloquearon la carretera Stepanakert – Goris del Corredor de Lachin. Durante el bloqueo, el grupo azerbaiyano recibió asistencia directa de las autoridades de Azerbaiyán, realizaron gestos de la organización racista Lobos Grises y provocaron a las fuerzas de paz de Rusia. Irónicamente, muchos de los autodenominados “ambientalistas” llevaban tapados de cuero animal y hasta mataron a una paloma en un video que se viralizó en las redes sociales. Las autoridades azerbaiyanas cortaron el suministro de gas natural a Artsaj durante el invierno, así como también las telecomunicaciones e internet, mientras que no permiten la reparación de la infraestructura de electricidad.
Un total de 120.000 personas en Artsaj son mantenidas bajo asedio y sin posibilidad de recibir alimentos, medicina o bienes básicos, mientras que 1.100 personas, incluidos 270 niños, no pudieron regresar de Armenia a Artsaj. El 14 de diciembre, el presidente de Artsaj, Arayik Harutyunyan, decretó la ley marcial en el territorio para garantizar la seguridad de la población y la correcta distribución de alimentos, medicamentos y bienes esenciales. Un paciente de 44 años murió el 19 de diciembre por no haber podido recibir atención médica necesaria. Hasta el momento, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Argentina, Uruguay, España, Chipre, Grecia, Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega y Lituania pidieron a Azerbaiyán que desbloquee el Corredor de Lachin. El 22 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, determinó que Azerbaiyán debe “tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la libre circulación de personas, vehículos y carga a lo largo del Corredor de Lachin en ambas direcciones”, orden que fue inclumplida por Azerbaiyán a pesar de ser un fallo vinculante. El 21 de marzo se cumplieron 100 días del bloqueo genocida y la Defensoría de los Derechos Humanos de Artsaj publicó un informe en el que enumeró todas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las 120.000 personas de Artsaj. El 23 de abril, Azerbaiyán estableció un puesto de control militar en la entrada de la carretera y oficializó el bloqueo, abandonando la fachada de la supuesta protesta ambiental. El 12 de junio, al cumplirse 6 meses del bloqueo, las autoridades publicaron un informe con las consecuencias del desastre humanitario causado por Azerbaiyán.
Desde el 15 de junio, Azerbaiyán prohibió la entrada de ayuda humanitaria a la población entregada por las tropas de paz de Rusia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y bloqueó la entrada del puente Hakari. El 6 de julio, la CIJ reafirmó su fallo del 22 de febrero de 2023 en el que exigió a Azerbaiyán que garantice el libre movimiento a lo largo del Corredor de Lachin. El 26 de julio, Azerbaiyán impidió que un convoy con toneladas de ayuda humanitaria fuera entregado a Artsaj. El 29 de julio, Azerbaiyán secuestró a Vagif Khachatryan, un paciente de 68 años mientras era trasladado por la Cruz Roja para recibir tratamiento médico, lo enjuició con cargos falsos y lo encarceló en Bakú. El 7 de agosto, Luis Moreno Ocampo, especialista en derecho internacional, determinó en un informe que «hay un genocidio en curso contra 120.000 armenios que viven en Nagorno Karabaj».
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