Los agricultores griegos denuncian que la Política Agrícola Común europea beneficia a corporaciones multinacionales mediante mecanismos opacos que incentivan el fraude y la concentración de tierras.
Por David Hurtado | 8/12/2025
Miles de tractores han paralizado las principales arterias viales de Grecia en los últimos días, desde autopistas clave como la que une Atenas con Tesalónica hasta cruces fronterizos con Bulgaria, Macedonia del Norte y Turquía. Los agricultores griegos, en una de las movilizaciones más intensas desde hace años, acusan al gobierno liberal de Kyriakos Mitsotakis y a la política agraria de la Unión Europea (UE) de empujarlos a la ruina económica, mientras favorecen a grandes conglomerados empresariales. «Nos están llevando a la miseria para enriquecer a unos pocos», claman los manifestantes, que amenazan con extender los bloqueos a aeropuertos y puertos si no se atienden sus demandas.
Las protestas, que irrumpieron con fuerza el 30 de noviembre, han escalado rápidamente. En Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra unos 200-300 agricultores que intentaban bloquear el acceso al aeropuerto internacional, dejando escenas de tensión con tractores estacionados a lo largo de kilómetros. En Larissa y Karditsa, choques similares se registraron el domingo, con cientos de vehículos agrícolas deteniendo el tráfico en la autopista Atenas-Tesalónica y obligando a la intervención policial. Más al norte, en Promachonas, los agricultores han interrumpido el paso de camiones fronterizos durante horas, permitiendo solo vehículos particulares, en un intento por visibilizar su desesperación.
Un escándalo de subsidios que desata la furia
El detonante inmediato es el retraso en el pago de subsidios agrícolas de la UE, estimado en unos 600 millones de euros, paralizado por una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) sobre fraude masivo en los fondos comunitarios. La pesquisa reveló casos de solicitudes falsas de propiedad de tierras y ganado, con millones de euros desviados mediante direcciones inventadas o arrendamientos forjados. Como resultado, la agencia nacional OPEKEPE fue reemplazada por la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE), lo que ha dejado a unos 44.000 productores legítimos sin sus pagos pendientes desde 2016 –en algunos casos, hasta 150.000 euros por agricultor–.
Sin embargo, los agricultores insisten en que ellos son las víctimas colaterales de un sistema corrupto. «El fraude lo cometen los grandes grupos empresariales, que falsifican documentos para acaparar subsidios, mientras nosotros, los pequeños productores familiares, quedamos sin nada», denuncia George Kasapoglou, un agricultor de Serres, quien ha visto denegados sus pagos por intercambios de tierras no registrados formalmente. La fragmentación de la propiedad rural –heredada de la redistribución de tierras a refugiados tras la guerra greco-turca de 1922– complica las reclamaciones: parcelas pequeñas y no contiguas, a menudo gestionadas por acuerdos orales, son ahora rechazadas por la burocracia de la AADE, que prioriza la recaudación fiscal sobre la realidad agraria.
Política agraria al servicio de los poderosos
Los manifestantes no se limitan a los retrasos; van más allá y señalan un patrón estructural. Critican al gobierno griego por su «inacción ilegal» en la creación de un registro catastral nacional –obligatorio desde el rescate de 2010 y los fondos de recuperación post-COVID–, lo que facilita la explotación de subsidios por parte de elites empresariales. «El Estado permite que los grandes agroempresarios se queden con los fondos europeos, mientras los pequeños agricultores enfrentamos costos insostenibles y embargos diarios de propiedades», afirman líderes de la Asociación Agrícola de Serres.
En cuanto a la UE, los productores griegos la acusan de una Política Agrícola Común (PAC) que, en lugar de proteger a los medianos y pequeños explotadores, beneficia a corporaciones multinacionales mediante mecanismos opacos que incentivan el fraude y la concentración de tierras. Desde agosto de 2024, más de 423.000 animales han sido sacrificados por brotes de viruela ovina y caprina, sin compensaciones adecuadas, sumado a precios de mercado por debajo de los costos de producción y alzas en energía y fertilizantes que «borran cualquier margen de ganancia». «La PAC está diseñada para los gigantes, no para nosotros, que mantenemos viva la tradición rural griega», proclama un cartel visto en los bloqueos de Tesalia, donde más de 4.000 tractores han formado cadenas de varios kilómetros.
El impacto es devastador: muchos agricultores venden a pérdida o abandonan el campo, agravando la despoblación rural y la crisis alimentaria. «Sin un plan nacional para el mañana, el sector colapsará», advierten.
Respuesta gubernamental y demandas urgentes
El primer ministro Mitsotakis ha instado a la «contención», argumentando que los bloqueos perjudican el apoyo público y generan costos adicionales, pero ha prometido 1.200 millones de euros en ayudas para finales de diciembre –500 millones más que el año anterior– y un diálogo con las asociaciones. El ministro de Agricultura, Costas Tsiaras, reconoce factores como la crisis climática y la caída en la producción, pero insiste en acelerar la distribución de fondos.
Los agricultores, no obstante, exigen medidas concretas: pagos inmediatos sin más auditorías punitivas, garantías de precios mínimos, exenciones fiscales y energéticas, y un plan nacional de sostenibilidad que incluya un sistema de subsidios más equitativo. «No nos moveremos hasta Navidad si no hay soluciones reales», amenazan, con planes para extender las protestas a puertos como el de Chania en Creta y aeropuertos en Magnesia.
La oposición griega, por su parte, acusa al Ministerio de Agricultura de «colapso» y exige transparencia total en la investigación de fraudes, junto con intervenciones para bajar costos. Mientras tanto, asociaciones como la de Serres claman directamente a Bruselas: «La UE debe actuar ante las fallas estructurales del Estado griego y reformar la PAC para proteger a los pequeños productores».
Con más de 5.000 tractores en las calles y el apoyo creciente en redes sociales, las movilizaciones griegas evocan protestas pasadas, pero con un matiz más profundo: no solo buscan la supervivencia económica, sino que llevan a cabo una denuncia al modelo agrario que, según ellos, sacrifica a los humildes en aras de los poderosos. Si el gobierno y la UE no responden con celeridad, Grecia podría enfrentar una crisis rural irreversible.
La política agraria europea es insostenible y condena a la miseria a los agricultores. Hay que apoyar sus justas reivindicaciones.