La gestión que el Patronato de Protección a la Mujer delegó en las órdenes religiosas femeninas creo durante cerca de medio siglo un extenso ámbito de beneficios económicos directos para esas órdenes religiosas.
Por Lucio Martínez Pereda | 8/06/2025
Las órdenes religiosas que gestionaron el Patronato de Protección a la Mujer han anunciado que pedirán perdón públicamente a las supervivientes de los centros donde, entre 1941 y 1985, miles de jóvenes fueron internadas sin juicio ni condena, muchas veces por desafiar el modelo de mujer impuesto por el franquismo o por proceder de familias desfavorecidas.
La gestión que el Patronato de Protección a la Mujer delegó en las órdenes religiosas femeninas creo durante cerca de medio siglo un extenso ámbito de beneficios económicos directos para esas órdenes religiosas.
Estas instituciones explotaban laboralmente a las internas, obligándolas a realizar trabajos no remunerados como costura, labores domésticas y tareas en talleres cuyos productos eran comercializados por las propias órdenes. Además, muchas jóvenes eran enviadas a servir en casas de familias o a trabajar en fábricas, y las órdenes religiosas se quedaban con una parte significativa de sus salarios, justificándolo como parte de la disciplina interna.
En 1977 las órdenes religiosas sabían que el final del Patronato estaba cerca. Había que conseguir transformar sus centros de internamiento forzoso en “residencias femeninas” preparadas para la nueva etapa democrática y los fondos públicos del Patronato se usaron para financiar reformas y equipamiento de los centros gestionados por las órdenes, lo que incrementó aún más sus beneficios materiales.
Incluso figuras vinculadas al Patronato, como ginecólogos, policías, y las llamadas “visitadoras” -estas últimas también religiosas- recibían compensaciones económicas, creándose así una microeconomía basada en el control y la explotación de las jóvenes forzosamente patronadas. Los beneficios generados y su destino siguen siendo en gran parte desconocidos debido al cierre de los archivos religiosos. Solo la apertura de estos permitiría esclarecer la magnitud del lucro obtenido a costa del trabajo forzado de las mujeres.
La apertura de archivos de las órdenes femeninas es clave para entender los beneficios económicos en la gestión del Patronato. Solo a través del acceso a estos documentos se puede conocer con precisión su volumen. Abrir estos archivos es un paso indispensable para documentar no solo los abusos cometidos, sino también los ingresos obtenidos a costa del trabajo forzado de las internas. Estos documentos revelan el alcance de la red económica que sustentó estas instituciones, incluyendo conexiones con empresas, donaciones privadas o incluso el apoyo estatal durante el régimen franquista. Sin la transparencia archivística la información y los datos sobre cómo se generaron y distribuyeron esos beneficios permanecerán ocultos, impidiendo una evaluación rigurosa y objetiva de la magnitud del lucro y su impacto. Sin esta apertura, las disculpas corren el riesgo de interpretarse como una astuta maniobra para aplacar la presión social sin asumir una responsabilidad plena.
Para que un acto de petición de perdón por una injusticia histórica sea considerado sincero debe cumplir condiciones que fomenten la reconciliación y la reparación.
1. Es imprescindible admitir abiertamente y al completo el daño causado, evitando ambigüedades.
2. La petición debe ser pública en nombre de la comunidad responsable y sin buscar impunidad en el afrontamiento de responsabilidades legales.
3. Tiene que existir una compromiso de no repetición.
4. Tiene que abrirse un proceso de empatía y escucha a las víctimas.
5. Es condición necesaria la facilitación de acceso a información veraz sobre los hechos. Los archivos documentales que contienen esta información son fundamentales para respaldar la veracidad de los hechos reconocidos en el acto . Obstruir o restringir el acceso a estos archivos anula la credibilidad del proceso de perdón.
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