Muerte accidental de nuestros mayores

Parece evidente que muchas personas han muerto abandonadas en sus habitaciones,  no han podido contar con el consuelo de sus familias.

Por Francisco Javier López Martín

Nos lo avisó la ONU, luego el Defensor del Pueblo atendió numerosas reclamaciones y dirigió un buen número de recomendaciones a las Comunidades Autónomas, ahora es Amnistía Internacional la que alza la voz por esas 35.000 personas mayores fallecidas en residencias.

Decenas de miles de muertes, pero nadie es responsable y en las instancias judiciales se cierran los casos sin mucho ruido. No es que alguien tenga que pagar con cárcel, o con dinero, que bien puede ser que alguien debiera hacerlo, sino que en realidad nadie termina siendo declarado responsable de lo ocurrido, ni hay nada que aprender de cara al futuro.

Parece evidente que algunos derechos humanos han sido violados sistemáticamente en nuestras residencias. Parece evidente que muchas personas han muerto solas y abandonadas en sus habitaciones, que no han podido contar con el consuelo de sus familias. Aún hoy esas familias siguen dando vueltas en una espiral que exclusivamente conduce al desengaño, al desconcierto, a la aceptación de la injusticia, o a la desesperación.

Aquí lo importante debería ser que cuanto ha ocurrido no vuelva a pasar y no volvamos a topar con las reticencias de Gobierno, o de Comunidades Autónomas. Lo primero los recursos destinados a nuestros mayores y lo segundo el necesario reforzamiento, la formación y la cualificación del personal, de forma que las personas puedan conseguir un trato y una atención adecuados.

Son mayores, pero no son tontos, no son gilipollas, como diría mi querida Paquita, desaparecida en estos duros años de pandemia. Se debe contar con las personas mayores, con los residentes, en el gobierno de las residencias. Como se debe contar con las familias, de manera que el modelo residencial cambie sustancialmente.

Cerrar los ojos, como hicimos con las fosas comunes en las tapias de los cementerios no es la respuesta que las personas mayores necesitan. Crear mecanismos que nos permitan conocer la verdad de lo sucedido es el primer paso para abordar las soluciones que hagan que situaciones brutales como las vividas, jamás vuelvan a repetirse.

Las residencias, durante la pandemia, no han estado a la altura, no por falta de esfuerzo de sus trabajadores, sino por falta de recursos humanos y materiales. Por eso hubo que cerrarlas a cal y canto impidiendo las visitas de familiares. Podría haberse evitado, pero no se evitó. Podría evitarse en un futuro, pero… ya veremos.

Amnistía Internacional estima que han sido violados hasta cinco derechos humanos en muchas de nuestras residencias. El derecho a la salud, que consiste en poder recibir atención médica, tratamiento, medicación, cuando lo necesitas. Derecho a ser trasladado a un hospital que fue negado por parte de algunos responsables de las administraciones.

El derecho a la vida, del que tanto presumen algunos cuando se trata de combatir el aborto y del que tanto se olvidan cuando se trata de defender las largas vidas de nuestros mayores. No les dejaron marchar al hospital, tan sólo unos pocos lo consiguieron, a menudo tarde.

Violado también el derecho a la no discriminación por razones de edad, a ver respetada la vida privada y a poder disfrutar de la vida en familia. El aislamiento, la soledad, han formado parte de la vida cotidiana de las personas mayores en las residencias durante demasiado tiempo. Ni morir despidiéndose de sus familias les fue permitido.

Una pandemia y sus brutales consecuencias sobre la salud no pueden ser la  disculpa perfecta para permitir que nuestras personas mayores sufran el abandono, el abuso, la soledad y la muerte, cuando podría evitarse si concibiéramos como algo más que aparcamientos de personas mayores.

Existen responsables de que los trabajadores y trabajadoras de las residencias no contasen con equipos de protección individual (EPIs), responsables de que la asistencia médica y sanitaria sea ínfima en las residencias, que las derivaciones y traslados a hospitales hayan sido bloqueadas, que el aislamiento haya sido generalizado.

Decían que no había dinero, que había que convertir lo público en un negocio para familiares, amigotes y personas influyentes. Para todos lo demás, para el común de los mortales, austeridad, falta de personal, falta de recursos, poco dinero.

Esa es la causa primigenia del destrozo causado por la pandemia en las residencias. Alguien debe responde por ello. Alguien debe consignar responsabilidades e insuficiencias. Alguien debe proteger a las personas por encima de los negocios. Alguien debe hacer que esto no pueda volver a repetirse.

Va a exigir reforzamiento de la atención médica en primaria, hospitalaria y en las propias residencias. Agilidad en las derivaciones de pacientes a hospitales. Medicalización efectiva de las residencias. Personal suficiente, formado y dotado de recursos para su protección. Sólo así evitaremos la soledad, el encierro carcelario, la muerte en abandono. No son accidentes, son negligencias.

Se puede hacer, pero hay que creérselo, hay que poner en valor la buena política y los buenos políticos, los que sirven a la ciudadanía y no se sirven de la política.