El régimen marroquí no solo se desentiende de sus menores, sino que en ocasiones los utiliza como herramienta de presión geopolítica.
Por David Hurtado | 3/09/2025
La llegada a España de menores marroquíes no acompañados, especialmente a través de las costas de Canarias, Ceuta y Melilla, pone de manifiesto una grave omisión del Estado marroquí y su incapacidad o falta de voluntad para asumir la responsabilidad sobre sus ciudadanos más vulnerables. Mientras en España el debate se centra en la obligación humanitaria de acoger a estos menores, la prensa y los responsables políticos rara vez señalan el elefante en la habitación: la inacción del régimen marroquí, que permite que miles de niños y adolescentes arriesguen sus vidas en travesías peligrosas y luego se desentiende de ellos. Un Estado que no protege a sus menores, que los deja a merced de la incertidumbre migratoria, no solo es inhumano, sino que se acerca peligrosamente a la definición de un Estado fallido.
Cifras que exponen la negligencia marroquí
Los datos son elocuentes. En 2021, España registró más de 9.000 menores no acompañados bajo su tutela, de los cuales aproximadamente el 65% (unos 5.850) eran de origen marroquí, según el Ministerio del Interior. En 2024, la situación no ha mejorado: en Canarias, se contabilizaron 5.400 menores no acompañados en centros de acogida, muchos de ellos marroquíes, en un contexto en el que las llegadas irregulares alcanzaron las 63.970 personas, con un 28% procedentes de Marruecos. Estas cifras reflejan una presión migratoria constante que afecta especialmente a regiones fronterizas y a las capacidades de los servicios sociales españoles.
A pesar de los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, como el firmado en 2007 para la prevención de la emigración ilegal de menores y su retorno concertado, la repatriación de estos menores es prácticamente inexistente. Entre 2004 y 2006 se llevaron a cabo algunas repatriaciones, pero desde entonces el proceso es prácticamente inexistente.
En 2017, por ejemplo, solo se repatriaron cinco menores, ninguno de ellos marroquí, según las memorias de la Fiscalía General del Estado. En 2021, tras la crisis migratoria en Ceuta, donde ingresaron unos 3.000 menores no acompañados, se intentó devolver a 800, pero el proceso fue suspendido por el Tribunal Supremo español, que lo declaró ilegal por no seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Extranjería. Desde entonces, no hay registros de repatriaciones significativas, lo que evidencia la falta de compromiso de Marruecos con sus propios acuerdos.
¿Por qué el foco está en España y no en Marruecos?
El discurso predominante en España, alimentado por un enfoque humanitario y por tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, subraya la necesidad de proteger a estos menores y garantizar su bienestar. Sin embargo, este planteamiento, aunque bienintencionado, ignora la responsabilidad fundamental de Marruecos como país de origen. ¿Por qué se permite que el régimen marroquí eluda su obligación de identificar, repatriar y reintegrar a estos menores? La respuesta parece radicar en una combinación de inercia diplomática y temor a tensionar las relaciones bilaterales con un vecino estratégico.
Marruecos no solo se desentiende de sus menores, sino que en ocasiones los utiliza como herramienta de presión geopolítica. El episodio de mayo de 2021 en Ceuta, cuando el régimen permitió la entrada de más de 10.000 personas, incluyendo miles de menores, como respuesta a disputas diplomáticas, es un ejemplo claro de esta estrategia. Lejos de facilitar el retorno, las autoridades marroquíes suelen obstaculizar los procesos de identificación y repatriación, exigiendo trámites burocráticos que retrasan o imposibilitan la devolución. Mientras tanto, España se ve obligada a asumir una carga desproporcionada, con centros de acogida saturados y comunidades autónomas, como Canarias, al borde del colapso.
Un Estado que abandona a sus menores no es un socio fiable
La incapacidad de Marruecos para proteger a sus menores refleja un fracaso estructural. Factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades educativas y laborales empujan a miles de jóvenes a emigrar de manera irregular. Sin embargo, en lugar de abordar estas causas, el régimen marroquí opta por la pasividad, dejando que España gestione las consecuencias de sus políticas fallidas. Esto no solo es injusto, sino profundamente absurdo. ¿Por qué un país vecino debe asumir la responsabilidad de acoger, educar y proteger a ciudadanos de otro Estado que no muestra interés en recuperarlos?
El enfoque buenista que predomina en España, aunque motivado por principios humanitarios, acaba perpetuando la irresponsabilidad marroquí. Los menores no acompañados no son solo una cuestión de derechos humanos, sino también de justicia migratoria. España no puede seguir siendo el único actor en este drama, mientras Marruecos se lava las manos. La saturación de los servicios sociales o los casos de menores que delinquen a pesar de estar bajo la tutela de centros de acogida son síntomas de un sistema que no puede sostenerse indefinidamente.
Soluciones necesarias: responsabilidad y cooperación
La crisis de los menores no acompañados exige un enfoque serio y honesto, que no exima a Marruecos de sus responsabilidades. Para ello, es fundamental exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales. Marruecos debe agilizar la identificación de sus menores y facilitar su repatriación, respetando el acuerdo de 2007. La Unión Europea, como aliada de Marruecos, debe condicionar su apoyo económico a un compromiso real en este sentido. Deben llevarse a cabo programas de reintegración efectivos. Marruecos debe invertir en políticas que garanticen condiciones dignas para los menores repatriados, abordando las causas estructurales de la emigración, como la pobreza y la falta de acceso a la educación.
España debe equilibrar su compromiso con los derechos de los menores con una postura más firme hacia Marruecos, exigiendo reciprocidad en la gestión migratoria. El abandono de los menores no acompañados por parte de Marruecos es una afrenta a los principios más básicos de un Estado funcional. España no puede seguir asumiendo las consecuencias de las políticas fallidas de su vecino, mientras el régimen marroquí se desentiende de sus ciudadanos más vulnerables. Es hora de exigir responsabilidad, establecer mecanismos efectivos de repatriación y garantizar que los menores puedan desarrollarse en condiciones dignas en su país de origen.
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