No dudan en amedrentar a quienes luchan por sus tierras ancestrales y quienes verdaderamente cuidan del medioambiente.
Tania Lezcano
A estas alturas, no cabe duda de que el futuro del ser humano y del planeta pasa por el abandono de los combustibles fósiles y una fuerte apuesta por las energías renovables. Pero lo que en ocasiones se vende como solución a la contaminación resulta ser una condena para alguien en otra parte del mundo. El aumento de vehículos eléctricos ha disparado la demanda de materias primas como el níquel, imprescindibles para las baterías. Y sus minas se encuentran en zonas oprimidas precisamente por su riqueza en recursos. Es el caso de Guatemala.
El pasado 9 de febrero, la comunidad indígena maya q’eqchi de Agua Caliente solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que garantice la propiedad de sus tierras y les permita decidir sobre ellas. Además, denuncian la mina de níquel a cielo abierto en El Estor, gestionada por una filial del grupo suizo Solway Investment. Los grupos acusan a la empresa de contaminar el agua, el aire y el suelo y señalan que en ningún momento se ha realizado una consulta previa a la comunidad. Tras 40 años de lucha e intentos frustrados, es la primera vez que la Comisión reconoce el derecho de las comunidades indígenas a participar en el debate por la soberanía de las tierras y su fallo puede ser decisivo, ya que Guatemala reconoce a la CIDH, así que su decisión es vinculante. Por su parte, como era de esperar, el gobierno guatemalteco ha solicitado que se desestime el caso.
Uso sistemático de la violencia
Para garantizar su poder y expoliación, tanto las empresas multinacionales como los gobiernos corruptos a su merced no tienen reparos en acosar, hostigar e incluso asesinar a los defensores y defensoras del medioambiente que osan enfrentarse a ellos. Así, asesinatos como el de Berta Cáceres en Honduras en 2016 cruzaron fronteras y mostraron la cara más siniestra del neocolonialismo.
Otro ejemplo es lo ocurrido en octubre de 2021 en el mencionado municipio de El Estor, en Guatemala. La comunidad llevó a cabo unas protestas pacíficas que exigían que se cumpliera la decisión judicial que obligaba a consultar al pueblo sobre otro proyecto de minería. El gobierno, lejos de cumplir, declaró el Estado de sitio durante 30 días y después el de prevención durante quince días más.
Los omnipresentes tentáculos de Florentino Pérez
También en Guatemala, el docente y defensor medioambiental Bernardo Caal Xol se encuentra en prisión desde 2018 por protestar contra la tala de bosques y la construcción de una central hidroeléctrica en el río Oxec, afluente del río Cahabón, considerado sagrado por el pueblo maya q’eqchi. Es importante mencionar que la empresa constructora es el grupo español Cobra (ACS), propiedad de Florentino Pérez, ese empresario al que el gobierno español ha rescatado en numerosas ocasiones y al que la ciudadanía está pagando más de 2.600 millones de euros. A pesar de esto, solo en 2020, Pérez ganó 6,3 millones como presidente de ACS. No contento con esto, la presencia de su empresa en minas que arrasan América Latina es una constante, aunque, lejos de sufrir penalizaciones, recibe más inversiones y apoyos.
Regresando a Guatemala, la organización Alianza por la Solidaridad-ActionAid investigó a ACS y denunció las violaciones sistemáticas de derechos humanos y medioambientales a 29.000 indígenas mayas tras lo que calificó como «secuestro» del río Cahabón. Bernardo Caal sufrió una campaña de descrédito y fue acusado de robar y retener a trabajadores de la central hidroeléctrica. Por ello, y pese a la debilidad de los indicios, en enero de 2018 fue condenado a 7 años y cuatro meses de prisión. Por supuesto, la empresa sigue sin cumplir con el requerimiento judicial de realizar una consulta y continúa impunemente con su actividad. Sin duda, resulta curiosa y sospechosa la rapidez con la que se ha condenado a Caal Xol y la ceguera institucional hacia las violaciones de derechos por parte de estas empresas.
La lucha continúa
Al igual que ocurre con el resto de Europa, nuestro país tiene mucho que decir en todo esto. La mencionada Alianza por la Solidaridad-Action Aid y otras organizaciones y entidades españolas han creado la Plataforma Empresas Responsables con el objetivo de exigir a España una Ley de Debida Diligencia en torno a cinco puntos: En primer lugar, que se obligue a las empresas a implementar planes de debida diligencia con los derechos humanos y ambientales. También exigen que se adopte un sistema de sanciones e infracciones disuasorias para penalizar a las empresas que incumplan el primer punto, antes de que se produzca el daño. En caso de que se haya producido, las víctimas deben tener acceso a la justicia y reparación. Asimismo, defienden la creación de una autoridad pública independiente que supervise a las empresas y rinda cuentas. Para ello, ha de estar dotada de un mandato claro y de suficientes recursos. Finalmente, las empresas deben estar obligadas a «publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado».
A pesar de esto, las multinacionales que arrasan las tierras de América Latina —y de otros muchos lugares del mundo— siguen destrozando comunidades enteras y contribuyendo al cambio climático mientras en sus países de origen instan a la ciudadanía a apostar por un estilo de vida sostenible. Como hemos visto, no dudan en amedrentar a quienes luchan por sus tierras ancestrales y quienes verdaderamente cuidan del medioambiente. Todo esto no es algo nuevo. Sí lo es la voz de los sin voz que, sin embargo, llega cada vez más lejos, provocando un gran estruendo en las conciencias de aquellos países que, mientras destruyen todo a su paso, dicen llevar la civilización y el desarrollo.
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