Con el prior hemos topado, amigo español


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Por Luís Aneiros

Se cuenta que Pedro Sánchez dijo a su vicepresidenta, la señora Carmen Calvo, a raíz de la postura del prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, sobre la exhumación de la momia de Francisco Franco, “con la iglesia hemos topado, amiga Carmen…” Vale que no tengo ningún dato que confirme que eso haya sido así, pero habría estado acertado nuestro presidente en funciones si lo hubiera dicho. Porque los españoles siempre topamos con la iglesia para cualquier cosa que suponga evolucionar, avanzar y hacernos mejores como pueblo. Y en este tema no iba a ser menos, que le va en ello su identidad propia, su existencia y su justificación.

Y por supuesto que todo lo públicamente declarado por las altas instancias eclesiásticas en relación al traslado de Franco al cementerio del Pardo, parece contradecir lo que expongo en el párrafo anterior, pero nunca debemos olvidar que una de las principales características de la iglesia católica es presentarse siempre como solución y no como lo que realmente son: parte del problema. Y una parte muy importante, por cierto.

La tibieza con la que el Vaticano o la propia Conferencia Episcopal han tratado este asunto no es colaboración, sino cobardía. En lugar de demostrar un inequívoco respeto y acatamiento de las decisiones que los poderes del estado han tomado, desde el Parlamento en su sesión de setiembre de 2018, hasta el gobierno y, ahora, el Tribunal Supremo, la iglesia ha mantenido siempre una postura del tipo “eso no es asunto mío”, intentando de esta manera limpiar su historia de órgano cómplice de la dictadura, pero sin renegar abiertamente de esa misma historia, no vaya a ser que se le ofendan  aquellos que todavía ven en la doctrina católica la esperanza de un retorno a los valores morales del glorioso movimiento, por la gracia de dios.

Y, mientras tanto, se consiente que un simple prior, que por mucho prior que sea no deja de ser un simple prior, se coloque, bolsas de la compra en mano, frente a los “tanques” del estado de derecho y del acatamiento a las decisiones del Tribunal Supremo. Valiente él, convencido de que la historia le deparará un elevado lugar en sus páginas, entona un patético “no pasarán” sin recibir ni una sola orden de sus superiores para que termine con su patochada. A nuestro gobierno le encanta decir que el prior no cuenta ni con el respaldo de su congregación benedictina ni de la archidiócesis de Madrid, y que tampoco cuenta con el beneplácito de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española y menos aún, de la Santa Sede, como si eso fuera suficiente. No se trata de que no le respalden, sino de que le dejen muy claro que en España la Ley está por encima de otras cuestiones, religiosas o de otro orden. Y que, al igual que hay políticos en prisión por defender sus pretensiones independentistas frente a la legalidad estatal, también podría haber priores en prisión por defender sus pretensiones fascistas frente a esa misma legalidad y, peor aún, contra una sentencia del Tribunal Supremo.

Pero es que el prior está defendiendo un lugar sagrado. Es que está intentando mantener un status que se puede trasladar a otras cuestiones referidas a la iglesia en España. Santiago Cantera lucha por perpetuar todas aquellos privilegios que la iglesia ha tenido en nuestro país desde hace siglos, siendo propietaria de la cultura, la ley y los modelos de convivencia de los ciudadanos. No importa la momia de Franco, sino el que esté enterrado en “lugar sagrado”. Franco es tan sólo la excusa que el prior utiliza para intentar impedir la entrada de la democracia y del estado de derecho en su abadía… SU abadía, donde nunca nadie se atrevió a imponer más ley ni norma que la de los benedictinos, el arzobispado o el Vaticano. Y es por eso por lo que, en el fondo, la iglesia no toma ninguna medida contra quién, como representante de la institución, hace pública su decisión de no acatar las leyes de los hombres que, le guste o no, están por encima de las de su doctrina. Sobre todo teniendo en cuenta que, inexplicablemente, los monjes benedictinos del Valle de los Caídos absorben 340,000 euros de nuestros impuestos, que no de ningún maná divino caído del cielo o llevado por ejércitos de arcángeles.

Y más… La iglesia conserva una posición de ventaja frente a cualquier otra confesión religiosa o cualquier otra institución no estatal en lo referente a su presencia en la sociedad. El concordato de 1953 sigue vigente hoy, e incluso ampliado en lo que se refiere a su financiación. La presencia de los valores y símbolos católicos es amplia y se manifiesta en la educación, la sanidad e incluso en momentos que deberían ser 100% laicos, como funerales de estado o tomas de posesión de cargos públicos. ¿Qué tal si dejamos de perdonarles 3,000 millones de euros anuales en concepto de IBI, y los destinamos a mejorar la oferta de vivienda pública? ¿Y si los 4,600 millones que cobran los profesores de religión se utilizaran para mejorar la enseñanza pública y hacerla absolutamente laica? Y 3,200 millones que van a sostener los centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, podrían gastarse en paliar la precariedad que se está instalando en la sanidad pública (a pesar de los interesados esfuerzos de salvadores como Amancio Ortega). Y no… la famosa X de la declaración de la renta no supone que ese dinero, 250 millones, vaya de los bolsillos de los donantes a las arcas de la iglesia. Y qué decir de los cepillos de cada parroquia, dinero negro que la propia Conferencia Episcopal cifra en 350 millones… Y todo esto sólo en lo que se refiere a privilegios económicos, porque la lista se completa con asuntos como las inmatriculaciones, gracias a la ley de Aznar de 1998, entre las que la apropiación de la mezquita de Córdoba por 30 euros es tan sólo un escandaloso ejemplo. Y la presencia, con capacidad de participar en la toma de ciertas decisiones, de capellanes en cárceles y hospitales públicos, así como en los ejércitos, donde hay sacerdotes con distintos rangos de carácter militar.

Así pues, ¿cómo no entender los esfuerzos, en ocasiones contrarios al cumplimiento de las leyes, que los miembros de la iglesia hacen para mantener todos estos privilegios? ¿Qué otra cosa podemos esperar de quién ha tenido, y sigue teniendo, la complicidad de los distintos gobiernos durante 44 años de democracia, y sigue disfrutando de la gran mentira que es el título 1, capítulo 2º, artículo 14 de nuestra Constitución? Sólo un verdadero estado aconfesional que relegue a las distintas confesiones religiosas a su papel doctrinal, privado y voluntario, dejará de verse rehén de caprichos e intereses particulares, y no volverá a participar en espectáculos tan poco propios de democracias sólidas y maduras. Pero eso, estimado lector, es algo que ni usted ni yo veremos, porque los lazos que atan a nuestros gobernantes con la iglesia católica son firmes y oscuros. Todos sabemos por qué se gobierna en beneficio de eléctricas y bancos, pero jamás sabremos por qué se mantiene esta extraña pero estrecha relación entre lo humano y lo divino. Bueno, Jorge Fernández Díaz sí lo sabe, pero eso no cuenta.

Es mi opinión.


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