Ambas crisis comparten un patrón: problemas estructurales reconocidos, competencias compartidas o diluidas, y una respuesta del Ejecutivo central que ha sido insuficiente o tardía.
Por Ernesto Vílchez | 13/10/2026
Tras casi ocho años al frente del Ejecutivo (desde 2018), el adelanto electoral al 29 de noviembre llega con ambas cuestiones abiertas. Las medidas recientes —decretos de vivienda reaprobados tras su rechazo en el Congreso y una gestión de emergencia en Ceuta— llegan tarde, son parciales y no abordan las raíces del problema. La incapacidad para dar una respuesta a la altura de las circunstancias puede pasar factura política: la ciudadanía percibe un Ejecutivo que ha priorizado otras agendas mientras estas dos realidades se agravaban.
La vivienda: ocho años de dilación ante una crisis estructural
La crisis de acceso a la vivienda en España es estructural y no coyuntural. Precios al alza en compra y alquiler, escasez de oferta (especialmente de vivienda asequible y pública), presión demográfica en grandes ciudades y zonas tensionadas, y un parque residencial insuficiente han convertido el derecho a una vivienda digna en un problema generacional. Los hogares destinan porcentajes elevados de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca, y los jóvenes tienen cada vez más dificultades para emanciparse.
Durante estos años el Gobierno ha apelado de forma reiterada a las competencias autonómicas —muchas de las cuales corresponden efectivamente a las comunidades— para diluir su responsabilidad. Aunque se han aprobado leyes, planes y anuncios (como los paquetes de medidas de 2025 o la creación de la empresa pública Casa 47), la oferta no ha aumentado al ritmo necesario. Las regulaciones de precios en zonas tensionadas, las prórrogas de contratos y los escudos antidesahucios han tenido efectos mixtos: protegen a algunos inquilinos vulnerables a corto plazo, pero no resuelven el déficit estructural de construcción.
Las últimas medidas —los reales decretos-ley reaprobados en octubre de 2026 tras su rechazo parlamentario— incluyen una línea de 10.000 millones del ICO para préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la primera vivienda, deducciones fiscales para inquilinos, incentivos a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles, avales para construcción industrializada, refuerzo de vivienda social y protección frente a desahucios de vulnerables hasta 2030. Son pasos en la dirección correcta en algunos aspectos, pero llegan tras ocho años y después de protestas sociales y una derrota en el Congreso que precipitó la convocatoria electoral. La sensación generalizada es que se ha mirado para otro lado demasiado tiempo.
Ceuta: una respuesta desastrosa ante el chantaje migratorio
La crisis migratoria de Ceuta ha sido aún más aguda. A finales de julio de 2026, entre el 30 y el 31, más de 70.000 personas (principalmente marroquíes) entraron en la ciudad autónoma en apenas dos días, por tierra y sobre todo por mar, desbordando completamente sus capacidades. La cifra supera con creces la crisis de 2021 (unas 8.000-12.000 entradas). Hubo decenas de fallecidos, imágenes de avalanchas en el espigón de El Tarajal y una situación humanitaria y de seguridad crítica en una ciudad de unos 84.000 habitantes. Miles permanecieron en Ceuta durante semanas o meses, con campamentos improvisados, sobrecarga de servicios y tensión social.
Informes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad apuntaron a pasividad o incluso participación de agentes marroquíes, coordinación a través de redes sociales y explotación de una sentencia del Tribunal Supremo que limitaba las devoluciones en caliente en entradas marítimas. Marruecos negó chantajes y culpó a la desactivación del elemento disuasorio español. El Gobierno español rechazó inicialmente pruebas sólidas de responsabilidad marroquí y agradeció la colaboración posterior en los retornos. En la práctica, se devolvió o retornó a la gran mayoría en poco tiempo (más del 90 % en los primeros días, según datos oficiales), se declaró una situación de interés de seguridad nacional, se estableció un mando único y se movilizaron ayudas económicas (cientos de millones de euros). Aun así, la crisis no está cerrada: persisten miles de personas, menores, problemas de filiación y expedientes, y la ciudad sigue pidiendo recursos y soluciones estructurales.
La respuesta inicial fue percibida como lenta y reactiva, a pesar de avisos previos. En el contexto de las relaciones con Marruecos —donde la migración se ha utilizado históricamente como instrumento de presión (como en 2021, vinculada a la política sobre el Sáhara)— la gestión se ha calificado de cobarde: dependencia de acuerdos bilaterales opacos, reticencia a confrontar abiertamente el uso instrumental de los flujos y un enfoque que prioriza la contención a corto plazo sobre una política de frontera firme y coherente a largo plazo. La combinación de efecto llamada (traslados a la Península, interpretaciones de sentencias) y falta de anticipación ha dejado a Ceuta expuesta.
Un legado de inacción que puede pasar factura
Ambas crisis comparten un patrón: problemas estructurales reconocidos, competencias compartidas o diluidas, y una respuesta del Ejecutivo central que ha sido insuficiente o tardía. En vivienda, ocho años de gobierno no han invertido la tendencia. En Ceuta, la mayor entrada masiva de la historia reciente se ha gestionado sin una estrategia que elimine la vulnerabilidad ante posibles nuevas instrumentalizaciones desde el otro lado de la frontera.
El adelanto electoral convierte a este Gobierno en saliente. Los votantes podrán juzgar si la gestión de estas dos realidades —una que afecta al día a día de millones de españoles y otra que pone en cuestión la soberanía y la seguridad en la frontera sur— ha estado a la altura. La incapacidad para anticipar, prevenir y resolver de forma contundente puede convertirse en uno de los principales argumentos de la oposición y en un factor de desgaste para los partidos en el poder.
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