Por Angelo Nero
Tres años después de haber llegado al poder, con promesas de lucha contra la corrupción, libertades políticas y avances sociales, y de acabar con el fantasma de la guerra con Eritrea, que le valió ser merecedor del premio Nóbel de la paz, el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali, llega a un nuevo plebiscito electoral con un estado fracturado en múltiples conflictos étnicos, el más importante de ellos, aunque no el único, causado por el enfrentamiento con el TPLF, el Frente de Liberación Popular de Tigray, que, hasta la llegada de Abiy al poder, fue durante décadas la organización política hegemónica en Etiopia, dentro de la coalición EPRDF, Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, donde también estaban presentes partidos representativos de las étnias amhara, oromo, y de los pueblos del sur.
A principios de noviembre del año pasado, después de un aplazamiento electoral que no fue acatado en Tigray, que celebró sus propios comicios, el gobierno de Abiy Ahmed lanzó una ofensiva militar sobre la región rebelde, con un bombardeo masivo sobre Mekele, Wukro, Aksum y Adigrat, que siguió a una ocupación terrestre con la ayuda del ejército eritreo y de las milicias amharas, que han sido denunciadas ante organismos internacionales por gravísimos delitos contra la humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, saqueo de propiedades y violaciones masivas de mujeres y niñas tigriñas.
Ocho meses después el panorama en Tigray es desolador, con miles de muertos, cientos de miles de refugiados en la vecina Sudán, y más de un millón y medio de desplazados internos, a los que el gobierno federal les pone todo tipo de obstáculos para que puedan recibir la ayuda de las Organizaciones No Gubernamentales, cuya labor, desde el principio del conflicto, ha estado muy limitada en la región, así como la de los periodistas extranjeros que han intentado cubrirlo.
Las acusaciones de limpieza étnica contra los ejércitos de Etiopía y Eritrea, enfrentados hasta los acuerdos de paz de 2000 y ahora aliados, parecen bien fundadas, y no la ofensiva iniciada a finales del año pasado contra el pueblo Tigray no parece que haya llegado a su fin, ni tan siquiera con las elecciones, que obviamente no se han podido celebrar en la región ocupada. Este mismo martes, 22 de junio, un ataque aéreo de las fuerzas etíopes causaba al menos 64 muertes y 180 heridos en un mercado de la localidad tigriña de Togoga, una masacre que incluso fue condenada por la Unión Europea.
«La UE condena enormemente el ataque deliberado contra civiles. Esto no es justificable bajo ningún término y va contra el derecho internacional humanitario», dijeron el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, y el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic en un comunicado, «estas atrocidades no se pueden justificar usando como argumento la preservación de la integridad territorial de Etiopía».
No solo los tigriños están enfrentados al gobierno federal de Abiy Ahmed, sino su propia étnia, los oromo, cuyos principales grupos han boicoteado las recientes elecciones. Tanto el Congreso Federalista Oromo (OFC) como el Frente de Liberación Oromo (OLF) denunciaron una persecución de sus líderes, como Bekele Gerba y Jawar Mohammed, encarcelados en septiembre de 2020 por terrorismo e incitación a la violencia tras participar en las protestas desatadas en julio Adís Abeba y la Oromía por el asesinato del cantante y activista oromo Hachalu Hundessa, que dejaron un saldo de más de 200 muertos.
Curiosamente, Abiy Ahmed fue presidente del Partido Democrático Oromo (ODP)2 y también dirigente del EPRDF desde 1991, hasta que, tras la muerte del carismático líder tigriño Meles Zenawi, primer ministro etíope entre 1995 y 2012, logró la disolución de ambos y su fusión en una única fuerza nacional, el Partido de la Prosperidad, en diciembre de 2019.
Tampoco ha podido garantizarse el voto, por razones de seguridad, en las regiones de Benishangul-Gumuz, Ogadén y Harar, por distintos conflictos étnicos, que dan muestra del frágil equilibrio en el que está, en estos momentos, el estado federal etíope. En septiembre se reanudarán los comicios en estas regiones, así como en decenas de distritos de las regiones Somalí y de los Pueblos del Sur, donde no ha calado el mensaje de una ciudadanía etíope, tal como la intenta vender el gobierno de Abiy Ahmed, para superar el federalismo étnico que ha imperado hasta ahora, y que le daba una amplia autonomía a las regiones.
Todavía a la espera de resultados definitivos, que confirmen, sin lugar a dudas, la victoria holgada del gubernamental Partido de la Prosperidad, se han producido mensajes de la comunidad internacional como el del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el que denunciaba que el proceso electoral “Estados Unidos lamenta que “las elecciones del 21 de junio en Etiopía se celebraron en un contexto de grave inestabilidad, que incluye el aumento de los conflictos interétnicos e intercomunitarios, y un proceso electoral que no fue libre ni justo para todos los etíopes”.
A todo esto hay que sumarle el asesinato de tres trabajadores de Médicos Sin Fronteras, que fueron encontrados en la mañana del viernes a poca distancia del coche en el que viajaban por la región de Tigray. Yohannes Halefom, Tedros Gebremariam y la cooperante española María Hernández, coordinadora de emergencia de MSF en la zona fueron víctimas del constante hostigamiento al que se enfrentan, por parte del ejército federal y de las milicias amharas, en la región rebelde.
Desgraciadamente, estas elecciones no parecen detener el reguero de sangre que corre por tierras etíopes, a pesar de las promesas de Abiy Ahmed, y que los conflictos étnicos, los refugiados, las plagas y la hambruna, seguirán azotando el segundo estado más poblado de África.
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