La clase trabajadora está harta y ha entendido que el derecho a la vivienda no se garantiza con migajas legislativas.
Por Roberto Casanova | 30/09/2026
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos sobre vivienda. El gobierno de coalición PSOE-Sumar asegura que de esta manera se logrará atajar el problema. Sin embargo, en la acampada de protesta de la Puerta del Sol, la lectura es otra. Denuncian que ha habido una reacción forzada, a destiempo y a la defensiva por parte del ejecutivo. La calle ha conseguido mover el tablero pero lo que se ha puesto sobre la mesa no ataca el problema estructural.
Las medidas no son irrelevantes. Se recupera y amplía hasta 2030 el escudo antidesahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Hay prórroga de dos años para contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Se regula el alquiler de temporada y por habitaciones. Se limita durante dos años la compra especulativa de vivienda por parte de fondos. Se anuncia renovación automática de contratos —con la obligación de justificar la no renovación o indemnizar— y un arsenal fiscal: IVA del 10% a pisos turísticos, bonificaciones y préstamos ICO al 0% para la entrada de la primera vivienda.
El detalle político es tan elocuente como el contenido. El Gobierno no sacó un decreto. Sacó dos. La renovación automática, la pieza que el Sindicato de Inquilinos consideraba innegociable, viaja en un texto aparte para no hundir el resto en el Congreso. El viernes hay convalidación.
Es la fotografía de un ejecutivo que legisla bajo presión y que toma decisiones bajo cálculos electoralistas y no con una voluntad real de apostar por un cambio de modelo.
Valeria Racu, portavoz del Sindicato, lo resumió desde Sol: partir el paquete es “romper en cachitos para que den unas migajas”. Alicia del Río ya había avisado de que no se conformarían con restos. El sindicato calificó de “vergüenza” que hubiera dos decretos y de “farsa” cualquier texto que no sea el que exigían entero.
No es un matiz. Un contrato que hay que pedir que se prorrogue no es un contrato indefinido. Una protección antidesahucios condicionada a vulnerabilidad acreditada y a falta de alternativa no impide que el mercado siga expulsando a quien no encaja en el formulario. Un veto de dos años a ciertos fondos no desmonta el parque ya acumulado ni el rentismo doméstico. Un préstamo al 0% para la entrada no abarata la vivienda: socializa parte del sobreprecio.
La acampada de Sol no solo no se ha disuelto al conocerse el acuerdo, sino que está creciendo. Y el posicionamiento se está endureciendo con llamamientos a una huelga general.
“Si alguien en algún momento ha pensado que el objetivo era solo el real decreto, esto no lo ha entendido”, dijo Racu ante la asamblea. El sindicato ha convocado movilizaciones para el fin de semana en toda España “con el horizonte de una huelga general”. Es la constatación de que un decreto de urgencia no cambia un modelo que trata la vivienda como mercancía.
El movimiento de protesta, cuyo epicentro se encuentra en Madrid, se está extendiendo a otras ciudades en forma de acampadas y manifestaciones: Barcelona, València, Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Palma, Murcia, Santiago o Vigo están movilizándose.
España tiene un grave problema. Desde 2011, el alquiler ha subido en torno a un 80% y los salarios, cerca de un 30%. El esfuerzo medio para un piso de 70 metros ronda el 44% del salario; en Madrid supera el 54% y en Baleares se acerca al 60%. Desde 2018, comprar se ha encarecido más de un 70% y alquilar, en torno a un 40-45%, mientras los sueldos avanzaban muy por debajo.
Ningún tope temporal del 2%, ninguna prórroga a solicitud del inquilino y ninguna línea ICO corrige este panorama. El gobierno puede ganar algo de tiempo, pero va a terminar perpetuando el problema. Llega tarde y se queda corto. Y la paciencia en la calle se agota.
El movimiento inquilino ya ha dicho que no va a considerar un trámite parlamentario como una victoria. Quiere contratos que no caduquen, el fin real de los desahucios sin alternativa y una regulación que impida el fraude de temporada y habitaciones. Eso no cabe en dos textos de urgencia pensados para sobrevivir un viernes en el Congreso.
La clase trabajadora está harta. Se le termina la paciencia. Y ha entendido que el derecho a la vivienda no se garantiza con migajas legislativas.
El Gobierno puede convalidar sus decretos. Puede decir que ha escuchado a la calle. Puede incluso apuntarse el tanto de haber movido ficha. Pero solo es cuestión de tiempo. Si no se producen cambios importantes, el movimiento de protesta por la vivienda tomará más fuerza todavía y radicalizará sus demandas.
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