Loueila Mint El Mamy: La Oficina de Asilo y Refugio se ha vuelto un búnker para las personas solicitantes

‘El estatuto de apátrida es la migaja que nos ha dado el Estado español a los saharauis.’

Por Héctor Santorum | 30/01/2024

Loueila Mint El Mamy, abogada y defensora de los derechos de los saharauis, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la compleja situación legal y política que enfrentan los saharauis en España.

Expone los desafíos burocráticos, la discriminación política y la lucha por el reconocimiento del estatuto de apátrida.

Héctor Santorum: ¿Cómo es la situación en España de los saharauis en términos de regularización y reconocimiento como apátridas?

Loueila Mint El Mamy: En primer lugar, el Sahara Occidental como colonia española que no se descolonizó y ocupada en la actualidad ilegalmente por Marruecos digamos que los habitantes tanto del Sáhara Occidental en la actualidad, como aquellos que se vieron obligados al exilio en los campamentos de refugiados de Tinduf, como aquellos que viven en la diáspora tienen encaje jurídico en numerosas situaciones de regularización en España.

Por ejemplo, los que salen de los territorios ocupados pueden acceder al estatuto del refugiado y muchos de ellos se quedaron con documentación que acredita que sus padres, sus madres o incluso ellos mismos son españoles de origen. Por que hay que recordar que España se fue en el año 75 y hasta entonces aunque haya un criterio y un cambio jurisprudencial sobre la cuestión del Sáhara Occidental, estaban y eran documentados por España. Tenían DNIs españoles,tenían libros de familia, tenían fichas familiares, tenían los censos de la MINURSO que acreditaban que eran saharauis autóctonos, porque se colaron muchos otros colonos marroquíes.

Después, los que se han criado en los campamentos de refugiados de Tinduf. Hay algunos que son documentados por Argelia a efectos de títulos de viaje y documentación como refugiados, no tienen encaje en el estatuto del refugiado pero si en el del apátrida. Esto sumado a muchos otros que pueden tener documentación española de su madre, de su padre y de sus abuelos.

En esta línea de nacionalidades, de autorizaciones de residencia, de estatutos de refugiados, hay una que es la principal. Yo siempre digo que es la migaja que nos ha dado el Estado español a los saharauis, que es el estatuto de apátrida.

El estatuto de apátrida, viene a reconocerle la condición de apátrida a los saharauis que se encuentran residiendo en el estado Español. No porque España quiera, sino porque ha habido una pelea muy grande en los tribunales españoles, que ha llegado al Supremo y a la Audiencia Nacional, que ha obligado a la administración a reconocer la condición de apátrida que tienen muchos saharauis que vienen de los campamentos de Tinduf.

Esto es importante, ¿Puede uno que venga de los territorios ocupados solicitarlo? No, y no cualquiera de los que vengan de Tinduf pueden. Algunos adquieren la nacionalidad directamente a través de sus padres argelinos. El reconocimiento que hay es para aquellos que no son nacionales de ningún estado. Aquí es donde entra la trampa.

Nosotros sí que somos nacionales de un estado, la República Arabe Saharaui Democrática, somos saharauis.

A efectos de reconocimiento del estatuto de apátrida, lo que contempla es que no puedes ser nacional de ningún país o que ninguno te reconozca como nacional suyo. Ahí es donde se produce el reconocimiento de este estatuto. Gente que está en los campamentos de refugiados de Tinduf, que tiene documentación saharaui: partida de nacimiento, libros de familia… que ha sido documentado con un título de viaje argelino.

Este reconocimiento del estatuto de apátrida es una migaja del estado español. En la práctica se pueden ver las enormes dificultades que plantea.

¿Cómo es posible que un país que fue colonizado, que fue documentado, que fueron tratados como nativos, como españoles, se le rechace cualquier posibilidad a su población?

Este rechazo, ha sido un cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo vino a decir que no, los saharauis que habían nacido cuando España estaba no eran españoles. Ese es un criterio totalmente político y no jurídico.

Cuando hablo de migajas, digo cómo es posible que un pueblo colonizado, que fue documentado y maltratado… de todo el escenario jurídico que puede tener en el Estado Español.

Filipinas, fue colonia española y a los 2 años pueden acceder a la nacionalidad española por residencia. Países iberoamericanos, fueron colonizados por España, y a los 2 años pueden acceder a la nacionalidad española por residencia. Los sefardíes, también.

En cambio el Sáhara Occidental, todavía no ha sido descolonizado. España sigue siendo la potencia administradora y le ha obligado a estar en la situación en la que está actualmente. El único reconocimiento que se ha podido dar, que es el estatuto de apátrida, sigue siendo un obstáculo para muchísima población saharaui.

Yo tengo a gente con resoluciones favorables del estatuto de apátrida que no pueden salir del Sáhara Occidental a recoger su resolución y a que les documente España. Yo tengo a personas que son apátridas a las que se les ha limitado la posibilidad de moverse y de entrar en el Estado Español a pesar de tener este reconocimiento, porque la Oficina de Asilo y Refugio, a pesar de tener informes favorables de ACNUR no se pronuncia sobre esta cuestión.

Tengo a personas que llevan 2 años sin saber nada de sus expedientes de apátridas.

Tengo a personas que no pueden acceder a la Oficina de Asilo y Refugio para preguntar cómo va su expediente. Tengo a personas que han tenido que utilizar procedimientos contenciosos administrativos para que se pueda reconocer su derecho y su condición como apátrida.

La burocracia y la violencia administrativa e institucional, es brutal hacia los saharauis.

Héctor Santorum: ¿Cómo describirías la respuesta del Gobierno Español a esta situación de las solicitudes del estatuto de apátrida por parte de la comunidad saharaui?

Loueila Mint El Mamy: Eso es lo principal. Todo lo que abarca al pueblo saharaui es una cuestión política y no jurídica. Cuando algo se politiza no se cumple la norma.

Pilar Barrado, hace el siguiente resumen: << Más de 45 años después el pueblo saharaui sigue siendo maltratado jurídicamente y políticamente>>

A pesar de que la mayoría de las solicitudes, el 90%, son de saharauis. Esta migaja, que es el estatuto de apátrida, es un laberinto terrible en la vida de muchísimas personas.

Yo como jurista, me relaciono con la administración y conozco la experiencia de las personas que he tramitado. Hace unos días tuve que pedir, otra vez, en vía contenciosa administrativa a la Oficina de Asilo y Refugio, que enviará el expediente completo de una persona que lleva esperando 2 años para obtener su estatuto de apátrida. Una persona que entró a través del aeropuerto de Gran Canaria.

He visto ese maltrato, está diseñado. ¿Cómo es posible que a Venezuela, España le haya conseguido un encaje, dándoles una autorización de residencia por razones humanitarias? Que es algo fácil y sencillo para la población venezolana.

Sin embargo, ese mismo estado, España, ha ocupado ilegalmente un país colonizándolo y potenciando su ocupación ilegal. España es directamente responsable de su situación actual, y tienes a todos los expedientes de apátrida atrapados, no contesta, no emite salvoconducto a gente que tiene que salir y vuelve una cuestión jurídica esta cuestión.

El procedimiento está siendo muy latoso para las personas, super arbitrario y está generando muchísima indefensión. La Oficina de Asilo y Refugio se ha vuelto un bucker en el que las personas solicitantes tanto del estatuto del refugiado como del apátrida no pueden acceder.

Yo que soy abogada, tengo herramientas, presentó una demanda, me voy al contencioso, a la Audiencia Nacional, pido expedientes y me llegan incompletos, me agota esta situación.

No sé como señalar como sería para una persona que no tiene herramientas para poder hacerlo, que no puede saber si su expediente está completo o incompleto. Que no puede recibir una respuesta, están jugando con la arbitrariedad.

Mi hermano por parte de padre entró a través del aeropuerto hace 5 años. Mi hermano todavía está esperando a que se le reconozca el estatuto de apátrida. He tenido que iniciar un procedimiento contencioso administrativo para que la Audiencia Nacional vea el daño que se le está haciendo a mi hermano por parte de padre, con la falta de resolución expresa por parte de la administración.

Cinco años, sin poder trabajar de manera legal. Cinco años sin poder ver a su familia.

Mi hermano por parte de padre por que me tiene a mi. Yo puedo darle vueltas a la norma o presentar demandas gratis para el. ¿Qué pasa con el resto de la gente que no tiene una hermana abogada?

Esta realidad, es política. Si has encontrado un encaje para la población venezolana, ¿Por qué no has encontrado una para el pueblo saharaui? ¿Cómo es posible esto?

Yo soy consciente de que es una cuestión política, no jurídica. Me he encontrado hasta con un abogado del estado, que es tu contrario en un procedimiento contencioso y dice “tiene razón la abogada, la Oficina de Asilo y Refugio se carga esta cuestión y no le contesta”.

Se sabe que hay una cuestión política cuando ves que hay un voto particular de una sentencia que les reconocía la nacionalidad a los saharauis. La del 29 de mayo de 2020 y aún así te dicen que no. Dejan a muchísima gente en situación administrativa irregular.

No tengo ninguna duda de que esto es una cuestión política, todo lo que nos atañe a los saharauis es una cuestión política en este estado. El ejemplo ha sido lo que le ha ocurrido a Aminetu Haidar en las últimas semanas con el Gobierno Español.

Héctor Santorum: ¿En qué medida afecta la falta de acceso al estatuto de apátrida a los saharauis en términos de derechos fundamentales, como podría ser educación, atención médica y empleo?

Loueila Mint El Mamy: En un caso concreto que tengo, de una mujer que está ahora mismo en Tinduf, con una resolución favorable. Que toda su familia tiene reconocido el estatuto de apátrida, que ya tiene una resolución favorable del Ministerio del Interior… lleva durante años esperando. Ahora estamos esperando el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta el final, la administración no quiere emitir un salvoconducto para que pueda reconocer su reconocimiento del estatuto de apátrida.

Tiene una enfermedad, se le ha ido complicando, en los campamentos no puede recibir el tratamiento. Limitan su derecho a reagruparse, que se contempla en Régimen General de Extranjería para los extranjeros, tanto apátridas como refugiados, como en régimen general que tengan una autorización de residencia.

Limitan el derecho a reencontrarse y reagruparse con su familia, el derecho a la salud,el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a la movilidad…

Por otro lado, el principal, para los que están aquí, es el derecho a la dignidad. A dignificar su vida. Si yo tengo una persona que es solicitante de apátrida que lleva esperando 3 años y durante estos 3 años no ha recibido respuestas. ¿Qué va a pasar con esta persona?

Esta persona no va a poder trabajar, no va a poder acceder ni a una vivienda digna, ni a un empleo digno, ni hacer su vida en los mismos términos que el resto de la población extranjera.

Veo que una persona puede acceder a una autorización de residencia cuando llega de otros países y lo puede hacer desde el momento de llegada. ¿Por qué en el Régimen General de Extranjería y sobre todo en el reconocimiento del estatuto de apátrida y ahora con el estatuto del refugiado se limita esta posibilidad a las personas?

Estamos hablando de que hay una Convención de Ginebra que dice que estas personas están jodidas. Están jodidas, porque esta condición les ha venido dada por parte los estados. Uno no nace apátrida y refugiado por qué si. Estas personas tienen esta condición a consecuencia de la colonización y de lo que se ha hecho con sus países.

Por cuestiones políticas, bélicas, de clima… el caso de los apátridas es una consecuencia directa y cómo eso afecta a su vida: al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, al derecho a un empleo en los mismos términos.

Son derechos contemplados en la LOEX, que es la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de las personas extranjeras. Si tu estos derechos no los tienes para los extranjeros, imagínate para un apátrida, que no ha podido acceder a una nacionalidad o que su propia nacionalidad a consecuencia de una cuestión política como puede ser la del Sáhara Occidental….

La administración está abocando a estas personas a la exclusión. Por mucho que digas que tienen derechos, si una persona tiene que estar esperando 3 años, en el mejor de los casos… puede estar esperando 3 años, que le hayan hecho un requerimiento, que no le haya llegado, o que el expediente esté incompleto y después tener que empezar de nuevo.

La administración esta abocando a estas personas a la exclusión, a la discriminación y no está cumpliendo con su propia normativa.

Héctor Santorum: Desde el 2014 han habido bastantes problemas con esto, pero en el último año con la apertura de una nueva oficina, está complicando esta situación. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la falta de funcionarios asignados a la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, especialmente en el departamento de apátrida?

Loueila Mint El Mamy: A mí esto es algo que me preocupa muchísimo. El año pasado han aumentado mucho las solicitudes de asilo en España, en 160000 solicitudes el año pasado. Es normal que no haya funcionarios para poder sacar todos estos expedientes.

Ahora bien, dentro de la Oficina de Asilo y Refugio hay funcionarios que llevan expedientes del estatuto del refugiado, que en este caso son: las solicitudes de protección internacional, el derecho al asilo, la protección subsidiaria.

Después están los funcionarios que llevan los estatutos de apátridas. Hubo un momento, que esto es muy visible de lo que hace la administración con los apátridas. Cuando lo hace con los apátridas, lo hace con los saharauis, alrededor del 90% son saharauis.

Hubo un momento en el que tenían habilitado un correo electrónico para que las personas pudieran tener una cita previa, pudieran ir, revisar su expediente con el funcionario. Lo cual lo hacía más flexible y menos inhumano.

Independientemente de que tengan poco personal, esto incide sobre la vida de las personas. Si una persona, ha presentado toda la documentación, cumple todos los requisitos y hay una ineficacia y una falta por parte de la administración. Hay un daño por parte de la administración a las personas, esto puede incurrir en responsabilidad patrimonial de la administración.

Yo creo que hay una intencionalidad. Hace dos años estaba habilitado ese correo electrónico, lo han quitado. Antes teníamos posibilidad de tener contacto con los funcionarios que llevaban los expedientes de apátridas, también esto se nos ha limitado.

Si a los juristas y a las personas perjudicadas no se les da una oportunidad de acceder a la administración y eso se vuelve un búnker poco transparente, opaco…

Estamos hablando de una cuestión que la administración tiene que resolver en 3 meses, es lo que establece la ley de procedimiento administrativo común.

¿Por qué en el caso del apátrida hay un interés en hacer esto cada vez menos transparente por parte del Ministerio del Interior a la población saharaui? Estoy segura de que esto es una cuestión política y no jurídica.

Te voy a hacer la similitud con los expedientes de las solicitudes de protección internacional de los refugiados. Son los dos que conoce la Oficina de Asilo y Refugio, las solicitudes de protección internacional y las solicitudes de apátridas.

¿Por qué sale antes una solicitud de protección internacional y mientras no sale la persona ha sido documentada y puede vivir trabajar y hacer su vida y en el caso del apátrida no?

Sabemos que las solicitudes de apátridas son muchísimas menos y el 90% son saharauis. Aquí hay una intencionalidad por parte de la administración en que estos expedientes no salgan, en que no haya una agilidad. Ni siquiera te documentan para que puedas trabajar, vivir y no caer en la exclusión.

Tenemos un problemón con esta cuestión. Con una cuestión que es la migaja de una realidad jurídica muy amplia de una población que se quedó con documentación española. No es un debate jurídico, es un debate político.

Héctor Santorum: ¿Qué impacto ha tenido la falta de información sobre el estado de tramitación de las solicitudes?

Loueila Mint El Mamy: La falta de información hace que muchas veces existan personas que no hayan accedido al procedimiento. Si yo no hubiese sido la abogada de alguna de las personas que vienen de Tinduf en el aeropuerto, directamente no accedes al procedimiento.

En primer lugar, las dificultades de acceso al procedimiento, aquí hay una intencionalidad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en Argel. Al no permitir que jóvenes saharauis puedan salir con un visado de estancia o de estudios está limitando que puedan acceder al procedimiento. Saben que si dejan salir a jóvenes de Tinduf, documentados por Argelia pero no nacionales de Argelia, saben que van a pedir el estatuto de apátrida y que les van a tener que documentar.

Primero es la dificultad de acceso al procedimiento, y se limita también cuando las personas no tienen información. Después, el no tener expedientes completos. Si una persona no tiene una información fiable y veraz para poder presentar toda la documentación para ver si cumple los requisitos o no, probablemente se archive su expediente. Esta es la mayor consecuencia de tramitar un expediente incompleto o con una dirección y después se modifica su domicilio a efectos de notificación.

La tercera, transcurridos los 3 meses sin que la administración te conteste, la falta de información te permite presentar un contencioso por silencio. Eso agilizaría la resolución en vía contencioso-administrativa, sin tener que esperar.

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