La reducción paulatina del número de personas desocupadas comporta, en el marco de la fuerte transición tecnológica y ecológica, otros retos estratégicos para el servicio público de empleo, como la activación y acompañamiento de las personas que, por haber abandonado toda esperanza, ni tan siquiera constan en los registros del paro.
Por Ricard Bellera
La reciente Encuesta de Población Activa lo confirma. La reforma laboral ha supuesto un giro copernicano en el mundo del trabajo en nuestro país. A pesar de la inflación, de la fuerte incertidumbre económica, y la contracción del consumo, 2022 ha sido un año en el que se han creado 280.000 empleos. Con una tasa de temporalidad que se ha reducido en 7,5 puntos, éste ha sido además, en su mayor parte, empleo de calidad. Si bien el mejor dato de la serie histórica sigue siendo el cuarto trimestre de 1978, con una tasa de paro del 7,6%, en el segundo trimestre de 2007 se llegaba cerca, al 7,93%, pero con una tasa de temporalidad que casi doblaba la actual. Pero poco aporta el comparar los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria con el contexto actual, porque las diferencias son evidentes. La situación que enfrentamos hoy traslada un cambio de paradigma en el mundo laboral que comporta la necesidad de evaluar la necesidad de adaptar al nuevo contexto algunos mecanismos del estado de bienestar, y de manera destacada las políticas de empleo.
La ‘Ley de Empleo’ aprobada en el congreso, y de próxima publicación, tendrá su puesta de largo en un escenario mejorado, en el que, sin embargo, tendrá que enfrontar algunos retos singulares. Así, con 3,5 millones de personas desocupadas, habrá que aumentar la eficiencia del sistema en lo relativo a la inserción laboral, poniendo especial énfasis en el paro de larga duración, muy concentrado en los mayores de 45 años, y en el paro cronificado (más de 4 años), en el que España encabeza la lista europea, doblando en número la tasa del segundo país peor situado. Cuando las patronales y actores afines empiezan a trasladar el mensaje de que no encuentran personal cualificado y presionan en las mesas de empleo para activar la contratación en origen, resulta una prioridad el demostrar cómo el paro no es ‘estructural’, sino que, con la necesaria orientación, acreditación, formación e intermediación, es posible reducirlo, especialmente si se supera la aparente aversión a las personas de más de 45 años que cunde en buena parte del tejido empresarial.
Pero la reducción paulatina del número de personas desocupadas comporta, en el marco de la fuerte transición tecnológica y ecológica, otros retos estratégicos para el servicio público de empleo, como la activación y acompañamiento de las personas que, por haber abandonado toda esperanza, ni tan siquiera constan en los registros del paro. El desánimo con respecto a la posibilidad de encontrar un trabajo empuja la tasa de actividad española 15 puntos por debajo de la media europea, y supone la mejor baza para mejorar los ingresos de las familias, y facilitar, de paso, una mayor robustez y estabilidad del estado del bienestar. La doble transición impone a su vez la necesidad de mejorar y cualificar los perfiles de las personas ya ocupadas, empezando por aquellas que trabajan de manera intermitente (fijos discontinuos) o parcial, y por aquellos y aquellas que trabajan en sectores con fuerte obsolescencia tecnológica. Los obstáculos empresariales al acceso a las 20 horas anuales previstas por ley, o a los Permisos Individuales de Formación suponen, en este marco, un problema serio.
La ley de empleo aporta en diversas cuestiones algunas mejoras interesantes. Las referencias al pleno empleo, al empleo de calidad, a la progresión profesional, la mejora de la intermediación, el acompañamiento personal e individualizado, el mantenimiento de un nivel de vida digno durante la búsqueda, o a la prospección y anticipación a las necesidades de empleo, trasladan la voluntad de hacer frente al cambio de paradigma introducido por la reforma laboral desde el compromiso y la eficiencia en la la gestión. Sin embargo, al margen del complejo encaje entre administraciones, de la implementación tecnológica de los cambios, o de la dotación presupuestaria a lo largo de los próximos años, la Política de Empleo habrá de hacer frente a otras dos cuestiones centrales. En primer lugar, una que parece obvia y que tiene que ver con el calendario electoral y con las políticas de empleo que prefiere la derecha, eso es, baja cualificación, mano de obra intensiva, y, a poder ser, un amplio ‘ejército de reserva’ para presionar a la baja los salarios.
Un potencial cambio de gobierno comportaría cambios relevantes en la ley, o, como mínimo, en su desarrollo reglamentario. Pero hay otra clave que conviene destacar. La ley de empleo compromete a las empresas a colaborar de manera activa con los servicios de empleo y a comunicar los puestos vacantes, pero sin más concreción. La obligación de publicar las vacantes, la garantía del acceso a los permisos legales de formación, o la obligación de no aplicar criterios arbitrarios a la hora de contratar, ya sea por razón de género, de edad, o de origen, deberían formar parte del acervo de la ley. Su traslado a las cláusulas sociales en la contratación pública, en el acceso a la contratación en origen o con tal de beneficiarse de las políticas activas (bonificaciones…), sería la mejor garantía para que las políticas de empleo dejen de ser una prioridad exclusiva de las personas ‘paradas’, y pasen a serlo del conjunto de los y las trabajadoras, pero también de las empresas.
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