Un año después del gran apagón, los españoles merecen algo más que informes técnicos y declaraciones institucionales.
Por Gabriela Rojas | 29/04/2026
El 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, España (y con ella Portugal y parte de Andorra) vivió un acontecimiento inédito en su historia moderna: un apagón masivo que dejó sin suministro eléctrico a decenas de millones de personas durante horas. En apenas cinco segundos se desencadenó el colapso total del sistema peninsular. Hospitales en modo generador de emergencia, trenes paralizados, aeropuertos colapsados, semáforos apagados y una economía detenida en seco. El “cero energético” que nadie creía posible se hizo realidad.
Un año después, no se han clarificado las causas que dieron lugar al apagón. Y, sobre todo, no ha habido asunción real de responsabilidades. Ni por parte del Gobierno ni por las empresas gestoras de la infraestructura crítica. Todo ha quedado en informes, comparecencias, cruces de acusaciones y, al final, impunidad.
Lo que se sabe (y lo que se oculta)
Las investigaciones técnicas —del propio Gobierno, de Red Eléctrica de España (REE), de la CNMC y de comisiones parlamentarias— coinciden en que no hubo un solo culpable, sino una concatenación de fallos: sobretensiones, desconexiones en cascada de generación (especialmente solar y nuclear), planificación deficiente y respuestas inadecuadas de algunos actores. Se descartó el ciberataque, pero se señalaron problemas estructurales en el control de tensión y en la coordinación entre operador del sistema y generadores.
La comisión de investigación del Senado apuntó directamente a Red Eléctrica como responsable operativo directo: conocía los riesgos (había habido episodios crecientes de sobretensión en años previos), pero no activó protocolos suficientes ni reforzó la capacidad síncrona. Al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, se le atribuyó responsabilidad por omisión: no tuteló, no planificó ni reaccionó ante señales claras de vulnerabilidad. La CNMC fue criticada por inacción regulatoria.
Por su parte, el Ejecutivo repartió culpas entre REE y las compañías generadoras, señalando indisponibilidades no justificadas y desconexiones incorrectas. Algunas eléctricas respondieron con demandas y contraacusaciones. El resultado: expedientes sancionadores abiertos, pero sin resoluciones firmes ni ceses relevantes.
En cualquier país con una cultura institucional mínimamente exigente, un fallo de esta magnitud —con pérdidas económicas millonarias, disrupciones en servicios esenciales y, según algunos informes, víctimas mortales indirectas— habría provocado dimisiones, ceses fulminantes o al menos una asunción pública de error. En España, un año después, seguimos sin eso.
No ha dimitido la cúpula de Red Eléctrica ni su matriz Redeia. No ha habido relevos significativos en el Ministerio de Transición Ecológica. Las comparecencias parlamentarias han servido más para el debate político que para depurar responsabilidades técnicas o penales. Los informes finales acumulan recomendaciones (mejora de protocolos, mayor capacidad de respaldo, alineación regulatoria), pero la sensación general es que el sistema se ha protegido a sí mismo.
Esta impunidad no es solo un detalle político. Es un mensaje peligroso: la infraestructura crítica —esa que sostiene la vida diaria, la economía y la seguridad— puede fallar a gran escala y, al final, nadie paga el precio personal ni institucional.
El apagón del 28 de abril de 2025 puso en evidencia la fragilidad de un sistema que, en plena transición energética, depende cada vez más de fuentes variables sin que la red y su gobernanza hayan evolucionado al mismo ritmo. Los debates ideológicos sobre renovables versus nucleares o gas han eclipsado el núcleo del problema: gestión, planificación y rendición de cuentas.
Un año después, los españoles merecen algo más que informes técnicos y declaraciones institucionales. Merecen saber con precisión qué falló, quiénes tomaron (o dejaron de tomar) las decisiones clave y, sobre todo, que este tipo de fallos tenga consecuencias reales. Porque la próxima vez —y en sistemas complejos siempre hay riesgo de próxima vez— la oscuridad puede ser aún más cara.
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