El 12 de octubre no hay nada que celebrar: hay una deuda histórica pendiente de pagar

En América Latina había 70 millones de amerindios antes de la llegada de los españoles. 150 años más tarde quedaban solo 3 millones y medio.

Por Lucio Martínez Pereda | 12/10/2024

El 12 de octubre no hay nada que celebrar: que se lo digan a toda la población exterminada de Centro América, a los descendientes de los millones de personas que perdieron su vida trabajando en las minas, a los esclavos traídos de África, a las mujeres indígenas violadas, a los desposeídos de sus tierras y a los despojados de sus culturas. Una conquista y una colonización siempre tienen como corolario miles de personas asesinadas, sus tierras y propiedades arrebatadas, y sus lenguas y culturas desposeídas. Una conquista y una colonización nunca son actos civilizatorios. Siempre son-sin excepción histórica- actos de dominación y barbarie.

Zacarías de Vizcaya, Ramiro de Maeztu y Manuel García Morente, desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX el mito de la Hispanidad como síntesis entre la unidad católica y la unidad nacional. La Hispanidad quedó configurada en estos años como elemento del nacional catolicismo y el pensamiento reaccionario español. La celebración se convirtió junto a la festividad del 18 de julio en la principal fecha conmemorativa de la dictadura franquista. Desde 1975, a la festividad del 12 de octubre, se le cambió el nombre. Para depurarla y hacerla encajar en los valores políticos aceptables en democracia se prescindió de sus elementos propagandísticos nacional católicos. Pero en la actualidad esa operación de refinamiento -exitosa cuando la Transición mantenía sus mitos al resguardo del análisis crítico- ha quedado desnuda y a nadie se le escapa que la festividad continúa conmemorando una conquista y una colonización. Eso si: sin nombrarlas.

En América Latina había 70 millones de amerindios antes de la llegada de los españoles. 150 años más tarde quedaban solo 3 millones y medio. La mitad murió por enfermedades. El resto fue asesinado en las guerras de conquista o perdió la vida en el trabajo forzado de las minas. Cook y Borah demuestran que la población de México pasó 25,2 millones en 1518 a 700 mil en 1623: menos del 3 % de la población original. Cuando se habla de exterminio no se está recurriendo a un concepto ideologizado o a un slogan propagandístico propio de la guerra cultural: H. F. Dobyns calcula que el 95 % de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. Todo el repertorio de despojos y violencias afectó a la población indígena con una trayectoria histórica constante, sin interrupciones temporales, tan solo aminorado por la disminución de la explotación de los metales preciosos consecuencia del agotamiento de las minas. Esa explotación y el despojo de propiedades y vidas no se vieron paliados, ni por las dos Leyes de Burgos, ni por los informes de Bartolomé de las casas. Las leyes de Burgos de 1512 y 1542 fueron un brindis al sol. Con escasa repercusión práctica, sin medios para hacerlas cumplir, no sirvieron para frenar la rapiña de miteros y encomenderos procedentes de la corona de Castilla. Despojos -que es necesario recordar- resultaron imprescindibles para que la corona española pudiese pagar sus guerras europeas durante más de 2 siglos.

La aculturación no fue un proceso histórico voluntario. La cristianización no resultó de un acogimiento espontáneo consecuencia de la percepción natural entre la población indígena de la superioridad de la cultura española, la lengua castellana y la religión católica. La violencia como inevitable partera de la civilización y la comparación con otras colonizaciones, son las justificaciones usadas por los partidos de derechas para exonerar a la monarquía española de su responsabilidad histórica en la petición de perdón. El colonialismo es un fenómeno de violencia integral: violencia cultural y violencia económica, violencia física y violencia estructural. La comprensión de este complejo fenómeno no solo requiere de un relato histórico real, sino también de una memoria histórica para divulgarla. No es posible la reversibilidad del pasado, pero si es posible al menos, una memoria histórica que tenga como horizonte reconocer lo sucedido.

La negativa del monarca español a pedir perdón por el carácter depredador del imperialismo, aleja a España de los países que ya lo han hecho: Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Francia, pero también la aleja de la Iglesia católica, que aceptó su responsabilidad con las peticiones de perdón de Juan Pablo II en 1992, Benedicto XVI en 2007, y el papa Francisco en varias ocasiones desde 2015. Los estados, a diferencia de las personas, tienen una responsabilidad histórica heredada que se transmite desde el pasado hasta el presente, de la misma forma que se transmite el poder, que no descansa en los individuos que lo ejercen, sino en el estado que lo legitima.

El papado sabe -desde el Concilio Vaticano II- que el poder no se desprestigia reconociendo sus errores históricos, al revés: la autocrítica, en las sociedades contemporáneas, no es signo de debilidad, sino de fortaleza moral. Lo que le resulta fácil a la Iglesia, también debería resultarle fácil a la monarquía española. El genocidio producido en Latinoamérica tendría que formar parte del relato normalizado de la responsabilidad adquirida por la Monarquía. Pero la monarquía española continúa teniendo una percepción autoritaria del prestigio, similar a la jefatura de un estado dictatorial sabedor de que no puede permitirse el reconocimiento de una culpa ante la ciudadanía.

Paralelamente al avance de la divulgación del conocimiento histórico del genocidio en Latinoamérica, la oleadas de protestas indígenas contra esta conmemoración han ido creciendo. Los pueblos indígenas han incorporado el conocimiento de la colonización como elemento identitario al que no pueden, ni quieren renunciar, ya que la memoria de ese conocimiento resulta necesaria para adquirir existencia como sujetos políticos, y capacidad para conseguir el poder que les corresponde. En las contemporáneas sociedades de la memoria las víctimas se han situado en el centro del discurso ético de las democracias. Esa centralidad las constituye en sujeto colectivo con capacidad de acción política. Llamar a este ejercicio de pura democracia, “reedición indigenista del comunismo” –como hace el PP- es el resultado de una ignorancia difícilmente calificable.

Desde el punto de vista de la historia y la democracia no hay nada que celebrar, pero si hay mucho que celebrar desde el patriotismo españolista de derechas reñido con la verdad de lo sucedido. Para el Partido Popular y Vox negar la existencia del genocidio es un recurso propagandístico puesto al servicio de un rearme simbólico del nacionalismo español. Y es en ese sentido que el negacionismo de la colonización entre la extrema derecha tiene el mismo aire de familia que el realizado con la dictadura franquista. Pero hay realidades que por mucho disgusto que produzcan y por mucho que sea el empeño puesto en retrasarlas acaban imponiéndose por el inexorable decurso de los cambios históricos. Por mucho que el movimiento reaccionario español intente hacer desaparecer el hecho colonizador, por mucho que se lancen campañas propagandísticas como la creada con el texto de Elvira Roca- a la que después se sumaron turbión de imitadores oportunistas algunos con la atribuida falsa condición de historiador – la colonización seguirá siendo estudiada con el rigor científico de los datos, con los hechos demostrados en las fuentes primarias, y las conclusiones derivadas del análisis histórico.

Poner punto y final a la celebración del 12 de octubre es una deuda que el estado español tiene pendiente desde 1975 con todos los pueblos latinoamericanos, pero también con los valores éticos que asientan y fortalecen su propia democracia. Para hacernos una idea de la gravedad que encierra esa carencia terminemos haciéndonos una simple pero esclarecedora pregunta: ¿se imaginan un día nacional dedicado en Inglaterra a celebrar la dominación de Escocía e Irlanda presentándola bajo la justificación de un proceso civilizador?

La negativa de Felipe VI a pedir perdón por las responsabilidades históricas de la corona española está causando un grave perjuicio al prestigio de España en Latinoamérica. El interés personal y la vanidad de una persona no pueden estar por encima del interés del bien común. No olvidemos que un jefe de estado no electo por la nación no representa a la nación, únicamente representa los intereses de su familia y de él mismo. Los españoles no tienen esa responsabilidad histórica: la tiene la corona española, que no representa a los españoles ya que no ha sido elegida por ellos: el oro y la plata robados en Latinoamérica fueron la fuente que les permitió a los monarcas españoles mantener su Imperio en Europa hasta el siglo XVIII. Las responsabilidades históricas, aún siendo cronológicamente lejanas, son necesarias siempre y cuando los hechos concretos – en este caso un genocidio y una brutal explotación con apropiación de tierras y propiedad de los recursos naturales, sean hechos de influencia en el presente, y en este caso lo son, ya que los herederos de esas desposesiones están ahora vivos y siguen perjudicados. Lógicamente, como esas devoluciones no son factibles ahora, la petición de perdón es necesaria para compensar en parte esa ausencia de resarcimiento