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El primero de esos argumentos, quizá el más repetido, es la idea de que el país está siendo invadido. Basta sin embargo con mirar la evolución del padrón municipal para desmontarlo.
Por Isabel Ginés | 12/08/2026
El racista no necesita argumentos, necesita excusas. Le basta una imagen, un titular sacado de contexto o un vídeo de quince segundos para sentir confirmado lo que ya había decidido creer de antemano. No busca la verdad, busca coartada o que validen lo que piensa, y la encuentra siempre en el mismo sitio: personas como ellos que comprueben todo poco y en los medios y canales que ya piensan como él, que jamás le van a incomodar con un dato que contradiga su odio. Ese es su hábitat natural, una burbuja cerrada que se retroalimenta a sí misma y que expulsa cualquier información capaz de poner en duda el relato. No hay pensamiento crítico posible ahí dentro, solo la repetición cómoda de un prejuicio que se disfraza de sentido común. Por eso hace falta ser contundentes, frente a la mentira que se grita, la única respuesta seria es la que se sostiene con datos verificables, con cifras que no dejan espacio a la interpretación cómoda de quien ya ha decidido, antes de mirar nada, a quién quiere culpar.
El primero de esos argumentos, quizá el más repetido, es la idea de que el país está siendo invadido. Basta sin embargo con mirar la evolución del padrón municipal para desmontarlo. Lejos de la avalancha que describen ciertos discursos políticos y ciertas pancartas, el número de personas extranjeras residentes en España ha ido descendiendo de forma sostenida en los últimos años, con la única excepción de 2015, cuando se registró un repunte de apenas 38.000 personas, una cifra insignificante si se compara con la caída de 300.000 personas del año inmediatamente anterior. Lo que sí ha cambiado, en realidad, no es el volumen de llegadas sino la composición de la sociedad española, cada vez más diversa, con más personas no blancas que se instalan, trabajan, forman pareja y tienen hijos en este país. Para una parte de la ciudadanía, es esa transformación demográfica, y no ningún aumento real de la inmigración, lo que genera incomodidad. Resulta revelador que a determinados sectores todavía les cueste aceptar que una persona española pueda no ser blanca.
Muy vinculada a esa idea está la acusación de que los extranjeros se llevan todas las ayudas sociales, un argumento que también se derrumba en cuanto se examina con algo de rigor. Las ayudas no se conceden por nacionalidad sino por nivel de vulnerabilidad, y la población inmigrante figura entre sus destinatarios precisamente porque sus condiciones materiales suelen ser peores, no porque disfrute de ningún privilegio. Según Unicef, el 60,3% de los hijos e hijas de personas inmigrantes en España vive en riesgo de pobreza, y en comunidades como el País Vasco la tasa de paro de la población inmigrante llega a triplicar la de la población autóctona. A esto se suma que, a medio y largo plazo, la relación entre lo que aporta y lo que recibe la población extranjera es justamente la contraria a la que sugiere el bulo: distintos estudios económicos muestran que las personas inmigrantes contribuyen al Estado, a través de impuestos y cotizaciones, mucho más de lo que reciben en prestaciones, incluso en los peores momentos de crisis económica.
También conviene revisar qué se entiende, en realidad, por inmigración ilegal, porque la imagen que domina el imaginario colectivo —cayucos y pateras llegando a las costas de Canarias— representa apenas una fracción mínima de esa realidad. La mayoría de las personas sin papeles que llegan a España no lo hacen por mar, sino por el aeropuerto de Madrid-Barajas, y los principales países de origen no son africanos, sino Venezuela, Colombia y Honduras. De hecho, en España viven más personas ucranianas que subsaharianas, y la diferencia entre unas y otras no está en su situación administrativa sino en que el color de piel de las primeras resulta menos visible para el prejuicio. Además, más del 90% de la población extranjera residente en España tiene su situación en regla; quienes se encuentran en situación irregular no llegan al 10% del total, y esa cifra lleva años en descenso, hasta situarse hoy en menos de un tercio de la que había en 2015.
Ligado a este mismo bulo aparece otro, el de que la inmigración amenaza con imponer su cultura o su religión, que tampoco resiste el contraste con los datos. La mayor parte de las personas en situación irregular en España habla español y es cristiana, porque procede de América Latina, mientras que menos del 10% de la inmigración indocumentada llega de África o del Magreb: por cada persona africana o magrebí sin papeles hay ocho personas latinoamericanas en la misma situación. La razón por la que estas últimas generan menos rechazo social no es que estén mejor integradas, sino que comparten idioma y religión con la mayoría de la sociedad española; el miedo, de forma bastante selectiva, se concentra en quienes son percibidos como más distintos. Ese mecanismo se aprecia con especial crudeza en el trato hacia los menores extranjeros no acompañados: mientras a los cerca de 1.800 menores ucranianos acogidos en España apenas se les menciona en el debate público, unos pocos cientos de adolescentes negros que llegan a Canarias tras travesías peligrosas son señalados de forma sistemática como una amenaza, sin que exista un solo dato que sostenga esa acusación.
Quizá la mentira más repetida, y también la mejor desmentida por las estadísticas oficiales, es la que sostiene que los extranjeros delinquen más. El porcentaje de delitos cometidos por personas musulmanas o africanas no es superior al de la población española del mismo sexo y edad. Las cifras que circulan por redes sociales y que parecen demostrar lo contrario suelen construirse manipulando los datos, mezclando todos los delitos cometidos por personas nacidas fuera de España sin distinguir edad ni sexo, e incluyendo en el cómputo a turistas y a los cientos de miles de residentes europeos —ingleses, italianos, alemanes— que también son, en sentido estricto, extranjeros. En cuanto se filtran esas variables, la supuesta sobrerrepresentación delictiva de la inmigración desaparece por completo. Resulta significativo, además, que quienes defienden estas cifras manipuladas suelan oponerse a cualquier medida orientada a prevenir la delincuencia masculina, pese a que las propias estadísticas oficiales muestran que los hombres delinquen varias veces más que las mujeres; el sesgo, en este caso, no busca la verdad sino un blanco fácil. Tampoco encaja con el relato del inmigrante joven y peligroso otro dato incómodo para quienes lo sostienen que es que las mujeres son mayoría entre la población inmigrante en situación irregular en España.
Mientras estos mitos se multiplican, las consecuencias son perfectamente reales y medibles. En España, los delitos de odio aumentaron un 23,6%, hasta alcanzar los 2.417 casos investigados, y el racismo y la xenofobia encabezan esos registros, por delante de los motivados por orientación sexual o por ideología, un tipo de delito que el artículo 510 del Código Penal castiga expresamente al sancionar la incitación pública al odio, la discriminación y la violencia. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, encargado de monitorizar el discurso de odio en redes sociales, confirma además quiénes son sus principales destinatarios que las personas del norte de África aparecen en seis de cada diez contenidos de odio reportados, las personas musulmanas en uno de cada cuatro, con picos durante el Ramadán, las personas afrodescendientes en un 12% y las de origen latinoamericano en un 11%, una cifra que ha crecido con fuerza en los últimos meses. Los patrones se repiten con notable regularidad: deshumanización, lenguaje agresivo explícito, vinculación constante con la inseguridad ciudadana y difusión de bulos, cada vez más disfrazados de ironía o codificados mediante símbolos y emojis para esquivar la moderación de las plataformas, una técnica que ya emplea alrededor de un 30% de los contenidos de odio detectados.
El impacto de todo ello no se queda, sin embargo, en el terreno digital. Cada año mueren miles de personas intentando llegar a Europa, una media de once al día durante el último año, cerca de cuatro de ellas cada jornada solo en la ruta hacia España. No mueren por capricho, sino huyendo del hambre o de la guerra, y también a causa de las decisiones políticas que cierran las vías legales y seguras de migración. Frente a esa tragedia, buena parte del debate público español ni siquiera logra plantear cómo evitarla, atrapado en el ruido de una invasión que solo existe en el imaginario colectivo.
Quien necesita sostener el prejuicio no suele acudir a fuentes contrastadas, sino que busca únicamente los medios, los canales y los perfiles que confirman lo que ya quiere creer. Es un mecanismo cómodo, porque exime de pensar con espíritu crítico y ofrece un enemigo sencillo para una frustración que casi siempre tiene causas mucho más complejas —la precariedad laboral, la vivienda inaccesible, la desigualdad creciente— y mucho menos señalables. Culpar al vulnerable resulta siempre más fácil que cuestionar a quienes de verdad concentran el poder y la riqueza. Al final, el problema no son las personas que llegan a España buscando una vida mejor, sino una sociedad que, a fuerza de bulos repetidos, deja de mirar los datos, deja de sentir empatía y termina normalizando el odio hacia quienes menos margen tienen para defenderse
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