Siete organizaciones armadas han formado una alianza para derrocar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed.
Por Alemayehu Fentaw Weldemariam | 1/10/2026
El acuerdo de paz de Pretoria en Etiopía fue un pacto para cesar las hostilidades. No fue una solución política integral. Una solución política es un acuerdo duradero entre grupos poderosos que ofrece ciertos beneficios para evitar un conflicto.
El gobierno etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray firmaron el acuerdo de Pretoria en 2022. Este acuerdo puso fin a los combates a gran escala en Tigray y estableció un marco para el desarme y otras medidas inmediatas. Sin embargo, también tenía como objetivo allanar el camino para un diálogo político que abordara las disputas subyacentes.
Este acuerdo político habría restaurado la autonomía de Tigray mediante un gobierno regional electo. Habría restablecido la representación de la región en las dos cámaras del parlamento etíope , así como en el poder ejecutivo y judicial federal. En cambio, el Frente de Liberación Popular de Tigray fue disuelto y Tigray quedó excluido de las elecciones de junio de 2026.
El acuerdo de Pretoria también exigía la retirada de las fuerzas eritreas y otras fuerzas no federales de los territorios de Tigray. Asimismo, pedía que se rindieran cuentas por los presuntos crímenes de guerra y otras violaciones.
Este acuerdo más amplio nunca se alcanzó. Las consecuencias ahora se están haciendo evidentes.
Se han reanudado los combates entre las tropas gubernamentales y las fuerzas de Tigray, con ataques aéreos y con drones en la región. Siete organizaciones armadas, entre las que se incluyen grupos que se enfrentaron durante la guerra de Tigray de 2020-2022 , han formado una alianza para derrocar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed.
Gran parte de la respuesta internacional a la escalada del conflicto se ha centrado en el Frente de Liberación Popular de Tigray . A finales de septiembre de 2026, por ejemplo, el embajador estadounidense Ervin Massinga acusó al frente de que «haya tomado la desafortunada decisión de lanzar una ofensiva a gran escala.»
Describió la campaña como una » lucha imposible de ganar » y amenazó con imponer nuevas sanciones contra el frente y los líderes de la alianza armada recién formada.
Pero centrarse en quién lanzó la última ofensiva corre el riesgo de ocultar una cuestión más importante: por qué el proceso de paz que puso fin a la guerra de Tigray en 2022 no logró evitar el regreso al conflicto.
Soy un experto en derecho constitucional y especialista en Etiopía, cuyo trabajo se centra en la consolidación y el establecimiento de la paz. En mi opinión, el fracaso en avanzar del acuerdo de Pretoria hacia un acuerdo político más amplio ha tenido tres consecuencias principales:
- El surgimiento de una alianza armada que conecta conflictos en varias regiones.
- Ataques renovados que ponen en riesgo más víctimas civiles y desplazamientos masivos.
- Las crecientes tensiones con Eritrea podrían llevar los conflictos de Etiopía a una confrontación regional más amplia.
Por lo tanto, para evitar una guerra a mayor escala en Etiopía se requiere más que un simple retorno al acuerdo de Pretoria. El país necesita una solución política integral. Esta debe negociarse entre el liderazgo de Abiy y las fuerzas antigubernamentales, y no simplemente otro acuerdo bilateral con Tigray.
La transición
El acuerdo de Pretoria impuso obligaciones militares y políticas tanto al gobierno etíope como a las fuerzas de Tigray.
El Frente de Liberación Popular de Tigray debía desarmarse. El gobierno federal debía ayudar a eliminar la designación de organización terrorista del frente, restablecer los servicios esenciales en Tigray y facilitar el acceso humanitario. La autoridad federal debía regresar a Tigray.
Las posteriores conversaciones de paz en Nairobi vincularon la entrega del armamento pesado de Tigray a la retirada de las fuerzas extranjeras y no federales de Tigray.
Las fuerzas de Tigray comenzaron a entregar su armamento pesado en enero de 2023. Un equipo de monitoreo de la Unión Africana presenció y confirmó este proceso. Sin embargo, el gobierno federal no logró la correspondiente retirada de las fuerzas.
Estos fallos no eximen a los dirigentes de Tigray de cierta responsabilidad en la escalada del conflicto. El restablecimiento de la administración regional anterior a la guerra contravino el acuerdo de Pretoria, que preveía una administración interina establecida mediante el diálogo. Esta gobernaría hasta que se pudieran celebrar elecciones bajo la supervisión de la Junta Electoral Nacional. Además, los informes sobre la movilización militar forzosa son graves.
Pero estas acciones se produjeron en el seno de un proceso de paz ya debilitado por una implementación incompleta.
Las consecuencias
La formación de una coalición antigubernamental transforma el panorama. La Alianza de Fuerzas Populares Etíopes para la Supervivencia incluye al Frente de Liberación Popular de Tigray, el Ejército de Liberación Oromo, elementos del pueblo Amhara Fano y organizaciones de otras regiones. Algunos de estos grupos ya se habían enfrentado entre sí.
La alianza no significa que el gobierno de Abiy esté a punto de colapsar. El estado federal conserva el ejército, la fuerza aérea, los drones, los ingresos federales y la maquinaria gubernamental.
Pero la alianza no necesita una ideología común ni un mando unificado en el campo de batalla para crear problemas al gobierno federal. La coordinación de operaciones entre regiones podría ser suficiente.
La escalada en Tigray podría atraer a las fuerzas federales hacia el norte. Los combates en Amhara podrían absorber tropas y obstruir el acceso al norte. La presión en Oromía podría obligar al gobierno a defender los accesos a la capital y las principales vías de transporte.
Por lo tanto, cada frente puede afectar a los demás, incluso si las fuerzas de la alianza nunca luchan codo con codo.
El desafío inmediato para el gobierno federal es la dispersión de fuerzas en conflictos distantes con terrenos, líneas de suministro y dinámicas políticas diferentes.
Los renovados ataques aéreos y con drones aumentan el riesgo de otra crisis humanitaria. Tigray aún se está recuperando de la guerra de 2020-2022. Una escalada del conflicto conlleva el riesgo de víctimas civiles, desplazamientos y la interrupción de la asistencia humanitaria.
La cuestión de Eritrea y Sudán
El papel de Eritrea en la reciente escalada del conflicto sigue siendo objeto de controversia. Etiopía acusa a Asmara de apoyar a grupos armados. Eritrea lo niega .
Abiy y otros altos funcionarios etíopes han reiterado en varias ocasiones que necesitan acceso al Mar Rojo . En Eritrea, hablar del puerto eritreo de Assab se interpreta como una amenaza. Assab forma parte del territorio eritreo reconocido internacionalmente. Cualquier intento de adquirirlo por la fuerza constituiría una violación de la soberanía eritrea.
El conflicto también podría entrelazarse con la guerra de Sudán. Según un informe de Reuters , Etiopía alberga un campamento utilizado para entrenar a combatientes paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán. Etiopía ha negado su participación y acusa a las fuerzas armadas sudanesas de apoyar al Frente de Liberación Popular de Tigray. Sudán lo niega .
Si estas alianzas se consolidan, los conflictos entre Etiopía y Sudán podrían proporcionarse mutuamente rutas de suministro de armas. También podrían suministrarse reclutas, bases de retaguardia y apoyo externo. Esto aumenta el riesgo de que el conflicto se extienda desde Sudán, a través del norte de Etiopía, hacia Eritrea y el Mar Rojo.
¿Y ahora qué?
Las prioridades inmediatas son poner fin a los ataques contra zonas pobladas y proteger los corredores humanitarios. También debe restablecerse la supervisión independiente y cumplirse las obligaciones de seguridad pendientes.
Otro acuerdo bilateral entre Addis Abeba y el Frente de Liberación Popular de Tigray sería insuficiente. El conflicto ahora conecta movimientos armados y reivindicaciones políticas en varias regiones.
Para evitar una guerra de mayor envergadura, se requiere un acuerdo integral que involucre al gobierno federal, la alianza de grupos armados, los actores políticos no armados y la sociedad civil. Este acuerdo debe abordar las disputas territoriales, la representación política, las elecciones, la rendición de cuentas, la autonomía regional, la reforma constitucional y la distribución del poder.
Pretoria detuvo una fase de una guerra. Su implementación incompleta dejó disputas sin resolver que ahora están chocando.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
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