Sánchez debe convocar referéndum si quiere romper el bloqueo (1)

el Gobierno de Sánchez se encuentra ante una encrucijada en la que, sin ánimo ni capacidad para ser exhaustivos, se pueden destacar tres paradojas.

Por Domingo Sanz

¿Pero qué referéndum?

Con permiso de una pandemia que en el reino de España está sirviendo de excusa para multiplicar una crispación que, a su vez, contribuye decisivamente para conseguir que España sufra la mayor crisis económica de toda Europa, es evidente que el problema político más importante se sigue llamando Catalunya, al que se han sumado el fiasco de la monarquía y el conflicto con el CGPJ.

En tal contexto, el Gobierno de Sánchez se encuentra ante una encrucijada en la que, sin ánimo ni capacidad para ser exhaustivos, se pueden destacar tres paradojas.

Primera paradoja. Sánchez e Iglesias son incapaces de ofrecer a los catalanes otra cosa que no sea la de pedir el voto contra los independentistas por lo que, mientras Casado y Abascal no paran de acusar a ambos de cuestionar la monarquía, lo cierto es que el gobierno necesita del rey porque quiere reservarse la carta del miedo contra una Catalunya que, cada vez que le preguntan con encuestas, porque de otra manera el reino se sigue negando, confirma que quiere decidir su futuro y, además, que sea una república. Para Sánchez no es lo mismo bloquear un viaje del rey a Barcelona tras descubrir su contubernio con Lesmes contra la agenda de su gobierno, que parar las imprevisibles consecuencias de un Felipe VI confiando con algún militar de los íntimos (1), todos a sus órdenes, lo mucho que le preocupa Catalunya. ¿Está el Gobierno vigilando al rey para controlar la variante golpista que siempre flota sobre el reino de España? Lo dudo.

Segunda paradoja. Sánchez e Iglesias proclaman que la política no debe judicializarse, pero no renuncian a la carta marcada que han recibido del gobierno fracasado de Rajoy, la del chantaje en forma de presos políticos que podrían ser indultados, o no, según convenga. Aunque ningún ministro diga nada, circulará la maldad de que si los catalanes negaran la mayoría a los independentistas sus líderes podrían salir de la cárcel. Abona tal teoría la coincidencia de fechas entre el anuncio de los trámites del indulto y la sentencia que inhabilitó a Torra, pues esos “tramites” habían comenzado, por ley, meses antes, cuando se presentaron las peticiones. ¿Se demoró políticamente la noticia? No sería la primera vez. ¿Volverán a informar de “los trámites” cuatro días antes de las elecciones catalanas propiciadas por una sentencia del Supremo? Seguro que sí. Y treinta, veinte y diez días antes también.

Tercera paradoja. Pedro Sánchez ha conseguido la presidencia del gobierno gracias a los independentistas catalanes, tanto indirectamente porque su avance social y político desde 2010 ha provocado un terremoto electoral en la derecha españolista (2), como directamente, al aportar sus escaños en las dos sesiones de investidura, la de la moción de censura en 2018 y la que siguió a las últimas elecciones generales. 

De estas paradojas podemos extraer algunas conclusiones.

La primera nos dice que a Sánchez le sale gratis cualquier fracaso, pues todo se le debe perdonar mientras el precio lo estén pagando los mismos represaliados catalanes que le han permitido llegar y mantenerse en La Moncloa, teniendo en cuenta que no pueden exigir ni las contrapartidas que pactaron para la investidura. Ver mesa de diálogo.

La segunda establece que dos instituciones que constitucionalmente no tienen ningún poder político, el rey de una monarquía “parlamentaria” que yo prefiero denominar “con urnas y según”, y la justicia representada por un CGPJ más activo que nunca desde que finalizó su mandato hace dos años, son las que de manera efectiva están proporcionando a Sánchez la amenaza de la represión, un argumento con el que se pueden ganar muchas batallas cuando el adversario es pacifista, catalán por ejemplo. Pero, en este caso, el precio que Sánchez debe pagar a estos dos “colaboradores” es inalcanzable.

No es extraño que “El Mundo” de papel del 11 de octubre, para ganar la batalla diaria de las portada, eligiera la muy reveladora frase de Isabel Díaz Ayuso “La justicia, Madrid y el rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás”, con la que ella, y desde su “Madrid es España”, se autoerigió  en lideresa de todas las derechas que, al grito de “Viva el rey”, practican una estrategia de crispaciones y bloqueos para consumo de espectadores. Esta semana, toca también la moción de censura de Abascal.

Mientras en Catalunya sigan ganando los independentistas, Sánchez e Iglesias necesitarán de Lesmes y Felipe VI. Por eso, el presidente y su vice, que se sienten cómodos al percibir que los fracasos desde su gobierno no les pasan factura, solo se dedican a poner parches que no aguantan ni dos días, como la propuesta de reforma del CGPJ, reconvertida en dos días en moneda de cambio si el PP negocia los nombramientos pendientes.

La realidad de una crisis política e institucional generalizada y la división de la derecha como única posibilidad de éxito electoral, algo que no durará siempre, debería hacer ver a Sánchez e Iglesias que, tal como ha demostrado la historia, en los periodos de cambio político pacífico el protagonismo directo de la sociedad para a ser determinante y no se reduce a elegir “quienes” deben gobernar, sino lo “que” deben hacer los parlamentos y los gobiernos.

¿Qué clase de referéndum debería convocar Pedro Sánchez para tomar la iniciativa de verdad y romper definitivamente una dinámica que está poniendo en peligro la frágil democracia que a duras penas resiste?

Entraremos al detalle en la próxima entrega.  

(1) Pensando en los muchos peligros que representa cualquier rey borbón, es imposible no recordar a Juan Carlos I compartiendo confidencias con el general Armada, también a sus órdenes, durante las fechas previas al 23F de 1981 y a pesar de que el hoy huido a los Emiratos ya había conseguido la dimisión de Adolfo Suárez.

(2) Los fracasos electorales de la derecha en 2019 son consecuencia exclusiva de la aparición de Vox que, al añadir una nueva candidatura a las del PP y Cs, dirigidas las tres al mismo electorado, consigue neutralizar, en gran medida, la injusta ventaja que la Ley Electoral concede a las candidaturas que concentran votos. Y es una evidencia que el avance real de Vox solo comienza a partir del fracaso del gobierno del PP ante el referéndum catalán del 1 de octubre. Los de Abascal pasaron de 47.182 votos en las generales de junio de 2016 a 2.688.092 en las siguientes, las de abril de 2019. Sánchez e Iglesias han ganado porque sus 9.850.168 votos se han dividido en solo dos candidaturas, mientras que los 10.297.472 de la derecha españolista se han repartido entre tres.

 

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