Por ahora, ni la familia ni su abogado en el Estado español han podido hablar con Pablo González. «Polonia se está moviendo al margen de la legalidad comunitaria», denuncia Boye.
Por Gemma García / Media.cat
Cuando el teléfono de Ohiana Goiriena sonó a las 7 de la mañana del pasado 28 de febrero, al otro lado escuchó la voz de su pareja, el periodista Pablo González. Estaba detenido en las dependencias de los servicios secretos polacos en la ciudad de Rzeszów. Sólo tuvo tiempo de decirle dónde estaba, que estaba bien y que ya llevaban prácticamente cuatro horas deteniéndole. Desde entonces, más de dos meses después, no se pudo volver a comunicar.
Especializado en la zona post-soviética y colaborador de medios como Gara , Público o La Sexta , Pablo González fue detenido en Przemyśl mientras cubría el éxodo en la frontera de Polonia con Ucrania, provocado por la guerra. La única información oficial que ha trascendido es una nota del gobierno polaco en la que se le acusa de trabajar como espía para Rusia: «el hombre fue identificado como un agente del Departamento Central de Inteligencia del Estado Mayor General de la Federación Rusa (GRU). Realizó actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico”. En aplicación del artículo 130 del Código Penal polaco, podrían caerle hasta diez años de prisión y, por ahora, el gobierno especifica prisión preventiva durante tres meses .
«Solo sabemos lo que ha salido publicado, porque incluso al letrado polaco no se le ha dado acceso al expediente entero, sólo a algunos fragmentos que se niega a compartir con nosotros porque dice que la ley le prohíbe». El abogado elegido por el periodista vasco, Gonzalo Boye, muestra su perplejidad frente a lo que considera una vulneración de la presunción de inocencia, de la libertad personal y del derecho de defensa de su cliente. Boye explica que si bien González estuvo los cinco primeros días incomunicado oficialmente, de facto , lo ha sido todo ese tiempo.
Uno de los pocos elementos que se han difundido sobre los motivos de la acusación es que Pablo González tiene dos identidades, algo -reivindica Boye- que «nunca hemos negado, todo es perfectamente legal y así consta en la documentación». El padre es ruso y por eso González vivió gran parte de su infancia en Rusia. En 1991, cuando sus progenitores se habían separado, se marchó a vivir al País Vasco con su madre y realizó la inscripción en el registro civil con el nombre equivalente a Pavel en castellano y con los apellidos maternos; el segundo del abuelo, un “niño de la guerra” que se exilió en 1937 en la URSS. “La documentación me la ha dado el ayuntamiento de Getxo. Todo lo requerido lo hemos hecho llegar con traducción jurada”, subraya Boye. Aun así, algunos medios de comunicación, como El Correo yLa Voz de Galicia, han atribuido a González «pasaportes falsos».
Incomunicado con el abogado y la familia
Por ahora, ni la familia ni su abogado en el Estado español han podido hablar con Pablo González. «Polonia se está moviendo al margen de la legalidad comunitaria», denuncia Boye. Como miembro de la UE desde 2004, las autoridades polacas estarían vulnerando el artículo 47 y 48 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establece que “toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial” y que es necesario garantizar “a todo acusado el respeto de los derechos de defensa”.
Cuando el letrado ha solicitado que Ohiana Goiriena se pueda comunicar con el periodista preso, asegura que «no han contestado, sólo han pedido más documentación». A fecha de 1 de abril, tampoco le habían llegado las cartas, una información confirmada por el cónsul español que visitó Pablo González por última vez ese día; la primera fue el 7 de marzo. Desde el ministerio de Exteriores han confirmado a Mèdia.cat ambas visitas y aseguran que se prevé una tercera «en breve».
Las autoridades españolas defienden que están procediendo como se hace normalmente «con todos los detenidos españoles»: «visitas, lista de abogados y velar por sus derechos», que aseguran que se están respetando. El relato de Exteriores contrasta con el de su defensa, su familia, su entorno profesional, algunos partidos políticos y diversas organizaciones. Para Jon Iñarritu, diputado por EH Bildu en el Congreso, «el Gobierno español está trabajando a nivel consular pero no política». Con Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts, CUP, BNG y Compromís han pedido explicaciones al ejecutivo de Pedro Sánchez y se han concentrado para exigir la «inmediata liberación» del periodista. Iñarritu tacha la acusación de espionaje de “montaje” y denuncia el aislamiento que sufre González respecto a sus familiares y abogado.
En la misma línea se expresa Iñaki Soto, director de Gara, donde González lleva diez años colaborando : “su detención es una barbaridad, un ataque a la libertad de prensa y un atropello de los derechos humanos y libertades” por parte de un «estado autoritario al que no le gusta la prensa independiente». Desde el sector periodístico, los sindicatos españoles afiliados a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ya la Federación Europea de Periodistas (FEP), así como Reporteros sin fronteras y la Asociación Vasca de Periodistas han pedido que se aclare el porqué de la su detención y la inmediata puesta en libertad. Amnistía Internacional también exige que pueda comunicarse con su familia y garantías para un juicio justo.
Clasificado como pro-ruso
Su compañero fotoperiodista, Juan Teixeira, está indignado. Se conocen desde los doce años y han viajado a Ucrania juntos en seis ocasiones. En el 2015, ambos cubrieron juntos la Guerra en el Donbass: «Nos tildaron de prorrusos para entrevistar a personas en Donetsk, porque estuvimos incrustados en un batallón pro-ruso, aunque después también ir con el batallón Azov [una unidad neonazi , actualmente integrada en la Guardia Nacional de Ucrania]. Simplemente hacíamos nuestro trabajo”. El politólogo y experto en el espacio post-soviético, Abel Riu, es del mismo parecer: considera que González «no se casa con nadie» y que dispone de un «montón de contactos, en la parte ucraniana y en la rusa».
Tanto su compañero de profesión como su pareja, Ohiana Goiriena, creen que por eso ha sido clasificado de pro-ruso en otras ocasiones. En agosto de 2016, el grupo DCLeaks.com filtró 2.576 documentos internos de las fundaciones impulsadas por el magnate George Soros. Uno de los informes filtrados había sido financiado por la Open Society Initiative for Europe (OSIFE) y analizaba las posiciones en relación a la situación en Ucrania en el Estado español. En un listado de usuarios de Twitter categorizados como «prorrusos» -bajo el epígrafe «formadores de opinión pro-rusa clave»- estaba Pablo González.
Sin embargo, entre otros, también aparecía el nombre del fotoperiodista Ricardo Marquina, que precisamente estuvo con González en Ucrania antes de que estallara la guerra. Río alerta de que, a toda costa, el hecho de aparecer en alguna lista tiene unos riesgos: “qué se hace con las listas y quién puede acceder, teniendo en cuenta las ramificaciones y tentáculos de Soros en todo el mundo: instituciones, gobiernos, ministerios, servicios secretos”.
La última vez que Teixeira viajó con González a Ucrania, donde también estuvieron con Marquina, fue el pasado mes de febrero, antes de la invasión. Precisamente fue entonces cuando “todo se empezó a torcer”, asegura. Mientras esperaban una conexión con La Sexta en el este del país, los militares los echaron, pero antes les borraron el material e hicieron una foto en el pasaporte de Pablo González. Cuatro horas después, llegó una llamada de los servicios de inteligencia ucranianos ordenándole que se personara en las oficinas centrales de Kiiv. Ambos fueron hacia la capital y allí interrogaron a González durante cuatro horas: “le acusaron de pro-ruso, argumentando que trabajaba para Garay que tenía una tarjeta bancaria de Caja Laboral Kutxa, ‘financiados por Rusia’”, relata Teixeira. El director del medio vasco, Iñaki Soto, deduce que «los servicios secretos tienen relación entre ellos y en el fondo subyace el ‘todo es ETA'».
De las oficinas de Kiiv, el 6 de febrero, salió sólo con la recomendación -nada por escrito- de abandonar el país y poco después, cuando se enteró de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se había presentado en casa a su madre y su pareja, decidió regresar al País Vasco. Ohiana Goiriena tiene la impresión de que la visita de la agencia de inteligencia española “fue una exhibición de lo que sabían de nosotros, quisieron hacernos saber que estábamos controlados. Sabían lo que había estudiado, cuando vinieron su madre, que tenía pasaporte ruso, quién era su padre y en el que vivía…”. Del CNI ya no volvieron a saber nada y, cuando estalló la guerra, González decidió viajar a Polonia a cubrir la llegada de refugiados. El 28 de febrero fue detenido y encarcelado preventivamente.
Se el primero en comentar