El Informe del Centro Delàs desmiente la narrativa oficial y deja en evidencia los negocios armamentísticos del Gobierno español con el régimen israelí.
Por Joan Balfegó | 7/05/2025
Desde el 7 de octubre de 2023, cuando la ofensiva militar israelí desató una masacre sin precedentes contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, el Gobierno español ha proclamado en repetidas ocasiones su compromiso con la paz y los derechos humanos. Sin embargo, las recientes revelaciones sobre el comercio de armamento y munición entre España e Israel desenmascaran una realidad profundamente inquietante: lejos de suspender sus relaciones militares con un régimen genocida, España ha mantenido y, en algunos casos, intensificado sus negocios con Tel Aviv.
Un embargo de palabra, no de hechos
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció con gran fanfarria la suspensión de las exportaciones de armamento a Israel con el inicio de la ofensiva tras el 7 de octubre de 2023, que según cifras actualizadas, ha asesinado a más de 60.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, incluyendo mujeres y niños. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó tajantemente en el Congreso que ‘desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel’. Sin embargo, los datos oficiales y un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz han desmentido estas declaraciones, revelando que España no solo ha continuado exportando armamento, sino que también ha adquirido material militar israelí por valor de más de 1.000 millones de euros desde esa fecha.
En noviembre de 2023, la empresa Nammo Palencia exportó municiones por valor de 987.000 euros a Elbit Systems, una de las principales proveedoras del ejército israelí, conocida por publicitar sus productos como ‘probados en combate’.
Un mes después, en diciembre, se enviaron más proyectiles por 125.240 euros, algunos de los cuales, según el Gobierno, tenían como destino final Filipinas. Además, entre octubre de 2023 y febrero de 2024, se exportaron vehículos blindados y otros materiales por un valor de 714.680 euros, nuevamente con la excusa de reexportaciones a terceros países. Estas operaciones, autorizadas antes del 7 de octubre, no fueron revocadas, a pesar de que la legislación española y el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2014, permiten suspender exportaciones si existe riesgo de que se utilicen en crímenes de guerra.
La Secretaría de Estado de Comercio ha justificado estas exportaciones afirmando que se trata de material ‘no letal’ o destinado a ‘pruebas y demostraciones’. Sin embargo, la categoría arancelaria de los envíos incluye ‘bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles’, lo que desmiente la narrativa oficial y pone en cuestión la transparencia del Ejecutivo. ¿Cómo puede el Gobierno español garantizar que estas armas no se están utilizando en la masacre de Gaza, donde Israel ha bombardeado escuelas, hospitales y campos de refugiados?
Compras millonarias a un régimen genocida
Si las exportaciones son preocupantes, las importaciones de armamento israelí son aún más escandalosas. Desde octubre de 2023, España ha adjudicado o formalizado 40 contratos de compra de material militar a empresas israelíes como Elbit Systems y Rafael, por un total de 1.041 millones de euros. Entre los productos adquiridos destacan sistemas de misiles anticarro SPIKE, lanzacohetes SILAM y sistemas inhibidores de frecuencia, muchos de los cuales son promocionados por sus fabricantes como “probados en combate” en Gaza. Estas compras no solo enriquecen a la industria militar israelí, sino que refuerzan su capacidad para sostener la ocupación y el genocidio del pueblo palestino.
El Gobierno ha intentado minimizar estas operaciones, argumentando que las importaciones no están sujetas a las mismas restricciones que las exportaciones. Sin embargo, esta postura ignora el impacto directo de financiar a empresas que se lucran con la masacre en Gaza. Como señala el Centro Delàs, ‘las adquisiciones de armamento israelí fomentan la viabilidad de la industria de defensa de dicho país y favorecen la militarización y la ocupación militar de Palestina’.
Opacidad y mentiras: un patrón de conducta
La opacidad en torno al comercio de armas con Israel es un reflejo de la falta de voluntad política para asumir responsabilidades. Las estadísticas oficiales de exportaciones de 2023 aún no han sido publicadas en su totalidad, lo que sugiere un intento deliberado de ocultar datos comprometedores. Además, las actas de la Junta Interministerial de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), que aprueba estas operaciones, son secretas, amparadas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta falta de transparencia impide a la ciudadanía y a las organizaciones de derechos humanos conocer el alcance real de la complicidad española con Israel.
Organizaciones y colectivos de solidaridad con el pueblo palestino han exigido al Gobierno que amplíe la suspensión de exportaciones a todas las licencias previas al 7 de octubre, que promueva un embargo internacional de armas y que publique datos detallados sobre las operaciones realizadas. Sin embargo, estas demandas han caído en saco roto. En lugar de actuar con coherencia, el Ejecutivo ha optado por una retórica vacía, condenando la violencia en Gaza mientras mantiene intactas sus relaciones militares con el régimen de ocupación israelí.
Una hipocresía insostenible
La complicidad de España con el régimen israelí no se limita al comercio de armas. Informes recientes han denunciado que más de 60.000 piezas de armamento han sido transportadas desde Zaragoza a Tel Aviv entre enero de 2024 y febrero de 2025, utilizando rutas aéreas que implican la autorización del Gobierno español. Asimismo, puertos españoles han servido como puntos de tránsito para buques que transportan material militar a Israel. Estas prácticas contradicen las declaraciones de Sánchez, quien en noviembre de 2023 afirmó estar ‘impresionado’ por el número de víctimas palestinas.
La hipocresía del Gobierno español es especialmente grave en un contexto en el que la comunidad internacional, incluidos relatores de la ONU, ha acusado a Israel de cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. La relatora especial Francesca Albanese ha instado a los Estados a imponer un embargo de armas, una medida que España se niega a adoptar formalmente.
El comercio de armas entre España e Israel no es un mero intercambio comercial; es una cadena de complicidad que perpetúa la masacre del pueblo palestino. Un respaldo tácito a un régimen que ha convertido Gaza en un cementerio. El Gobierno español debe rendir cuentas por su doble discurso ante el Congreso.
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