Las ONG se han transformado en una especie de ETT que reciben dinero público para colocar a refugiados en empresas que buscan mano de obra barata y temporal.
Por Sergio Meneses | 29/12/2025
En un contexto de crecientes flujos migratorios y demandas de protección internacional, el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) en España, financiado mayoritariamente con fondos públicos, ha generado controversias al posicionar a organizaciones no gubernamentales (ONG) como Cruz Roja, Accem y CEAR en un rol similar al de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Estas entidades no solo reciben subvenciones para sus actividades generales, sino también recursos específicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para formar y colocar a inmigrantes en grandes empresas, lo que plantea preguntas sobre si se trata de una genuina ayuda humanitaria o de un engranaje lucrativo que beneficia a corporaciones con mano de obra barata.
El SAPI, regulado por el Real Decreto 220/2022, integra recursos y servicios para atender a personas en situación de vulnerabilidad migratoria. En 2025, el sistema manejó un presupuesto significativo. Aunque las cifras exactas varían según fuentes, se estima que el gasto total en protección internacional ronda los cientos de millones de euros, con subvenciones directas a ONG para programas de integración. Por ejemplo, el Gobierno ha aprobado subvenciones millonarias a entidades como Cruz Roja, CEAR y Accem para atención a refugiados, con montos que superan los 13 millones en años previos. Estas organizaciones forman parte de la red estatal de acogida, gestionando desde alojamiento hasta apoyo psicológico y jurídico, pero cada vez más enfatizan en la inserción laboral.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones otorga dinero público a las ONG para que estas gestionen programas de formación laboral para refugiados, ofreciéndolos posteriormente a empresas privadas que participan en este plan.
Esto se enmarca en iniciativas como el Plan Nacional de Reasentamiento, que en 2025 facilitó la llegada de más de 800 personas refugiadas. Sin embargo, este flujo de dinero público convierte a las ONG en intermediarias que se lucran del proceso, cobrando por servicios que terminan beneficiando a empresas privadas.
Entidades como Cruz Roja, Accem y CEAR han expandido su rol más allá de la acogida inicial. Ofrecen programas de formación laboral, colaborando directamente con multinacionales como Amazon, IKEA, INECO, Grupo Cobra, Cisco Systems y ASAJA.
Este modelo transforma a las ONG en ETT ya que reciben fondos estatales por capacitar y colocar trabajadores, mientras las empresas obtienen mano de obra a bajo costo.
El caso más emblemático es el proyecto agrícola con ASAJA en Huelva, enfocado en campañas de frutos rojos y cítricos. En 2025, se amplió el programa piloto para contratar trabajadores con protección internacional, incorporando a cientos de inmigrantes africanos en contratos temporales (fijos discontinuos). Más de 300 personas participaron en estas campañas, con llegadas programadas para 2025-2026. ASAJA Huelva, en colaboración con el Ministerio, facilita la contratación de extranjeros para cubrir demandas estacionales, pero estos empleos son mayoritariamente temporales, lo que genera acusaciones de explotación.
En este sector, donde se producen la mayoría de las contrataciones de refugiados, las empresas agrícolas obtienen mano de obra barata para tareas intensivas. Las ONG participan en un engranaje que ofrece inmigrantes como trabajadores temporales, lucrándose con fondos públicos mientras los refugiados enfrentan precariedad laboral.
Mientras el SAPI y las ONG hablan de «integrar a refugiados», el modelo genera debates sobre su sostenibilidad y equidad. ¿Es un sistema humanitario o un negocio disfrazado? La respuesta depende de la perspectiva, pero los hechos muestran un flujo millonario de fondos públicos que benefician a las ONG, que no siempre priorizan el bienestar y la estabilidad de los inmigrantes refugiados.
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