Tras la huelga del 11N, ni PP ni Vox, ni el reformismo resolverán las demandas de la clase trabajadora.
Por Víctor Siles | 13/11/2026
La huelga general del 11 de noviembre ha sido un toque de atención, pero el panorama que se abre es sombrío para la clase trabajadora. El 11-N fue la primera huelga general de ámbito estatal desde 2012. El seguimiento fue desigual. Hubo manifestaciones masivas, cortes y cargas policiales. Fue una muestra de fuerza, pero limitada por el carácter institucional de CCOO y UGT y por la incapacidad de estos sindicatos de sostener un conflicto de clase abierto contra el capital y el Estado.
A las puertas del 29 de noviembre, las encuestas confirman lo que ya se intuía: la mayoría de los sondeos sitúan a PP y Vox sumando mayoría absoluta o muy cerca de ella. El bloque de derechas aparece con entre 174 y más de 190 escaños en la mayor parte de las proyecciones, mientras el PSOE queda por detrás o en empate técnico en algunos casos. Un Gobierno PP-Vox no va a “gestionar mejor” el capitalismo: va a aplicar con mayor dureza las políticas de contención salarial, liberalización del mercado inmobiliario, recortes sociales y represión de la protesta que ya conocemos. No hay ilusión posible ahí. Pero tampoco la hay en el reformismo que ha ocupado el poder estos años.
El PSOE y Sumar han gobernado, han subido el SMI (parcialmente erosionado por la inflación), han hablado de reducción de jornada y de vivienda, y han aprobado decretos que luego el propio Parlamento —con el concurso de la derecha y de socios “progresistas”— ha bloqueado o diluido. El resultado material está a la vista: alquileres inasumibles, escasez de vivienda pública, salarios reales estancados o en retroceso para amplios sectores, precariedad cronificada y una crisis habitacional que se ha intensificado bajo su mandato. El reformismo administra el capital dentro de los límites que este impone. Cuando la correlación de fuerzas no lo obliga, no transforma las condiciones de explotación. Por eso las promesas de “segunda ola de derechos laborales” o de un parque público del 20% se han quedado en gestos, decretos insuficientes o medidas bloqueadas.
Las urnas del 29-N no son una solución mágica. Nunca lo han sido. La historia de la clase trabajadora en España y en otros países demuestra que las conquistas reales —jornada, salarios, derechos laborales, vivienda social— no se arrancan votando, sino mediante la presión organizada, la huelga y la movilización sostenida. Un cambio de Gobierno puede modificar el ritmo o la forma de la ofensiva del capital, pero no elimina la necesidad de esa movilización. Confiar en que un Ejecutivo “menos malo” o en que “el voto útil” frene el deterioro es repetir el ciclo que nos ha traído hasta aquí: desmovilización, delegación en partidos reformistas y, a la vuelta de pocos años, nuevas ofensivas patronales y estatales.
Más allá del 29-N, la clase trabajadora tiene que continuar y radicalizar el ciclo de protestas iniciado. Eso significa no subordinar las luchas por la vivienda, los salarios y las condiciones laborales a la campaña electoral ni a las expectativas de un nuevo Gobierno. Significa organizarse al margen de los aparatos sindicales mayoritarios cuando estos actúan como correas de transmisión del reformismo, y construir formas de acción independientes capaces de imponer concesiones reales al capital y al Estado, sea cual sea el color del Ejecutivo. El 11-N ha mostrado que existe capacidad de movilización; lo que falta es sostenerla, generalizarla y no dejar que se disuelva en las urnas ni en la gestión institucional.
La clase trabajadora no puede esperar a que “cambie el Gobierno” para defender sus intereses. Tiene que imponerlos por la fuerza de su propia organización y de su lucha, ahora y después del 29-N.
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