Entrevista a Ramón Mateo: «Si incrementamos los impuestos sobre los combustibles sin pensar a la vez en ayudas estaremos haciendo que la transición imponga costes inasumibles para amplias capas de población»

«Si simplemente incrementamos los impuestos sobre los combustibles para estimular esta sustitución, entonces estaremos haciendo que la transición imponga costes inasumibles para amplias capas de población».

Por Ricard Jiménez

Nuevo récord en el precio de la luz. No, no es ninguna ficción en bucle, sino un nuevo día en el que se encadena una nueva subida, que parece no tener techo. La empatía por parte empresarial y desde la población va encendiéndose la mecha, han comenzado a iluminarse visos de próximas movilizaciones contra este apogeo eléctrico sin parangón.

Para comprender esta subida del precio lumínico hemos hablado con Ramón Mateo, Economista licenciado por la Universidad Carlos III de Madrid y máster por la Universidad de Oviedo, Director de beBartlet, gabinete dedicado a la incidencia pública.

  • ¿Por qué sube el precio de la luz?

De forma resumida, el precio de la luz sube porque el precio de dos de los factores que inciden en el coste de la generación de los ciclos combinados, que son el gas natural y los derechos de emisión de CO2, se están encareciendo. 

En el primer caso, el precio del gas sube como consecuencia de un incremento de la demanda de los países asiáticos y las mayores restricciones de países exportadores como Rusia. En el segundo, el precio de los derechos de emisión de CO2 llevan meses de escalada paralela a la recuperación tras la crisis del coronavirus, agravada por la mayor ambición climática que están mostrando los países de la Unión Europea.

A fin de cuentas, cuanto más ambiciosos sean los objetivos de reducción de emisiones, menos derechos de emisión de CO2 habrá en circulación y por tanto lógicamente mayor será su precio si no se sustituye de forma paralela el uso de tecnologías contaminantes por otras más limpias. Este mayor coste de generación de los ciclos combinados se traslada al precio mayorista del mercado eléctrico, el que se asigna a toda la electricidad, debido al diseño «marginalista» del mercado eléctrico.

  • ¿Qué significa el mercado marginalista y qué tiene que ver en este embrollo del alza de precios?

Que el mercado sea «marginalista» implica que el precio de la electricidad se determina mediante un proceso de casación de las ofertas y las demandas de electricidad, de modo que el precio final de toda la electricidad en el mercado equivale al precio ofertado por la tecnología más cara.

Como habitualmente esta tecnología son los ciclos combinados de gas natural, un alza en el precio de los factores de generación de esta tecnología, como la que estamos viviendo durante estos meses, se traslada al precio de toda la electricidad, pese al peso creciente de las renovables en el mix eléctrico.

El sistema marginalista, por otra parte, no tiene nada de anómalo. De hecho, es el más extendido en la Unión Europea, que por esa misma razón está experimentando escaladas en el precio de electricidad similares a las que estamos teniendo en España.

  • En su artículo publicado en Agenda Pública se expone una de estas «posibles medidas» que se barajan: «poner precio a la contaminación para estimular la transición ecológica». ¿Podría detallar en qué consistiría dicha medida y que repercusiones tendría a corto/medio/ largo plazo? 

En realidad esa frase no hace referencia a ninguna medida que se esté barajando, sino a lo que ya estamos haciendo a nivel europeo, que es poner un «precio» a las tecnologías que contaminan, para encarecerlas y hacer más atractiva su sustitución por otras tecnologías alternativas más limpias. Ese «precio a la contaminación» se impone a través del Sistema Europeo de Derechos de Emisión (ETS), que obliga a que los sectores que más contaminan deban comprar derechos para poder emitir CO2 a la atmósfera.

En otras palabras, les obliga a pagar por contaminar, de modo que si quieren evitar ese coste, la alternativa sea utilizar alternativas limpias. La Comisión Europea recientemente ha propuesto extender este sistema, que ya se aplica a sectores como la industria o la generación eléctrica, a otros hasta ahora exentos como al transporte o el residencial, de modo que estos sectores también paguen por lo que contaminan.

  •  Sin embargo, ¿esto no podría conllevar un encarecimiento aún mayor?

Efectivamente, el sistema de derechos de emisión, al poner un precio a la contaminación, implica encarecer el coste de las actividades que contaminan. Por un lado, este es el objetivo que se persigue: hacer más caras las tecnologías contaminantes para estimular su sustitución por otras más limpias. Pero no podemos perder de vista el impacto redistributivo que tienen este tipo de políticas, especialmente sobre los grupos de población más vulnerable.

Tener esto en cuenta es fundamental para garantizar una transición justa y, por tanto, que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si queremos cumplir con los objetivos de reducción de emisiones en el transporte, será necesario promover una mayor sustitución del parque de vehículos de combustión por alternativas menos contaminantes, como los coches eléctricos. Pero son muchas las personas que no pueden permitirse adquirirlos.

Si simplemente incrementamos los impuestos sobre los combustibles para estimular esta sustitución, sin pensar a la vez en ayudas que hagan posible que las personas con menos recursos puedan efectivamente cambiar su vehículo, entonces estaremos haciendo que la transición imponga costes inasumibles para amplias capas de población. Y esto es algo que debemos evitar, porque no hacerlo corre el riesgo de convertir la transición en una fuente de conflictos sociales.

  • ¿Qué se puede hacer entonces para reducir el coste?

Para asegurar una transición justa es prioritario que todas las acciones que se promuevan para avanzar hacia la descarbonización se adopten teniendo en cuenta su impacto redistributivo y, en consecuencia, junto con las medidas compensatorias necesarias para evitar posibles efectos regresivos que hagan que sean los grupos de población más vulnerables los que soportan en mayor medida el coste de las mismas.

En esa línea se sitúa el ejemplo anterior sobre los coches y los impuestos sobre los combustibles. También, por ejemplo, en relación con los precios de la electricidad, se deben adoptar medidas que garanticen que la mayor introducción de renovables se traduzca en una bajada del precio de la luz, aunque sea a medio plazo, así como medidas que de manera más inmediata permitan amortiguar los costes de transición sobre los consumidores, priorizando a aquellos más vulnerables.

  • ¿Qué medidas se están barajando, ahora sí, desde el Gobierno de España?

El Gobierno hasta el momento ha aprobado dos medidas de naturaleza fiscal: por un lado, bajar el IVA de la electricidad al 10% y, por otro, suspender el impuesto sobre el valor de producción eléctrica, que encarece el coste de generación y por tanto el precio final del mercado mayorista. Estas medidas, sin embargo, tienen naturaleza temporal, y aunque han podido contribuir a amortiguar la escalada de precios, han sido claramente insuficientes en su magnitud para compensarla.

También el Gobierno ha anunciado una nueva subasta de renovables por 3.300 MW, con cupos de reserva para instalaciones que entren en funcionamiento de manera inmediata. Una medida también positiva, pero cuyos efectos sólo se notarán en el largo plazo. Del mismo modo, en estos momentos se tramitan en el Congreso dos reformas sobre las que el Gobierno ha centrado la mayoría de sus apuestas. La primera crea un nuevo fondo, financiado por aportaciones de todos los operadores energéticos (electricidad, gas natural, petróleo) para financiar los costes de retribución de las renovables que hoy se financian con cargos en la tarifa eléctrica, con la que prometen conseguir una bajada del 16% del recibo.

La segunda regula un mecanismo para destinar también a reducir el importe de la factura eléctrica parte de los beneficios que obtienen las hidroeléctricas y nucleares en el mercado eléctrico como resultado de que se les pague el mismo precio que a los ciclos combinados, pese a que sus costes son mucho menores. El Gobierno confía en que ambas reformas se tramiten de forma rápida, pero su resultado dependerá de las mayorías que se puedan alcanzar en el Congreso.

  •  ¿Y la creación de una compañía pública?

Desde el Gobierno se ha apuntado también a la posibilidad de creación de una empresa pública de energía, una propuesta originalmente impulsada por Unidas Podemos y que ha generado un intenso debate en las últimas semanas. El planteamiento del Gobierno es que esta empresa pudiera ir asumiendo las concesiones hidroeléctricas una vez llegado su vencimiento, con la finalidad de que los ingresos generados por las mismas se destinen al sostenimiento del sistema eléctrico y en consecuencia puedan respaldar una bajada en la tarifa de la luz.

Aunque los objetivos que persigue esta medida se pueden conseguir también por otras vías, llegado el caso, es más, habitualmente vinculadas a la generación hidroeléctrica o nuclear. La principal limitación de esta medida, más allá de cuestiones técnicas u organizativas, está en que la práctica totalidad de las concesiones vencen a partir del año 2030.

Por ello, salvo que se plantee la resolución de las concesiones, algo difícilmente asumible por los costes de indemnización que conlleva, la constitución de esta empresa no podría contribuir hoy por hoy a rebajar de manera inmediata la factura de la luz. Convendría, por tanto, separar este debate del de las medidas más inmediatas que puedan adoptarse para reducir ya el precio, para que ambos no se contaminen entre sí.

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