En el Patronato de Protección existía una microeconomía interna de beneficios económicos en la que médicos, policías y las llamadas visitadoras, muchas de ellas religiosas, recibían salarios o compensaciones económicas.
Por Lucio Martínez Pereda | 9/10/2025
Han pasado 40 años desde su desaparición pero el gobierno español aún no ha realizado un reconocimiento oficial definitivo a las mujeres internadas forzosamente en el Patronato de Protección a la Mujer como víctimas de la dictadura franquista.
El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución franquista que existió entre 1941 y 1985 en España, concebida para controlar y reprimir a las jóvenes consideradas “caídas en pecado” o en riesgo de marginación social, tales como prostitutas, lesbianas, embarazadas jóvenes o simplemente rebeldes. El Patronato funcionaba mediante juntas provinciales y locales que decidían el internamiento en centros regentados por órdenes religiosas que explotaban laboralmente a las internas, obligándolas a realizar trabajos no remunerados -algunas veces en fábricas y como empleadas domésticas- : cobraban por ellas al Estado y se lucraban con los salarios de las internadas.
En el Patronato de Protección existía una microeconomía interna de beneficios económicos en la que médicos, policías y las llamadas visitadoras, muchas de ellas religiosas, recibían salarios o compensaciones económicas. Estas visitadoras, encargadas de vigilar la moralidad de las mujeres tuteladas, actuaban en coordinación con policías, médicos y otras autoridades. Los médicos, especialmente ginecólogos, también incrementaban sus ingresos mediante las revisiones médicas que las superioras de los hogares religiosos les encargaban tras localizar a mujeres fugadas. Los inspectores de policía dedicados a localizar fugadas complementaban además su salario oficial con un sueldo extra pagado por el patronato provincial.
Durante la transición, las órdenes religiosas, que gestionaban los centros de reclusión, consiguieron que el Patronato les pagara grandes cantidades de dinero para transformar esos espacios en residencias femeninas, desvinculándolos de su pasado represivo. Esta adaptación borró la apariencia de lugares de reclusión totalitaria para presentar estos centros -que continuaron bajo control y titularidad religiosa – sin la función reconocible de la anterior represión franquista.
Para finalizar: como decíamos al principio han transcurrido ya cuatro décadas desde la desaparición formal del Patronato de Protección a la Mujer. Sin embargo, sus víctimas siguen siendo oficialmente invisibles : no existe un reconocimiento público, no se han establecido políticas de reparación y continúan cerrados los archivos conventuales que guardan la pruebas documentales de un sistema de internamiento, explotación laboral y violencia moral que operó durante décadas. El Estado democrático, en estos cuarenta años, ha tolerado ese silencio archivístico, impidiendo conocer la magnitud real del abuso y negando a las supervivientes y a sus familias el derecho básico a la verdad.
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