En las tres comunidades, gobernadas por el PP, el patrón es idéntico: recortes que adelgazan lo público para engordar lo privado.
Por Ricardo Guerrero | 18/10/2025
El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres en España, con una incidencia que afecta a una de cada ocho a lo largo de su vida. Los programas de cribado, mediante mamografías bienales, representan una herramienta clave para la detección precoz, reduciendo la mortalidad hasta en un 30% según datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en los últimos meses, este pilar de la sanidad pública se ha convertido en el epicentro de un escándalo que ha explotado en Andalucía y se replica en la Comunidad Valenciana y Galicia.
Miles de mujeres han quedado en un limbo diagnóstico, con retrasos que han derivado en diagnósticos tardíos y, en algunos casos, muertes evitables. Detrás de estos fallos estructurales late un patrón común: la desinversión crónica en el sistema público y un proceso de privatización que prioriza el negocio sobre la vida.
El estallido en Andalucía
Todo comenzó en el mes de septiembre, cuando la Cadena SER destapó un agujero negro en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Alrededor de 2.000 mujeres, principalmente en Sevilla, Cádiz y Málaga, habían recibido mamografías con resultados «no concluyentes» o «lesiones dudosas», pero nunca fueron informadas ni citadas para pruebas complementarias. Algunas esperaron meses, incluso años, en una angustia silenciosa que se tradujo en cánceres avanzados. La Asociación de Mujeres Andaluzas Afectadas por Cáncer de Mama (Amama) ha recibido testimonios de al menos «varias mujeres muertas» por estos retrasos, y ha anunciado demandas colectivas contra el SAS.
La cronología revela negligencia institucional: las primeras quejas datan de 2024, cuando Amama alertó a la entonces consejera de Salud, Catalina García, sobre retrasos y fallos en la comunicación. Pese a ello, el problema se silenciaba hasta que estalló. El 8 de octubre, el presidente Juanma Moreno (PP) aceptó la dimisión de la consejera Rocío Hernández y anunció un «plan de choque» con 119 contrataciones, incluyendo 65 radiólogos, para revisar casos en el Hospital Virgen del Rocío, donde se concentra el 90% de los afectados. Sin embargo, sindicatos como el Sindicato Médico de Andalucía denuncian que el déficit de profesionales es estructural: listas de espera de hasta un año para pruebas diagnósticas, y una ampliación del cribado a mujeres de 45 a 75 años sin dotación adicional.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha exigido informes y no descarta intervenciones estatales, calificando el caso como «un fallo estructural» del modelo del PP. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias tras denuncias de asociaciones de pacientes.
También en la Comunidad Valenciana
El eco andaluz ha llegado rápido a la Comunidad Valenciana, donde el programa de cribado ha dejado fuera a 90.217 mujeres en 2024, el 21% de la población diana (entre 45 y 69 años). Datos internos de la Conselleria de Sanidad revelan que solo se invitó a 341.446 de las 431.663 candidatas, con variaciones alarmantes: en Xàtiva-Ontinyent, solo el 40% recibió la carta. Testimonios como el de María A. R., que esperó ocho meses por resultados en Valencia, o Gloria Tello, que tardó seis meses en un diagnóstico que derivó en mastectomía, ilustran el drama humano.
El conseller Marciano Gómez (PP) ha prometido notificaciones en 30 días máximo y 10.000 mamografías más en 2025, pero el PSOE denuncia una caída de 12.000 pruebas en 2024 y externalizaciones a privados sin transparencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha obligado a Sanidad a revelar facturas de estas derivaciones, estimadas en millones, criticadas por Compromís como «un modelo que genera incertezas dramáticas y mata». En Alicante, 21.000 mujeres quedaron excluidas, y en Castellón, 10.500.
Galicia en el punto de mira
Aunque Galicia destaca por su cobertura amplia –cribado de 50 a 74 años, con 84,6% de participación en 2024 y detección de 900 cánceres anuales–, las sombras del escándalo andaluz han avivado críticas. El Sergas estima 3.600 pruebas de colon y 450 de cérvix anuales en prisiones, pero sindicatos exigen auditorías nacionales por déficits estructurales. Profesionales alertan de retrasos en notificaciones (hasta un mes) y falta de personal, similar a Andalucía.
La Xunta ha ampliado cribados a penitenciarias y lidera proyectos como MamoRisk, con 4.000 mujeres para personalizar riesgos genéticos. Sin embargo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) urge protocolos unificados ante variaciones interautonómicas, y CSIF demanda transparencia en datos de los últimos cinco años.
Privatización y desinversión
En las tres comunidades, gobernadas por el PP, el patrón es idéntico: recortes que adelgazan lo público para engordar lo privado. En Andalucía, 734 millones en conciertos con privados en 2023 para listas de espera, mientras el cribado se externaliza a empresas como las que gestionan unidades móviles. En Valencia, derivaciones opacas y 167.000 excluidas en 2022-2023 bajo el Botànic, pero agravadas ahora por el Consell de Mazón. En Galicia, aunque más avanzada en cobertura, la presión por personal y recursos es palpable.
La ministra Ana Redondo ha denunciado que «la apuesta por la privatización» debilita la sanidad pública, con «consecuencias graves» para las mujeres. Asociaciones como Amama y ADSP-A coinciden: «La privatización mata», al transferir recursos sin supervisión, saturando el sistema y retrasando diagnósticos. El Sindicato Médico andaluz advierte: «El cáncer de mama es la punta del iceberg» de un colapso en pruebas diagnósticas.
El Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre, no puede ser solo simbólico. Exigimos auditorías independientes, inversión real en lo público y el fin de la mercantilización de la salud. Las vidas de miles de mujeres no pueden esperar más: la sanidad es un derecho, no un negocio.
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