La libertad de cada uno, es la responsabilidad de todos (Néstor Majnó)
Por Luis Miguel Sánchez Seseña
Lo mejor que puede hacer un patriota por su país y por sus conciudadanos es pagar religiosamente sus impuestos. Dejarse de pulseritas rojigualdas y vítores de nacionalpostureo hueco, y aportar al mantenimiento del “estado de medioestar” del que nos hemos dotado. Quizás esto sería lo primero a contestar a la hora de hablar de impuestos. Qué sanidad queremos, qué educación y universidad necesitamos, qué infraestructuras construimos, qué investigación, ciencia e innovación podemos desarrollar, qué justicia, defensa y seguridad ciudadana estamos dispuestos a sufragar, qué nivel de protección social a las personas más vulnerables asumimos, qué pensiones aseguramos a nuestros mayores, etc.
Mantener o mejorar ese “contrato social” requiere de recursos. No hay otra. Bueno, sí, endeudarnos y traspasar compromisos económicos y financieros a las futuras generaciones.
La suficiencia financiera del sistema tributario ha de garantizar la estabilidad del conjunto de la inversión y el gasto público sobre el que se sustenta el modelo económico y de estado de nuestro país. La prestación de un gran número de servicios y la salvaguarda de un conjunto de políticas, institucionalizadas como derechos sociales.
La cantinela neoliberal de que “hay que bajar los impuestos” de forma generalizada como acicate económico, encubre sus verdaderas intenciones: jibarizar el papel del Estado y de sus prestaciones sociales.
Querer que todo funcione bien en nuestro país, bajando impuestos de forma indiscriminada, es como pretender hacer frente al mantenimiento de los gastos ordinarios y además emprender mejoras, en cualquier comunidad de vecinos sin subir la cuota de participación ni establecer derramas ad hoc. Cuentos chinos. Ni el más adicto a la sopa puede sorber y soplar a la vez.
Por ende, parecerían superados –excepto por los interesados- los planteamientos del economista Arthur Laffer, que en 1980 sugirió una bajada de impuestos al por entonces candidato presidencial Ronald Reagan con el argumento de que esta acción liberaría la iniciativa individual de la población. Su famosa curva representa la idea de que una disminución de impuestos puede conducir a un aumento de la cantidad recaudada por el fisco. Para Laffer, las presiones excesivas mediante impuestos pueden llegar a provocar fenómenos como la economía sumergida o ilegal, la salida masiva de capital de un país y desincentivos al consumo o la inversión. Pero todo vuelve, incluso el naZismo.
Otros economistas asegurarán que “este es el peor momento para hablar de subidas de impuestos”. Esta afirmación se basa en la teoría keynesiana convencional por la cual, en una crisis provocada, al menos parcialmente por una falta de consumo y altos niveles de inflación, debe evitarse cualquier cosa que reduzca aún más el gasto del sector privado.
El problema no son los impuestos, sino a quien se le sube. El 10 % de los hogares españoles (1,8 millones) acaparan el 56,5% de la riqueza total (4,4 millones personas), mientras que el 50% más pobre, casi 9 millones de hogares (algo más de 22 millones de personas) tan sólo tienen el 7,5% de la renta nacional.
Los impuestos junto con las tasas y las contribuciones especiales configuran los ingresos tributarios, principal fuente de financiación de los Presupuestos de las Administraciones Públicas. La forma en que se recaudan los impuestos, los principales ingresos del Estado, tiene que ayudar a corregir las desigualdades y a fortalecer la cohesión social. Para que así sea, la fiscalidad ha de ser progresiva, de forma que garantice que cuanto mayor sea la capacidad económica, más se tenga que contribuir. Un diseño del sistema tributario con mayor peso sobre la imposición directa, y menos en la indirecta, y que grave de forma suficiente las rentas de capital y el patrimonio, velará por esta progresividad.
La demanda de una justicia fiscal que se aproxime al aforismo “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” (Karl Marx, Crítica del Programa de Gotha) debería ser un objetivo más compartido y deseable por todos.
Dotar al sistema tributario de mayor progresividad, a través de un mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta, igualar el tratamiento de rentas de trabajo y capital, limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades, tratar de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona. Además de una mayor dotación de medios humanos y técnicos a la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Reforzar los mecanismos legales para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Inclusión en la legislación española y europea de una definición exigente de paraísos fiscales, un listado de territorios considerados como tales, el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en paraísos fiscales.
Y quizás lo más importante, fomentar una educación y una cultura de responsabilidad fiscal que redunde en los beneficios del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el bien común y en un modelo social más justo. A través de campañas de sensibilización y de contenidos específicos en la enseñanza reglada desde la infancia, sobre los efectos perniciosos del fraude fiscal en la sociedad, denostando la actitud del pillo-defraudador y de la cultura del pelotazo. En definitiva, poner en valor que para hacer más Patria, hay que financiarla entre todos.
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