La única salida real pasa por intervenir el mercado de forma decidida: expropiar a los grandes tenedores de vivienda y crear un parque público con precios regulados.
Por Marta Vital | 30/04/2026
La vivienda no es un problema más en España. Es el problema. Es el que marca la vida de millones de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias que destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler, de trabajadores precarios que viven con la maleta hecha por miedo a un desahucio y de jubilados que ven cómo su pensión se evapora en el recibo mensual. Mientras los sueldos se estancan, los precios de la vivienda no dejan de subir. Y esto no es un accidente: es el resultado lógico de un sistema que prioriza el beneficio del gran propietario por encima del derecho a la vivienda.
Distintos gobiernos, de distintos colores, han demostrado su absoluta incapacidad para resolverlo. El Partido Popular, cuando gobernó, dejó que los fondos buitre compraran carteras enteras de viviendas embargadas tras la crisis de 2008. El PSOE, en sus diferentes etapas —solo o en coalición—, ha aprobado leyes de vivienda que suenan bien en el titular pero que en la práctica no tocan el núcleo del problema: la propiedad privada especulativa. Ni el “control de precios” tímido de 2023, ni las supuestas “ayudas al alquiler”, ni las promesas de más vivienda pública han conseguido frenar la sangría. Cada legislatura repite el mismo ritual: diagnóstico correcto, medidas cosméticas y, al final, el mercado sigue mandando.
Porque bajo el capitalismo, el derecho a la vivienda choca frontalmente con el derecho a la propiedad privada cuando esta se entiende como mercancía. Los grandes tenedores —fondos de inversión internacionales, bancos, socimis y grandes patrimonios— no son simples “propietarios”. Son actores económicos que necesitan rentabilizar su capital. Si no obtienen la rentabilidad esperada, simplemente retiran la oferta, dejan viviendas vacías o las destinan al alquiler turístico. El Estado, en lugar de defender a la ciudadanía, se convierte en garante de esa rentabilidad: desahucios ejecutados, incentivos fiscales, desregulación y, cuando hay crisis, rescates con dinero público.
La única salida real pasa por intervenir el mercado de forma decidida: expropiar a los grandes tenedores de vivienda y crear un parque público con precios regulados. Hay que sacar del circuito especulativo cientos de miles de viviendas que hoy están en manos de quien no las necesita para vivir, sino para ganar dinero. Solo así se podría garantizar que la vivienda sea un bien de uso y no de inversión. Solo así los precios podrían bajar de forma estructural y no depender de la “generosidad” del mercado.
Pero aquí está la clave: esta medida es incompatible con la dinámica y la naturaleza del capitalismo. El capitalismo no es un sistema neutro que se puede “regular” hasta el punto de contradecir su lógica interna. Su motor es la acumulación privada de capital. Atacar la propiedad especulativa de la vivienda significa atacar el principio sagrado de que el capital debe poder reproducirse sin trabas. Y los gestores políticos del sistema —el bipartidismo PP-PSOE y sus aliados de turno (Vox por un lado, Sumar o los nacionalistas por otro)— no tienen voluntad política para hacerlo. No porque sean especialmente malvados, sino porque su función es precisamente gestionar el capitalismo, no superarlo. Pueden discutir sobre el IVA, sobre las pensiones o sobre la OTAN, pero nunca cuestionarán el dogma de que la propiedad privada en manos del gran capital es intocable.
Por eso, cada vez que se propone algo que realmente duela al gran capital, aparece el coro unánime: “Eso es populismo”, “Eso ahuyenta la inversión”, “Eso es inconstitucional”. Y el problema sigue ahí, pudriéndose. La juventud se marcha, las familias se endeudan de por vida y las ciudades se vacían de vecinos para llenarse de inversores.
Mientras el debate político español siga atrapado en el marco del capitalismo, la crisis de la vivienda no tendrá solución. Porque no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como está diseñado para funcionar.
La alternativa es clara: o se interviene de verdad, o la vivienda seguirá siendo un lujo para quien pueda pagarlo y un sueño imposible para la mayoría. Y quien diga lo contrario, o miente o no entiende cómo funciona realmente este sistema.
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