La memoria histórica es necesaria porque sin verdad no hay duelo completo y sin duelo no hay cierre democrático. No se trata de reabrir heridas, sino de reconocer que nunca fueron atendidas.
Por Isabel Ginés | 27/01/2026
La memoria histórica no es un gesto simbólico ni una consigna partidista, es una política pública vinculada a derechos humanos elementales, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cuando se intenta desacreditarla mediante la burla o la ironía, lo que suele hacerse es minimizar el alcance del crimen para evitar una discusión incómoda sobre responsabilidades políticas e institucionales.
Afirmar que es falso que los represaliados sigan en las cunetas porque se han recuperado miles de cuerpos es un razonamiento engañoso. Confunde la existencia de exhumaciones con la resolución del problema. El núcleo de la cuestión no es cuántos restos se han localizado, sino cuántas personas continúan desaparecidas, cuántas no han podido ser identificadas y cuántas familias siguen sin saber dónde están sus muertos. Tampoco puede obviarse que durante décadas el Estado democrático no asumió como propia la tarea de búsqueda, identificación y esclarecimiento, dejando esa labor en manos de familiares y asociaciones civiles.
La expresión “siguen en las cunetas” no es una exageración retórica, sino una forma de señalar una realidad aún vigente, la de víctimas de la represión franquista asesinadas sin juicio y enterradas sin registro, muchas de ellas todavía hoy sin localización conocida. Decir que “si se supiera dónde están, se recuperarían” no aporta ninguna explicación, es una obviedad que oculta una falta de voluntad política sostenida para abrir archivos, investigar de oficio y asumir el pasado con rigor institucional.
La memoria histórica es necesaria porque sin verdad no hay duelo completo y sin duelo no hay cierre democrático. No se trata de reabrir heridas, sino de reconocer que nunca fueron atendidas. Una democracia que normaliza la existencia de miles de desaparecidos sin respuesta oficial es una democracia incompleta, por más tiempo que haya pasado desde los hechos.
En ese mismo clima de trivialización se inscribe el ataque a David Uclés, que no plantea una crítica de ideas, sino una descalificación personal envuelta en sarcasmo. Se presenta una decisión política legítima como fragilidad emocional y se convierte el desacuerdo en victimismo. No hay debate real en ese planteamiento, porque debatir exigiría hablar del legado político de Aznar, de lo que representa para una parte de la ciudadanía y de por qué compartir determinados espacios simbólicos no es una cuestión neutra para todo el mundo.
Calificar de infantil a quien establece un límite no es una defensa de la madurez democrática, es una forma de presión moral. Se exige participación en nombre del pluralismo, mientras se ridiculiza a quien no acepta ese marco. Resulta significativo que quienes más apelan al debate sean los primeros en negar legitimidad al disenso cuando este cuestiona figuras o proyectos políticos concretos.
No hay nada inmaduro en negarse a blanquear el pasado ni en exigir una reflexión crítica sobre él. Lo intelectualmente pobre es pretender cerrar una discusión histórica con sarcasmo, con cifras aisladas o con burlas hacia quienes señalan una incomodidad real. Decir que ya no hay cunetas porque se han exhumado miles de cuerpos es una forma de negar que la represión fue sistemática y que la impunidad también lo ha sido durante décadas. No es un problema técnico ni arqueológico, es una cuestión política y ética.
Llamar victimismo a la memoria histórica y fragilidad al desacuerdo es la coartada de quien no quiere asumir responsabilidades ni discutir las consecuencias de determinados legados políticos. La memoria no busca revancha ni aplauso, busca verdad, justicia y dignidad. Desacreditarla no es un ejercicio de libertad de pensamiento, es una forma de proteger el derecho a no rendir cuentas.
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