En la plaza de mi pueblo

Por Daniel Seixo

"La agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a mil millas del campo de maíz."

Dwight Eisenhower
La tierra es para quien la trabaja.

Emiliano Zapata

Comienzaba 2020 con nuevo gobierno y viejas reivindicaciones sobre la mesa del mismo, que amenazan con suponer el primer gran desafío para el ejecutivo de Unidas Podemos y el Partido Socialista. El mundo del rural ha iniciado una serie de movilizaciones, destinadas a poner el foco sobre una coyuntura económica, que ha llevado a miles de agricultores y ganaderos al límite de la supervivencia, tras años de indiferencia política y estrategias económicas diseñadas para favorecer a grandes empresas y nombres propios entre «las grandes familias de España», que apenas guardan vinculación alguna con la explotación real de la tierra.

Bajo el lema «Agricultores al límite», las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, han elevado el tono de la protesta, arrastradas por un modelo de precariedad e incertidumbre que ha establecido una crisis estructural en el sector, poniendo en peligro la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones. A las puertas de Agroexpo 2020, en Don Benito, Badajoz, y rodeados por un amplio despliegue de la Policía Nacional, los manifestantes se concentraron ante la feria a la que acudían el Ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con la intención de lograr hacer presente el descontento y la indignación que recorre al mundo rural.

Entre las reivindicaciones de los manifestantes: la necesidad de pactar unos precios justos por sus productos que logren garantizar una mínima rentabilidad por los mismos, el incremento de los costes de producción que provocan que ante la incapacidad para repercutir esos gastos en los precios percibidos, algunos agricultores se vean abocados a vender por debajo de los precios de coste, las barreras comerciales que han afectado al sector, especialmente el veto ruso y los aranceles de la administración Trump, y la adopción de medidas que pongan freno a la especulación en el sector de cara a subsanar los profundos «desequilibrios» de la cadena agroalimentaria.

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Fascismo agrario

El conflicto agrario que actualmente revive la política estatal, hunde sus raíces en una sociedad con claros desequilibrios de poder y escasas intentonas reformistas. Quizás la más reciente, se da durante la Segunda República, cuando el nuevo gobierno promulga la Ley de Reforma Agraria de España, inspirada en la defensa del modelo de pequeña explotación para lograr impulsar un crecimiento económico sostenido en el sector agrícola y la estabilidad de rentas bajas para el arrendatario. El que fue uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda República, pretendía resolver el problema histórico de la desigualdad social, especialmente enquistado en el sur del estado, en donde grandes latifundios de «nobles» familias, convivían con dos millones de jornaleros que desposeídos de tierras, sobrevivían en condiciones miserables. El método escogido para llevar a cabo dicha reforma, fue la expropiación con indemnización de parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros.

Pese al discreto lugar que la reforma agraria republicana ocupa entre las llevadas a cabo en otras latitudes en aquel mismo siglo, pronto las voces que acusaban al nuevo gobierno de pretender traer la anarquía al campo e imitar el colectivismo marxista, se alzaron desde una patronal que reaccionó con una inusitada radicalización ante una intervención sin precedentes del Estado en sus propiedades. La actuación de los derechistas en el campo durante el segundo semestre de 1935, suponen uno de los principales determinantes de la Guerra Civil, llevando a muchos terratenientes a participar de forma activa en el golpe de Estado como vía para terminar con un intento de reforma que apenas había logrado expropiar una muy pequeña parte del más de medio millón de hectáreas que detentaban.

Lo poco que se logró avanzar, fue rápidamente desandado tras el golpe de 1936. La Guerra Civil supone la restauración del viejo orden agrario. Los terratenientes, base social fundamental para el régimen de Franco, se aseguran mediante una cruenta represión y el apoyo incondicional al nuevo régimen, que nunca más el estado pueda intervenir en la forma de gestionar sus propiedades. Los agricultores que con el apoyo republicano habían reclamado sus derechos sobre la tierra, se convierten de ese modo en enemigos del Movimiento Nacional, prueba de ello son las cifras de la represión en parajes como Bodonal de la Sierra, Badajoz, en el que el 80% de la represión tuvo como objetivo a campesinos, un 43% de los fusilados en aquella pequeña localidad, habrían sido yunteros beneficiados por la reforma agraria.

Pronto se comprobó que tras la PAC se escondía un instrumento de las grandes familias europeas de cara a perpetuar sus propios intereses

La contrarreforma agraria durante el primer franquismo, se basará en una política de reinstauración de los viejos poderes latifundistas y el retorno de favores a las familias que habían contribuido con su apoyo a la victoria franquista. Una actuación caciquil, que pervivió durante el franquismo beneficiando a los grandes terratenientes con las mejores tierras. Pese a ello, los intentos de la dictadura por colonizar nuevas tierras y mejorar la producción agraria de las mismas, terminaron fracasando. Tan solo la emigración masiva logró finalmente paliar el problema de la desocupación y el hambre en el campo.

Europa, semilla dañada

El proceso de reforma pactado desde la vieja legalidad de un régimen dictatorial a un sistema político parlamentario, se da con el beneplácito de la camarilla franquista mediante la aprobación por referéndum de la Ley de Reforma Política de diciembre de 1976,  la Constitución de 1978 y las elecciones de junio de 1977. No supone esto sin embargo para el sector agrícola del estado grandes cambios.

Familias como los Mora Figueroa, los Domecq o los Roig, siguirían beneficiándose de las cercanas relaciones con el poder tejidas durante la dictadura franquista y que continuaran intactas durante el período que se ha dado en llamar Transición. Todo pese a que las numerosas situaciones de monopolio u oligopolio, resultaban desaconsejables para los intereses económicos del estado. Es así como España encara su adhesión a la CEE.

La política agraria comunitaria (PAC), adoptada a partir de la entrada en la UE, determinará la política agraria española. Pronto se comprobó que tras la PAC se escondía un instrumento de las grandes familias europeas de cara a perpetuar sus propios intereses. La política agraria Europea profundiza en un modelo de producción intensiva, soportado por millonarias ayudas que premian a los grandes terratenientes y a la agroindustria en detrimento del pequeño campesinado que cuida y trabaja la tierra. Una política económica que provoca importantes distorsiones en el equilibrio agrario de los estados de la Unión y en los mercados internacionales, damnificando principalmente a los países en desarrollo.

Es un secreto a voces, pese a que diferentes partidos y medios españoles se empeñen en negarlo, que la mayoría de ayudas agrarias de la UE son acaparadas por los grandes terratenientes. No en vano, en algunas zonas del estado español, se llegan a encontrar niveles de acaparamiento de tierras similares a los de Brasil, Sudáfrica o Colombia.

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), desde el inicio de la crisis económica, 60 de las mayores fortunas españolas han recibido más de 250 millones de euros en subvenciones agrícolas europeas. Se trata de Pastas Gallo, Bodegas Osborne, Nestlé, Campofrío, Mercadona, El Pozo, la Casa de Alba…

El modelo Wal-Mart

La gran distribución comercial ha experimentado en la última década un fuerte proceso de expansión y concentración empresarial, una tendencia de concentración empresarial que otorga un poder excesivo a las grandes distribuidoras a la hora de fijar las condiciones de mercado. Actualmente, la mayor parte de nuestra cesta de la compra, entre un 68 y un 80%, la adquirimos en la actualidad en supermercados e hipermercados, frente solo al 1,5% que adquirimos en la tienda tradicional. En el estado español, la mayor parte de las compras se lleva a cabo únicamente en seis cadenas que controlan el 60% del mercado: Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Alcampo y El Corte Inglés.

Mientras por un lado nos encontramos a miles agricultores trabajando por debajo del precio de producción o en el mejor de los casos bajo unos margenes de rentabilidad supervisada y muy limitada, dado que las grandes superficies se niegan a pagar un precio justo por el producto de origen, por el otro, nos encontramos a tan solo unas pocas empresas de la gran distribución, capaces de determinar a qué precio se pagan los productos a un agricultor a todas luces indefenso y a qué precio se encontrarán finalmente los consumidores el producto en el supermercado. En una clara situación de oligopolio, cualquier productor o asociación de productores, no tienen otra salida que aceptar sus condiciones si quieren acceder a los consumidores. El poder de negociación de los productores en esta situación, es prácticamente nulo. Tal y como tarde o temprano pasará bajo este sitema con la capacidad de elección del consumidor.

Galiza canibal

«Dende 2009, uma redução do 40% -17.933 solicitações menos- da PAC, 42% menos de povoação ativa agrária, 40.000 hectares de Superfície Agrária Util (SAU) perdidas… A situação da atividade agropecuária na Galiza pode-se qualificar de preocupante» La radiogragia que desde a Federación Rural Galega se hace de la agricultura gallega tras una legilatura que el propio presidente de la Xunta, Nuñez Feijoó, calificó como «la legislatura del rural», es una buena muestra de todo lo que se ha hecho mal.

A las puertas de una nueva cita electoral, la falta de inversión eonómica, la total apatía política y la eterna dilación de un proyecto destinado a revivir el medio rural gallego y sus actividades agrogandeiras, ha provocado el abandono de un rural gallego que ve como sus servicios públicos son recortados en beneficio de unos núcleos urbanos que poco a poco concentrán al exilio rural del país. A día de hoy, a pesar de ocupar más del 75% del territorio, en el medio rural gallego no es habitado ni por la cuarta parte de la población.

En la última década, Galiza ha perdido la décima parte de sus tierras de labranza, en un claro declive que si nadie lo remedia, conducirá irrevocablemente a un cercano colapso de su medio rural. Una situación que pese a las escusas de unos y el silencio de otros, tiene culpables y responsables.

Galiza necesita un medio rural del siglo XXI, no podemos seguir confiando en heroes y heroínas para mantener nuestro medio rural vivo, a costa de una existencia precaria. Necesitamos un plan de gestión y apoyo a un modelo de agricultura de pequeña escala que garantice el acceso a las familias a la explotación de los recursos productivos propios, al tiempo que promueve un consumo sostenible y la consolidación de las numerosas redes de mercado local tradicionales. Necesitamos escuchar a organismos como la FAO y  poner en marcha un modelo agrícola que por otra parte, ya es el tradicional en nuestra tierra, a diferencia de lo que pueda suceder en el estado español.

La contrarreforma agraria durante el primer franquismo, se basará en una política de reinstauración de los viejos poderes latifundistas y el retorno de favores a las familias que habían contribuido con su apoyo a la victoria franquista

Galiza no puede permitirse perder más de 30.000 hectáreas de tierras dedicadas al cultivo de cereales, legumbres y hortalizas, al tiempo que esa producción agrícola es sustituida por importaciones de menor calidad que únicamente favorecen grandes distribuidoras que imponen un modelo de producción y consumo que hace peligrar nuestra soberania alimentaria, atandonos a una creciente dependencia exterior. Galiza, debe retomar su soberanía alimentaria, al tiempo que recupera la viabilidad económica de su medio rural.


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