El punto de inflexión ocurrió el 6 de diciembre en el bloqueo de Nikaia, cerca de Larissa, donde grupos de personal militar en activo se unieron abiertamente a los agricultores.
Por David Hurtado | 12/12/2025
En medio de una ola de protestas de agricultores que ha paralizado carreteras, puertos y aeropuertos en Grecia, soldados y candidatos a oficiales de reserva expresaron públicamente su solidaridad con el sector, que desde finales de noviembre se moviliza por el pago retrasado de subsidios de la Unión Europea (UE). Sin embargo, este gesto de apoyo ha desencadenado sanciones disciplinarias por parte del Ministerio de Defensa.
El contexto de las protestas agrícolas
Las manifestaciones de los agricultores griegos estallaron a principios de diciembre debido a retrasos en el desembolso de unos 600 millones de euros en ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE. Estos fondos, destinados a mitigar los efectos de la inflación, las inundaciones y la crisis energética, se han visto afectados por un escándalo de fraude que data de 2016, en el que se estima que se desviaron más de 30 millones de euros mediante reclamaciones falsas.
Los manifestantes, que incluyen a miles de tractores bloqueando rutas clave como la autopista Atenas-Tesalónica y el paso fronterizo con Turquía, argumentan que estos retrasos equivalen a un «castigo colectivo» que deja a los productores honrados endeudados e incapaces de sembrar para la próxima temporada.
Los enfrentamientos con la policía han sido intensos: en Creta, agricultores irrumpieron en la pista del aeropuerto de Heraklion, lanzando piedras y obligando a suspender vuelos; en Tesalónica y Larissa, se emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. El gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha convocado reuniones de emergencia y ha prometido soluciones, pero las críticas por la lentitud en la respuesta persisten, exacerbadas por la percepción de que los fondos se destinan a gastos militares en lugar de a las necesidades internas.
El apoyo de militares
El punto de inflexión ocurrió el 6 de diciembre en el bloqueo de Nikaia, cerca de Larissa, donde grupos de personal militar en activo se unieron abiertamente a los agricultores. Un cadete del programa de formación de oficiales de reserva, Yiannis Katsoukas, tomó el micrófono para declarar: «Como cadete en el Programa de Formación de Oficiales de Reserva, me uno a vuestra lucha. Nosotros, los que servimos en las Fuerzas Armadas, estamos del lado de los agricultores, del lado del pueblo». Katsoukas también aludió a las tensiones internas en el ejército por un controvertido proyecto de ley del Ministerio de Defensa, apodado «la guillotina», que afecta a los derechos de los conscriptos.
Otro soldado, identificado como Panagiotis Zompos, un miembro de las fuerzas especiales, se dirigió a los manifestantes: «Vosotros nos dais la fuerza para continuar la lucha dentro de las unidades militares». Los agricultores, representados por Rizos Maroudas, presidente de la Federación Unida de Sindicatos Agrarios de Larissa, respondieron con gratitud: «Nos alegra veros aquí. Se necesita coraje para dar este paso. Sois hijos del pueblo, de familias obreras y campesinas». Maroudas enfatizó la oposición compartida a las misiones internacionales del ejército griego, como el envío de una fragata al Mar Rojo, y criticó los altos gastos en armamento que privan a los ciudadanos de recursos básicos.
Se trata de la primera vez en décadas en la que representantes del ejército se alinean públicamente con un movimiento social, generando alarma en círculos políticos y militares.
Cárcel, citaciones e intimidación
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Utilizando el Decreto Presidencial 48/2022 –una norma impulsada por el propio Ejecutivo–, el Ministerio de Defensa ha iniciado procedimientos disciplinarios contra los soldados implicados. Yiannis Katsoukas ha sido convocado para «explicar» su presencia en el bloqueo, bajo cargos de «falta disciplinaria». Más grave aún, Panagiotis Zompos ha sido condenado a 15 días de prisión por participar en la manifestación, junto a otros jóvenes conscriptos.
La Comisión de Solidaridad por los Derechos de los Conscriptos ha denunciado estas medidas como un «intento burdo de intimidación» para suprimir los derechos básicos de expresión y solidaridad de los soldados. En un comunicado, la comisión exige la revocación inmediata de todas las citaciones y penas, argumentando que los conscriptos ejercieron un «derecho legal e inalienable» al apoyar una lucha «justa».
«El gobierno y el Ministerio de Defensa Nacional responden con persecuciones basadas en leyes que ellos mismos crearon, mientras llevan a las familias de los agricultores a la ruina», reza el texto, que llama a una «amplia solidaridad» de trabajadores, estudiantes y el pueblo griego contra esta represión.
El fiscal del Tribunal Supremo griego, Konstantinos Tzavellas, ha ordenado intervenciones de oficio en los delitos cometidos durante las protestas, incluyendo obstrucciones al tráfico y transporte, pero no ha mencionado explícitamente a los militares. No obstante, el incidente ha avivado debates sobre la neutralidad de las Fuerzas Armadas en un contexto de crecientes tensiones sociales.
Los soldados, mayoritariamente de origen humilde, ven en las protestas un reflejo de sus propias quejas: bajos salarios, desempleo juvenil y recortes en servicios públicos. La intervención de la comisión subraya que «los conscriptos son hijos del pueblo», y su castigo podría radicalizar aún más el movimiento.
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