Se les acusaba de haber robado una cabra, y les dispararon por la espalda, mientras viajaban en moto.
Por Angelo Nero | 23/12/2024
18 primaveras contaba Ignacio Montoya, cuando un guardia civil le segó la vida, un 3 de marzo de 1982, mientras que su primo Antonio López Alonso, de sólo 16 años, era herido de gravedad, en ingresado en la residencia sanitaria de Zamacola en Cádiz con un tiro en la columna. Se les acusaba de haber robado una cabra, y les dispararon por la espalda, mientras viajaban en moto. En los pueblos andaluces de Trebujena, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y El Cuervo se convoca una huelga general, y sus ayuntamientos firmaron un comunicado pidiendo la depuración de todos los elementos fascistas de las fuerzas de seguridad. El diario madrileño EL PAIS daba cuenta del asesinato, en una nota firmada por José Aguilar y fechada el 8 de mayo, cinco días después del suceso, con el título, Incidente de Trebujena, ‘repetido’ por el guardia que disparó y el joven superviviente, y donde decía lo siguiente:
“El juez de instrucción de Sanlúcar de Barrameda dirigió ayer la reconstrucción de los hechos ocurridos el día 2 de marzo en Trebujena (Cádiz), donde el joven Ignacio Montoya, de 18 años de edad, murió como consecuencia de los disparos de un guardia civil contra la motocicleta en la que viajaba, en la calle Moreno de Mora de dicha localidad gaditana. También resultó herido de gravedad en el mismo suceso Antonio López, de 16 años, primo del anterior.
La reconstrucción se hizo con todo el rigor requerido y se prolongó durante más de tres horas, según informaron a EL PAÍS varios testigos. Participaron en ella el guardia civil autor de los disparos, Juan Macías, que iba de paisano, el muchacho herido en el incidente en cuestión -ya plenamente recuperado- y cinco testigos presenciales de los sucesos, todos ellos vecinos de Trebujena. Asistieron el juez de instrucción, varios funcionarios a sus órdenes, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz y el abogado de la acusación privada. El juez dirigió la operación de manera minuciosa, interrogando repetidas veces a los testigos y a los protagonistas, ordenando que se midiesen las distancias y se aclarase la posición en el escenario de los hechos de todos los protagonistas, en cada momento del incidente. También se tomaron numerosas fotografías del lugar y se levantó acta de cualquier detalle pertinente.
Se utilizó, asimismo, una motocicleta de pequeña cilindrada, semejante a la que utilizaban las víctimas el día de autos. Numeroso público se acercó al lugar donde se reconstruyeron los hechos objeto de la acción judicial, produciéndose momentos de tensión ante la presencia del guardia civil, aunque no se registraron incidentes.
Polémica sobre el número de disparos
De acuerdo con testimonios fidedignos, uno de los extremos contradictorios que persisten en torno al caso es el referido a los disparos que efectuó el guardia civil Macías: mientras él mismo reitera que fueron dos al aire y, a continuación, otros dos al cuerpo de los jóvenes que viajaban en la moto, los testigos precisan que sólo realizó un tiro al aire, y los otros tres habrían sido contra los muchachos.
Hay que recordar que el guardia disparó después de que los jóvenes desatendiesen la orden de detenerse y por creer que ambos eran los que varias horas antes habían sido denunciados por la guardesa de un cortijo, como presuntos ladrones de una cabra.
Dos días después, el herido, Antonio López, declaraba a este periódico que ellos no habían robado el animal y que sólo su primo había intentado ordeñar la cabra para beber un vaso de leche, lo que hacía con frecuencia cuando ambos salían al campo a recoger espárragos.
Todo indica que las diligencia están prácticamente terminadas y que en fecha próxima serán remitidas a la Audiencia Provincia de Cádiz, que es la instancia competente para ordenar el procesamiento del guardia civil o el sobreseimiento del caso.”
Juan Oliveros relató a Público -35 años después del asesinato- aquel 2 de marzo de 1982, fecha del crimen, justo a las tres del mediodía “Yo era alcalde de Trebujena por el Partido Comunista y aquel día fui a comer a mi casa. Tuve que parar a los vecinos montándome en un pupitre para que no pegaran a los guardias del cuartel ni a Macías que rápido fue custodiado en el interior del cuartel. Montoya estaba en el suelo desangrado en una esquina de la plaza del Ayuntamiento”.
El diario EL PAÍS, volvía el 5 de marzo de 1982, en una nota firmada también por José Aguilar, a poner el foco en Cádiz, para narrar las jornadas que siguieron al asesinato del joven, “Vuelve la calma a Trebujena y Lebrija después de la huelga general por la muerte de lgnacio Montoya», era el título del artículo siguiente:
“Antonio López Alonso, el joven lebrijano de diecisiete años que resultó herido por disparos de un guardia civil en la localidad gaditana de Trebujena, en un incidente en el que resultó muerto su primo Ignacio Montoya Alonso, evoluciona favorablemente en la residencia sanitaria Fernando Zamacula, de Cádiz, donde se encuentra internado. La calma fue absoluta ayer en las poblaciones afectadas después de la jornada de huelga general que vivieron el miércoles.Según el parte médico facilitado a mediodía de ayer, el paciente sigue con una evolución clínica favorable, sus constantes vitales son normales y ha comenzado ya el proceso de deambulación y nutrición. No se prevé ninguna complicación en su estado.
Es de destacar que la última nota oficial ofrecida por la dirección general de la Guardia Civil señala que Antonio López tiene antecedentes por robo, extremo este del que no se tiene constancia en el Ayuntamiento de Lebrija, lo que abonaría la tesis oficial de que los dos jóvenes eran, en efecto, los presuntos ladrones denunciados ante la Guardia Civil de Trebujena. En cualquier caso, oficialmente no se han detallado de ninguna manera dichos antecedentes.
El cadáver de Ignacio Montoya fue enterrado a última hora de la tarde del miércoles, envuelto en una bandera andaluza, en una ceremonia a la que asistieron alrededor de 8.000 personas. Dos horas más tarde, su madre, entre sollozos, no cesaba de exclamar: «Me han matado a mi pedacito de pan», y otras expresiones de dolor. La señora Alonso rechazó que su hijo hubiese robado nada en Trebujena, añadiendo: «Aunque hubiera sido verdad eso de las gallinas, no es para pegarle un tiro por la espalda».
La madre de la víctima no le había visto por la mañana, ya que ella salió a la casa de una vecina ciega para ayudarle en la limpieza de su casa mientras el muchacho aún dormía. Sólo a las tres de la tarde empezó a preocuparse por la tardanza de su hijo en volver para el almuerzo. La siguiente noticia que tuvo de él fue la de su muerte.
Con respecto al guardia civil autor de los disparos, Juan Macías Morante, que se encuentra en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en tanto concluye la investigación abierta sobre el caso, en Trebujena se ha precisado a este periódico que tiene menos de cuarenta años, está casado y tiene varios hijos. Llevaba un año destinado en el pueblo, adonde había llegado procedente del País Vasco.
Al término del entierro del infortunado joven, alcaldes, parlamentarios de los partidos PSOE, PCA y PSA y centrales sindicales, hicieron público un comunicado conjunto en el que se exige el cese inmediato del gobernador civil de Sevilla por su actitud en relación con Lebrija, se solicita la creación de una comisión de encuesta e investigación en el Congreso de los Diputados y se insiste en la necesidad de democratizar las fuerzas de seguridad del Estado. El gobernador, José María Sanz Pastor, criticó firmemente la actitud del PSOE.”
El gobernador de Cádiz, conocido por la represión de los incipientes movimientos sindicales en la provincia, coaccionó al alcalde de Trebujena, Juan Antonio Oliveros, del PCE, a que no decretara ninguna señal de duelo por el joven, bajo pena de multa de medio millón de pesetas, y doscientas cincuenta mil pesetas de multa, asimismo, para los comerciantes que secundaran el llamamiento a la huelga general, aunque esta fue seguida de forma mayoritaria. Por su parte el alcalde, junto con los de Lebrija y Sanlúcar, pidieron la dimisión de Sanz Pastor, que continuó en su cargo y luego fue nombrado Delegado del Gobierno en Andalucía.
En 1984 se celebró el juicio por el asesinato de Ignacio Montoya en la Audiencia Provincial de Cádiz, y a pesar de los numerosos testigos que acreditaron que el guardia civil Juan Macías Morante había disparado tres veces contra los jóvenes, el acusado declaró que “fueron tres tiros al aire, y uno solo al cuerpo de Montoya”. Finalmente fue condenado a tres años de prisión menor “por cumplir con su deber”. Solo tres meses después del asesinato Juan Macía fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la guardia civil.
Se el primero en comentar