El movimiento de protesta en Sol recuerda al 15M, pero hay que evitar que se vuelva a convertir la rabia de las plazas en un programa reformista que nunca se atrevió a cuestionar el sistema.
Por David Hurtado | 27/09/2026
La Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de tiendas. Tras la marcha del sábado contra el desahucio de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinos llamó a acampar en la plaza. Los principales lemas de la movilización fueron Ni una Maricarmen más y O cae el rentismo, o cae el Gobierno.
Es la expresión de protesta de un problema que ya no admite excusas desde el poder. España tiene una crisis de vivienda grave, estructural y sostenida. Es la naturaleza del capitalismo, que hace de la vivienda un negocio. Según el CIS, la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles.
Una situación insostenible
Los datos hablan por sí solos. En 2025 se practicaron 24.540 lanzamientos judiciales. Tres de cada cuatro —18.317— derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos: impago o fin de contrato de alquiler. Los desahucios hipotecarios fueron 4.346, el 17,7%. En 2014, los hipotecarios aún representaban el 42% del total. Los desahucios no han desaparecido, tan solo han cambiado de forma.
El parque de vivienda social en alquiler apenas llega al 3,5% del total, menos de la mitad de la media europea. El número de hogares en alquiler de mercado casi se ha duplicado en dos décadas, de 2,1 a 3,9 millones. Esos hogares destinan de media el 34% de su renta a la vivienda, frente al 24% de quienes pagan hipoteca. En las grandes ciudades, alquilar puede ser más caro que comprar. El déficit acumulado de vivienda se sitúa, según distintas estimaciones, entre 700.000 y 800.000 unidades.
El eco del 15M
Las formas recuerdan al 15 de mayo de 2011: la plaza, las tiendas, la asamblea, la presión sobre el Congreso, el lenguaje de la indignación. Los medios ya hablan de un “nuevo 15M” o del “15M de la vivienda”. La comparación no es gratuita. Entonces también se partía de una evidencia: la democracia formal no garantizaba una vida digna. Hoy el detonante no es tanto el paro masivo como la imposibilidad de permanecer en casa.
Las demandas también se parecen en lo esencial: vivienda como derecho, freno a los desahucios, intervención frente a la especulación. El Sindicato de Inquilinos exige un “decreto Maricarmen” en el Consejo de Ministros que se celebra el 29 de septiembre: paralización de desahucios sin alternativa habitacional, renovación automática de contratos hasta convertirlos en indefinidos, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, congelación de rentas y un modelo que desplace a los especuladores.
El peligro del reformismo
El 15M fue un acontecimiento político de primer orden. Puso en la plaza lo que las instituciones preferían tratar como estadística. De aquella explosión salieron la PAH como referencia de lucha cotidiana, un ciclo de municipalismos y, más tarde, una nueva izquierda que capitalizó el descontento: Podemos, los confluencias, Unidas Podemos y, después, Sumar.
En materia de vivienda, sin embargo, no hubo una transformación estructural. El problema no se resolvió, simplemente mutó.
La crisis de 2008 expulsó a cientos de miles de familias por la vía hipotecaria. Cuando el crédito se cerró y la propiedad se concentró en bancos, fondos y grandes tenedores, el conflicto se desplazó al alquiler. La PAH lo denunció durante años: el desahucio no desapareció; cambió de contrato. Los datos del CGPJ confirman esa mutación. Lo que antes era la letra pequeña de una hipoteca impagable es hoy la renovación denegada, la subida inasumible o el contrato temporal que elude la Ley de Arrendamientos.
Ese balance importa porque desmonta una ilusión persistente: la idea de que basta con que “los nuestros” lleguen a las instituciones para que el mercado deje de funcionar como máquina de expulsión.
El ciclo institucional que defraudó
Unidas Podemos pasó por el gobierno y Sumar se encuentra en el ejecutivo actualmente. Hubo Ministerio de Vivienda, Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, zonas tensionadas, índices de referencia, moratorias, anuncios de decenas o cientos de miles de viviendas asequibles y un discurso reiterado sobre el derecho frente al negocio.
El resultado, medido en la vida cotidiana, ha sido frustrante. Los precios del alquiler no se han abaratado de forma generalizada. Distintos balances de los dos y tres años de la ley coinciden en lo principal: las rentas siguen altas o más altas, la oferta de alquiler permanente se ha encogido en varios mercados y la competencia entre inquilinos se ha disparado. La vivienda protegida sigue siendo residual. Las promesas de parque público se cuentan en “viviendas movilizadas”, una categoría que mezcla entregadas, en obras y en papel.
No se trata de negar que existieran medidas parciales, ni de ignorar el bloqueo de PP, Vox y, en varios momentos, Junts a moratorias y prórrogas. El Congreso ha tumbado escudos antidesahucios y ha dejado en evidencia los límites de una mayoría precaria. Pero eso no absuelve a quienes convirtieron la rabia de las plazas en un programa reformista que nunca se atrevió a señalar la raíz del problema: el capitalismo.
La línea fue administrativista. Regular un poco, subsidiar otro poco, negociar con socios que defienden al propietario, anunciar planes y esperar que el conflicto se enfríe. El rentismo no se desmontó. Se gestionó. Y la gestión, para quien paga el 40% del salario en un piso o espera el lanzamiento, equivale a abandono.
Esa es la lección política del ciclo 15M–instituciones: capitalizar el descontento no es lo mismo que alterar la relación de fuerzas. Un ministerio no desmercantiliza por sí solo.
El peligro de reeditar el mismo guion
La acampada de Sol nace de una urgencia real. El Sindicato de Inquilinos ha acertado al convertir un desahucio concreto en símbolo de un orden. Ha acertado también al no conformarse con la manifestación y plantarse en la plaza para hacer una protesta permanente. Esa presión es el único lenguaje que, de momento, obliga al Gobierno a hablar de decreto.
El riesgo está en el día después. Si el movimiento se agota en la exigencia de un real decreto y en la traducción inmediata de la plaza a enmiendas, volverá a ocurrir lo de siempre: un texto recortado para terminar, en esencia, con el mismo panorama.
El reformismo no es solo una táctica parlamentaria. Es una teoría del cambio: la idea de que el capitalismo habitacional puede humanizarse sin disputar la propiedad, la tierra y el beneficio. Esa teoría ya se ensayó bajo el laboratorio de la nueva izquierda. El lamentable resultado está en las estadísticas.
Hay otra deriva igual de estéril: la nostalgia. Reproducir las formas del 15M —acampada, consenso blando, “no nos representan” sin decir quién manda y por qué— sin hacer el balance de su institucionalización es condenarse a la repetición. El 15M no fracasó porque la gente se fuera a casa. Fracasó, en vivienda, porque la energía social se canalizó hacia un proyecto que aceptó gobernar el orden existente en lugar de romperlo.
Ruptura o repetición
La cuestión que debe plantearse sobre el actual movimiento de protesta en Sol es hacia dónde se dirige esta vez: ¿hacia la gestión o hacia una ruptura?
Lo que hay que preguntarse es por qué, quince años después de la acampada del 15M, la clase trabajadora sigue siendo expulsada de las casas en un país con millones de viviendas de grandes tenedores vacías y con fondos buitre apoderándose del mercado para especular y lucrarse.
El problema no es el gobierno de turno, el problema es el capitalismo. O el movimiento es capaz de plantear una ruptura con ese marco o volverá a entregar su fuerza a una representación política que volverá a defraudar por su afán reformista.
Acampar en Sol es justo. Recordar el 15M es inevitable. Idealizarlo sería un error. La historia reciente de la vivienda en España lo demuestra. Y el objetivo de esta nueva ola de protesta no puede volver a ser la administración de la miseria.
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