Ucrania ilegaliza al Partido Socialista de Ucrania bajo acusaciones de vínculos con Rusia

Por Adrián Juste / Al Descubierto

El pasado domingo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (USB), los servicios secretos del país, anunció mediante un comunicado a través de sus medios oficiales que la actividad del Partido Socialista de Ucrania (SPU) quedaba prohibida por supuestos vínculos prorrusos por el Tribunal Supremo de Ucrania. Concretamente, indicaron que encontraron pruebas suficientes de que existía «actividades destructivas» y «amenazas de seguridad nacional» desde hacía tiempo, así como «apoyo a actividades antiucranianas y prorrusas».

Los servicios secretos de Ucrania citaron las directrices del Consejo Nacional de Seguridad y en un decreto firmado por Volodímir Zelenski, presidente del país, al comienzo de la invasión de Rusia, bajo el cual se prohibieron en su momento hasta once fuerzas políticas, la mayoría de izquierdas, con acusaciones similares.

El Partido Socialista de Ucrania es una organización que se fundó en 1991 por ex militantes del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Ucrania poco después de la independencia de Ucrania cuando se disolvió la Unión Soviética (URSS) de la cual el país formaba parte, lo que había llevado a su vez a la ilegalización de dicho partido. Dos años después, este primero se refundaría en el Partido Comunista de Ucrania, siguiendo un camino paralelo al del Partido Socialista. Asimismo, el Partido Comunista de Ucrania sería prohibido en 2015 por el gobierno de Petro Simonenko.

La formación, que siguió una línea socialdemócrata al estilo de las potencias occidentales europeas, llegó a formar parte de la Rada Suprema, el parlamento de Ucrania, entre 1994 y 2007, siendo el cuarto grupo político más importante del país. Tras las elecciones parlamentarias de 2006, había alcanzado los 33 escaños, pero la repetición electoral provocada en el contexto de las protestas de la llamada Revolución Naranja y que acrecentó la polarización entre dos bloques políticos antagónicos se llevó por delante al partido, que perdió cerca de un millón de votos. Además, en 1996, una disidente del partido se había marchado constituyendo otra organización, el Partido Socialista Progresista de Ucrania, de orientación nacionalbolchevique y cercana a las ideas de Aleksandr Dugin.

Desde entonces, la actividad del Partido Socialista de Ucrania ha sido marginal. Para las elecciones de 2012, apenas consiguió 90.000 votos, por lo que no se presentaron a los sucesivos comicios. Ese mismo año, Oleksander Moroz, fundador e histórico líder del partido, abandonó su cargo en favor de Petro Ustenko. Tras esto, se entró en un periodo de conflictos internos, especialmente cuando, en 2017, diputado del Bloque de Petro Poroshenko se hizo con su presidencia.

La prohibición del Partido Socialista de Ucrania

Finalmente, las actividades del Partido Socialista de Ucrania fueron suspendidas el 20 de marzo de 2022 junto a Bloque de Oposición (principal partido de la oposición), Socialistas, Justicia y Desarrollo, Nashi, State, el Bloque de Volodímir Saldo, Oposición de Izquierdas, el Partido de la Sharia, la Unión de Fuerzas de Izquierdas, la Plataforma de Oposición-Por la vida, y el Partido Socialista Progresista de Ucrania.

En abril, los servicios secretos de Ucrania abrieron una causa contra Illia Kyva, antiguo aspirante al liderazgo del partido por supuestas relaciones con el ejército de Rusia, pero que fue expulsado del mismo en 2019, integrándose en la Plataforma de Oposición-Por la vida. Asimismo, señalaron que el actual líder del Partido Socialista de Ucrania, Viktor Zaika, presidía también una fundación en favor de Kyva. El 3 de marzo, Illia Kyva fue expulsado del partido por apoyar la invasión rusa y culpar a Zelenski de la guerra.

Con todo esto sobre la mesa, el 15 de junio, el Tribunal Administrativo de Casación nº8 de Ucrania decidió prohibir a todos estos partidos, lo que conllevó que la propiedad de los mismos (y todas sus asociaciones y agrupaciones políticas asociadas) pasaran a estar bajo el control del Estado. Finalmente, el Tribunal Supremo de Ucrania rechazó todas las apelaciones de estas formaciones, siendo así doce los partidos políticos prohibidos definitivamente en Ucrania por el decreto de Zelenski, tal y como ha informado el SBU. También se acusa a estas formaciones de haber participado en la organización de referéndums de autodeterminación ilegales en Crimea y en el Donbass.

Un largo historial de tensiones y prohibiciones

La política ucraniana ha sido escenario de multitud de tensiones, detenciones, prohibiciones y problemas, en buena medida por el choque constante de dos modelos muy diferentes de entender el país. Víktor Mevdevchuk, líder de Plataforma de Oposición Por la Vida y vinculado al ex presidente Yanukovich, fue detenido en 2021 y puesto bajo arresto domiciliario acusado de «traición» y “saqueo de recursos nacionales” en Crimea. También se le acusa de facilitar el supuesto fraude electoral en las elecciones de 2004 donde salió victorioso Yanukovich.

De hecho, 2021 fue un mal año para los medios y partidos alternativos al gobierno de Zelenski. En el decreto firmado de ayer, todos los medios de comunicación deberán emitir los mismos contenidos, un boletín de noticias, mientras dure la ley marcial, una medida de la cual se ha quejado toda la oposición, incluido el partido del expresidente Petro Poroshenko, muy poco sospechoso de ser prorruso.

Sin embargo, ese mismo año ya se tomaron medidas contra medios de comunicación afines a los partidos políticos afectados por la suspensión. Por ejemplo, se suspendió la actividad de UKRLIVE, del diputado opositor de Plataforma de Oposición, Shufrich.

Poco después, el 16 de enero de 2022, los medios impresos nacionales ucranianos deben publicarse «en el idioma estatal». Desde entonces, está permitido publicar en otros idiomas, pero siendo obligado hacerlo en ediciones adicionales. Es decir, si quieres imprimir un periódico en ruso, debes hacer dos ediciones: una en ucraniano y otra en uso. Dado que no todos los medios tienen recursos para hacer doble edición, esto ha sido denunciado como un ataque a la pluralidad cultural de un país que cuenta con más de 15 minorías étnicas.

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