En España, el país más putero de Europa, hay que abolir el sistema prostitucional

La prostitución no es un ‘derecho’ de los hombres ni una ‘libertad’ de las mujeres; es una forma de explotación y de violencia estructural que debe ser desmantelada desde las políticas públicas.

Por Redacción NR | 20/09/2026

La prostitución en España es un fenómeno que revela una profunda crisis social y de derechos humanos, sustentada por la vulnerabilidad y la explotación sexual de miles de mujeres. Los datos disponibles, aunque a menudo estimativos debido a la naturaleza alegal y opaca de esta actividad, dibujan un panorama alarmante que exige una reflexión crítica y una acción decidida hacia su abolición.

Datos alarmantes

Según el Macroestudio sobre Trata, Explotación Sexual y Prostitución de Mujeres presentado por el Ministerio de Igualdad en 2024, en España hay al menos 114.576 mujeres en situación de prostitución, lo que equivale al 0,56% de las mujeres mayores de 18 años en el país. Este estudio, basado en el análisis de más de 645.000 anuncios en línea, estima que un 24,2% de estas mujeres (entre 9.764 y 17.639) están en riesgo claro de explotación sexual, frente a cifras preliminares que apuntaban a un 80% en riesgo de trata. Aunque estas cifras han sido ajustadas, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, subraya que se trata de un «mínimo» y que la realidad podría ser aún más grave debido a la dificultad de detectar a una población oculta.

En términos geográficos, regiones como Cataluña (34.759 mujeres), Madrid (20.549), la Comunidad Valenciana (16.314) y Andalucía (9.023) concentran la mayor parte de esta actividad, con tasas más altas en Baleares (121 por cada 10.000 mujeres) y Cataluña (103 por cada 10.000). La procedencia de estas mujeres refleja una dimensión global de vulnerabilidad: el 51% son latinoamericanas, el 16% europeas y en un 29% no se conoce su origen, destacando nacionalidades como la colombiana (28,3%) y la española (13,5%).

En cuanto al consumo, España ostenta un triste récord como el primer país europeo y el tercero a nivel mundial en demanda de prostitución, según datos de la ONU. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2009 reveló que el 32% de los hombres españoles admite haber pagado por sexo alguna vez, una cifra que no se ha actualizado oficialmente desde entonces, pero que expertos como Carmen Meneses sugieren podría ser mayor hoy en día, considerando el crecimiento de la industria del sexo y el turismo sexual. Este elevado consumo perpetúa un sistema que cosifica a las mujeres y normaliza la violencia sexual bajo el pretexto de una transacción económica.

El drama de la prostitución

La prostitución no es un ‘trabajo’ ni una elección libre; es una forma de esclavitud moderna que se alimenta de la pobreza, la migración forzada y la falta de alternativas. El perfil de las mujeres en situación de prostitución evidencia su vulnerabilidad: el 28% tiene entre 18 y 24 años, el 32% entre 25 y 36, y muchas son inmigrantes en situación irregular, lo que las expone a redes de trata y explotación. Organizaciones como Médicos del Mundo destacan que muchas de estas mujeres llegan a la prostitución por la ausencia de opciones económicas viables, atrapadas en un ciclo de explotación que las deshumaniza.

El impacto social es devastador. La prostitución perpetua la idea de que el cuerpo femenino es un bien de consumo al que los hombres tienen ‘derecho’ mediante el pago. Este sistema no solo afecta a las mujeres prostituidas, sino que contamina las relaciones sociales, legitimando la violencia sexual como un servicio. Además, las condiciones en las que operan —frecuentemente sin protección, bajo coerción o en entornos controlados por mafias— generan graves problemas de salud física y mental, desde enfermedades de transmisión sexual hasta traumas psicológicos irreparables.

Objetivo: abolición

La abolición de la prostitución es una necesidad ética y política para erradicar una de las violencias más crueles contra la mujer. En primer lugar, los datos muestran que la gran mayoría de las mujeres no eligen libremente esta actividad: el 24,2% detectado como víctimas de explotación sexual es solo la punta del iceberg, ya que la coacción puede ser económica, psicológica o física, invisible a las estadísticas. Legalizar o regular la prostitución, como defienden los lobbies puteros, no elimina esta realidad; al contrario, la normaliza y la expande, como se ha visto en países como Alemania y Países Bajos, donde la legalización ha incrementado la trata de personas.

El modelo abolicionista, inspirado en el ‘modelo nórdico’ de Suecia, demuestra que penalizar a los clientes reduce la demanda y, con ello, la oferta de explotación. En Suecia, desde 1999, esta estrategia ha disminuido la prostitución callejera y la trata, al tiempo que se ofrecen alternativas reales a las mujeres para salir de esa situación. La prostitución no es un ‘derecho’ de los hombres ni una ‘libertad’ de las mujeres; es una forma de explotación y de violencia estructural que debe ser desmantelada desde las políticas públicas.

Inacción del Gobierno

Pese a los discursos abolicionistas del PSOE y de figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el Gobierno español no ha avanzado hacia la abolición efectiva. En lugar de ello, se percibe una tendencia hacia la regulación o la indefinición. La propuesta de ley del PSOE para endurecer el Código Penal contra el proxenetismo y penalizar a los clientes no ha prosperado con claridad, mientras que la prometida Ley Integral contra la Trata, anunciada en 2023, sigue estancada. Esta inacción contrasta con la urgencia del problema: España sigue siendo el ‘burdel de Europa’, según la prensa, y un destino clave para el tráfico de mujeres, sin que se implementen medidas contundentes.

Regular la prostitución, como sugieren algunos sectores, sería un error histórico. No solo legitimaría la explotación bajo un barniz legal, sino que ignoraría el sufrimiento de las mujeres que, en su mayoría, no desean estar allí. El Gobierno, al no apostar decididamente por la abolición, se convierte en cómplice pasivo de un sistema que genera millones de euros diarios —hasta cinco millones, según la Fiscalía en 2018— a costa de la humillación y la explotación sexual de las mujeres. La falta de actualización de datos oficiales desde 2009 y la escasa persecución de explotadores (solo 172 detenciones en 2020, según Interior) evidencian una negligencia que perpetúa el statu quo.

La prostitución en España es un drama social que afecta a más de 114.000 mujeres, muchas de ellas atrapadas en redes de explotación, y que se sostiene por un consumo masivo que debería avergonzar a la sociedad. La abolición no es una utopía, sino una obligación moral y política para proteger a la mujer y acabar con esta lacra social. El Gobierno debe abandonar la ambigüedad y liderar un cambio estructural, inspirándose en modelos exitosos y rechazando la regulación como falsa solución. Solo así se podrá poner fin a esta forma de esclavitud.

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