«Marruecos dejaba en evidencia el poder de negociación que le da la UE al pagar para mantener a las personas migrantes dentro de sus fronteras a través de la limitación de las salidas del país».
Por Pablo Sánchez
Han sido muchos los titulares controvertidos sobre la política de los países europeos limítrofes con el Mediterráneo o la frontera del este de Europa. También aquellos que recibían un mayor número de personas refugiadas o solicitudes han tenido densos debates sobre la razón o facilidad con la que estas personas iban a sus países.
No es un secreto que Europa paga para que se haga el trabajo sucio fuera de su territorio.
En esto consiste la externalización de las fronteras. La UE, que se erige frente a todo actor político como defensor de los derechos humanos de sus ciudadanos, los vulnera cada día en sus fronteras y en los territorios de aquellos que aceptan ingentes cantidades de dinero para hacer lo que luego escandaliza a la opinión pública cuando pasa en Francia, Alemania o España. En este caso hablamos de arrestos, torturas, deportaciones, palizas, chantajes e incluso asesinatos, y no es algo que precisamente sea invisible a ojos de los medios porque son decenas de organizaciones las que denuncian los malos tratos que reciben las personas migrantes y refugiadas.
El ejemplo más claro que hemos visto en España fue cuando, hace unos meses, Marruecos dejaba en evidencia el poder de negociación que le da la UE al pagar para mantener a las personas migrantes dentro de sus fronteras a través de la limitación de las salidas del país, entre muchas otras cosas. Años atrás también veíamos a Erdoğan fletando autobuses para llevar a miles de refugiados a la frontera, amenazando con enviar refugiados a Europa y dejando claro que las personas refugiadas son un arma que utilizará en su pulso a la UE, y así lo entiende también el organismo europeo al rechazarlas inyectando más dinero al país.
Los impedimentos que Europa crea al pagar a otros países para obstaculizar el camino de las personas migrantes repercuten directamente en la ruta que establecen, haciéndola cada vez más complicada. Esto acaba traduciéndose en un aumento de la mortalidad al tener que buscar nuevas rutas por sitios cada vez más peligrosos y así evitar ser vistos por las patrullas fronterizas. La desesperación de las personas que llevan meses viajando por llegar a un lugar seguro acaba forzando mayores riesgos que evitan poner en peligro un viaje de miles de euros, pero no la vida. Atravesar montañas o desplazar la salida de pateras a lugares más lejanos es lo que produce la externalización.
Los datos no siempre importan cuando se habla de rentabilidad, y es que las llegadas, a pesar de la evidente militarización y los impedimentos continuos para las salidas desde la costa africana, no se han reducido con las inversiones en países externos como Marruecos, Mauritania, Turquía o en Frontex desde su creación. Destinar dinero público a vulnerar los derechos humanos de forma flagrante y continua debería crear más indignación de la que lo hace, algo que no pasa cuando son europeos. En mayo conocíamos el caso de una valenciana encerrada en un CIE en Inglaterra por no tener la documentación necesaria para su entrada en el país, y lo hacíamos de la mano de titulares como «se me ha tratado como a una delincuente», cuando a quienes consiguen llegar a territorio español si no se les ha dejado a la deriva en el Mediterráneo o disparado pelotas de goma mientras nadaban, también se les trata de forma denigrante por una falta administrativa.
La contención migratoria que realiza la Unión Europea en países externos ha demostrado ser inútil en su objetivo inicial: evitar las llegadas de migrantes a territorio europeo. A través de la utilización de partidos y movimientos más reaccionarios que sirven como elemento justificador de la represión y militarización, se completa el círculo que acaba dando sentido a la existencia de Frontex o cualquier mecanismo que sirva para bloquear la llegada de personas migrantes y refugiadas.
Aunque Europa no siempre sea el brazo ejecutor de estas vulneraciones la responsabilidad e implicación es absoluta, evidentemente. Además, dejar los motivos económicos fuera de la ecuación cuando hablamos de la vulneración de los derechos de las personas migrantes sería obviar parte del problema. Pagar para evitar que las personas lleguen a tierra, traspasen fronteras o ejerzan sus derechos, además de tener graves repercusiones en las víctimas, también afecta al bolsillo de quien se beneficia de las concesiones para el negocio de la migración. Dejar de ignorar que la forma comunicativa de los medios tradicionales tiene mucho que decir en la normalización de estas prácticas de externalización y vulneración puede ser el primer paso para luchar contra la justificación.
Se el primero en comentar