Joan Ramon Sanchis Palacio
Cuando ya se ha superado la barreras de los 10 mil casos de personas infectadas por el Coronavirus, el Gobierno español ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas y sociales de emergencia dirigido a paliar el impacto económico que la pandemia está produciendo en España. La cantidad aprobada alcanza los 200 mil millones de euros, lo que equivale al 20% del PIB español. ¿Es esta cantidad suficiente?. Lógicamente, habrá que ver cuál es el alcance final de la crisis sanitaria y su duración, para poder responder a esta pregunta. Lo que sí que está claro, es que se trata de una cantidad económica significativa, que permite realizar acciones importantes. La clave estará en ver cuál es realmente su uso y si con ella se atienden las necesidades reales de las personas y de las pequeñas empresas.
Desde mi punto de vista, cualquier medida económica que se tome, debería estar basada en las siguientes premisas. En primer lugar, todas las decisiones que se tomen han de estar supeditadas a la salud pública, es decir, al interés general y el bien común, y nunca a intereses económicos particulares. No todas las decisiones que se han tomado desde que comenzara la crisis se han basado en este criterio. De hecho, muchas de las decisiones se han tomado con retraso, precisamente pensando en hacer el menor daño posible a determinados intereses económicos. El no cierre de Madrid, principal foco de la pandemia, al resto del territorio español es un ejemplo claro de ello, que ha provocado una mayor expansión del virus a otras comunidades autónomas, debido a la irresponsabilidad de cientos de personas que han abandonado su vivienda habitual y se han trasladado a su segunda residencia en la zona litoral. Esto se podía haber evitado si se hubiera tomado la decisión de cerrar Madrid, siguiendo el ejemplo de Italia donde sí se cerraron ciudades como Milán. Tampoco parece que sea una medida apropiada la centralización de las competencias en materia de sanidad; los servicios sanitarios han de ser por definición servicios de proximidad a la ciudadanía y, por tanto, quien mejor puede ofrecer estos servicios son las comunidades autónomas. Dotar de mecanismos de coordinación la respuesta a la crisis sí era algo necesario; pero centralizar la respuesta en el Ministerio de Sanidad es sin duda una decisión basada más en criterios políticos que en criterios de eficiencia y eficacia en las acciones. No parece que este sea el momento más oportuno para sacar de la chistera los viejos centralismos; de hecho, nunca debería ser el momento adecuado para ello.
En segundo lugar, cualquier medida económica debería de ir dirigida a preservar el bienestar social y la calidad de vida de las personas, por encima de la economía y de las empresas. La crisis financiera de 2008 se caracterizó por el rescate a la banca; la crisis del Covid-19 se debería de caracterizar por rescatar a las personas más vulnerables. De las 11 medidas aprobadas, cuatro de ellas van dirigidas directamente a las personas más vulnerables: moratoria en el pago de la hipoteca a aquellas personas que hayan reducido sus ingresos o hayan pasado al paro debido al coronavirus, moratoria en el pago de suministros básicos como la energía y el agua, prórroga del bono social hasta el mes de septiembre y creación de un fondo específico de contingencia de 300 millones de euros para reforzar la atención a personas mayores, sintecho y en residencias de mayores y dependientes. Otras medidas pueden ayudar también a las personas de manera indirecta: la garantía de recibir la prestación por desempleo a aquellas personas que estén afectadas por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) aunque no cumplan el período establecido, prórroga de la prestación por desempleo y el derecho al cuidado familiar por parte de las personas trabajadoras (reducción de la jornada laboral o reorganización de la misma) sin el peligro de ser sancionadas o despedidas. Son sin duda medidas positivas que pueden ayudar a muchas personas a conservar su nivel de vida actual. Pero, ¿van a ser suficientes?. No se dice nada sobre los alquileres sociales, que de hecho corresponden a las personas más vulnerables, que son aquellas personas que no tienen acceso a la propiedad de la vivienda. Los bonos sociales también han demostrado que no son una buena medida, porque quedan fuera de los mismos muchas personas que están en el umbral de la pobreza. Por tanto, estas medidas no garantizan que muchas de estas personas se sitúen en niveles de pobreza y/o exclusión social. Una medida que sí podría evitar estas situaciones sería el establecimiento de una renta básica en torno al salario mínimo interprofesional, que garantizara a todas las personas un nivel de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por otra parte, se debería de implicar a los bancos en este tipo de medidas, entidades que por otra parte se vieron beneficiadas por el rescate bancario de la crisis del 2008. Hay bancos que disponen de viviendas vacías o que han vendidos sus viviendas a fondos buitre. De momento no hay ninguna entidad bancaria que haya dicho que pone a disposición de la sociedad sus recursos, almenos su parque inmobiliario.
Especial mención merece la situación laboral de personas con contratos temporales o afectadas por un ERTE. De hecho, una de las medidas aprobadas en este último plan, establece la posibilidad de realizar un ERTE express (en un máximo de siete días) por parte de cualquier empresa que lo pueda justificar. Es cuanto menos preocupante que hayan empresas que puedan aprovechar esta circunstancia para realizar despidos sin haber realmente un motivo de fondo. El Ministerio de Trabajo y las Consejerías deberían velar por los intereses de las personas trabajadoras, controlando con rigor estos procedimientos. De hecho, ya hay grandes empresas que han anunciado expedientes de regulación de empleo. Los cierres de empresas afectará en gran medida a las pequeñas empresas, que son las que no disponen de liquidez y solvencia suficiente para hacer frente a la paralización de su actividad económica. Pero este no es el caso de las grandes empresas y tampoco de las multinaciones, que están acogiéndose también a esta medida. Por otra parte, los despidos deberían ser el último recurso a utilizar por parte de las empresas; se deberían de tomar medidas para evitar los despidos, pues entrar en una situación de desempleo genera una angustia y estrés enorme en las personas que lo padecen. En Dinamarca, para garantizar los empleos, se ha decidido que el gobierno cubra el 75% del salario de las personas trabajadoras.
En tercer lugar, las medidas económicas que se han de aplicar sobre las empresas, deberían tener en cuenta la dimensión de estas, de manera que las prioridades deberían ser: trabajo autónomo, microempresas y pymes. Es importante dejar fuera de estas ayudas a las grandes empresas y a las multinacionales. ¿Qué cantidad económica, del total previsto, se va a destinar al trabajo autónomo y a las microempresas?. En este sentido, las medidas enfocadas a la concesión de préstamos y créditos blandos no son medidas adecuadas para empresarios de pequeña dimensión (autónomos y microempresas). Este tipo de negocios necesitarían otro tipo de medidas más concretas como son la moratoria e incluso la suspensión de determinados impuestos y tasas como son el impuesto sobre actividades económicas, las cuotas a la Seguridad Social y las cuotas de autónomo. En ningún caso se deberían aplicar condonaciones en el Impuesto de Sociedades, por ejemplo, pues esta medida beneficiaría sobre todo a las grandes empresas. Por otra parte, el teletrabajo puede ser una buena opción para evitar los despidos; pero una vez más, este tipo de medidas es más apropiado para las grandes empresas y no para las pequeñas, que no poseen las condiciones adecuadas para utilizar este recurso. No solo se trata de disponer de equipos informáticos por parte de las personas trabajadoras, tal como se plantea en la medida aprobada; se requieren otro tipo de conocimientos y habilidades y sobre todo de una planificación y organización de la gestión que las pequeñas empresas generalmente no tienen. Mucho me temo que las medidas aprobadas para las empresas, están más enfocadas para las grandes que para las pequeñas.
En definitiva, nos encontramos ante un plan de medidas económicas que posiblemente sea insuficiente para paliar gran parte de los impactos ocasionados por la crisis del Covid-19. Ni van a ser suficientes para las personas más vulnerables ni tampoco van a serlo para trabajdores, empresarios y empresas de pequeña dimensión. Ojalá esté equivocado en mi valoración. Muchos ánimos para todas y todos.
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