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La visita del Papa puso nuevamente de manifiesto las dificultades de nuestro sistema político para abordar con normalidad la necesaria separación entre las instituciones públicas y la Iglesia católica.
Por Antonio Gómez Movellán | 22/11/2026
Las próximas elecciones generales se celebran en un contexto internacional especialmente preocupante. El crecimiento de las fuerzas políticas que promueven abiertamente la desigualdad, el autoritarismo, la xenofobia y la exclusión social constituye una amenaza para los avances democráticos y los derechos conquistados durante las últimas décadas. Sin embargo, frente a esta deriva reaccionaria, también estamos asistiendo a importantes movilizaciones ciudadanas en defensa de la igualdad, los servicios públicos y los derechos sociales. En Francia, miles de personas se han movilizado en defensa de la enseñanza pública, las pensiones y contra el encarecimiento de la vida. En España también hemos visto importantes movilizaciones en defensa de la vivienda, la sanidad y la educación públicas. Son expresiones de una ciudadanía que reclama más igualdad, más protección social y unas instituciones al servicio del conjunto de la sociedad, no de los intereses de unos pocos.
En este contexto, resulta especialmente preocupante la orientación de determinadas políticas que pretenden debilitar los servicios públicos. La Comunidad de Madrid es un ejemplo significativo. Su presidenta, como si fuera una Margaret Thatcher de opereta, parece empeñada en mantener un cruel pulso con los profesionales de la enseñanza pública, deteriorando un sistema educativo que debería ser uno de los principales instrumentos de igualdad y cohesión social.
La situación de nuestro país es preocupante porque las políticas de igualdad no han tenido el impulso necesario durante la última década. En el ámbito educativo, la desigualdad se ha intensificado como consecuencia del fortalecimiento de un modelo dual en el que conviven una red pública y otra privada y concertada, con fuerte presencia d elas congregaciones religiosas.
La Iglesia católica desempeña un papel de primer orden en este modelo. Su red de centros educativos constituye uno de los principales factores de diferenciación y segregación social del sistema educativo español. La existencia de centros financiados con recursos públicos que mantienen determinados mecanismos de selección del alumnado, junto con las diferencias sociales y económicas entre redes educativas, contribuye a debilitar la función igualadora de la educación; además su fuerte irrupción en la Universidad privada tiende a amplificar enormemente esa segregación social
La educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo, garantizar las mismas oportunidades con independencia del origen social, económico o cultural de las familias y fomentar los valores democráticos, la convivencia y el pensamiento crítico.
Revertir esta situación no será sencillo, porque existen intereses económicos, políticos e institucionales muy consolidados. Pero precisamente por eso es necesario abordar este debate sin complejos.
Otro de los grandes riesgos de un posible cambio político regresivo es el cuestionamiento de los avances legislativos conseguidos en materia de derechos y libertades individuales.
Derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la muerte digna y la autodeterminación de género forman parte de un proceso de ampliación de las libertades individuales y del reconocimiento de la diversidad de nuestra sociedad.
Sin embargo, estos avances están siendo cuestionados por fuerzas políticas que han anunciado su intención de derogar o modificar determinadas leyes y de abandonar las políticas públicas activas contra la discriminación.
Detrás de buena parte de estos planteamientos existe una concepción profundamente conservadora que pretende trasladar al conjunto de la sociedad una determinada moral religiosa, fundamentalmente vinculada a la doctrina de la Iglesia católica.
Y aquí reside una cuestión fundamental: en una democracia, la moral pública no puede identificarse con la moral privada de una confesión religiosa. Las leyes deben construirse desde los derechos humanos, la libertad, la igualdad y el respeto a la pluralidad de convicciones de la ciudadanía.
La visita del Papa puso nuevamente de manifiesto las dificultades de nuestro sistema político para abordar con normalidad la necesaria separación entre las instituciones públicas y la Iglesia católica. La actitud de buena parte de los representantes políticos e institucionales, con la excepción de algunas formaciones como el BNG y Podemos, evidenció una vez más la persistencia de una cultura política que sigue otorgando a la Iglesia católica un reconocimiento y una posición privilegiada que no se corresponden con la necesaria neutralidad religiosa del Estado. La recepción institucional , la bendición papal y los aplausos prolongados al pontífice fueron una expresión más de esa relación de proximidad entre el poder político y la jerarquía católica además de reforzar el carácter católico de la jefatura del Estado.
Una visita de estas características podría haber servido para abrir un debate público sobre la situación de los privilegios eclesiásticos, la vigencia de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede y la necesidad de avanzar hacia una verdadera separación entre las instituciones democráticas y la jerarquía religiosa. Sin embargo, se desaprovechó esa oportunidad. Lejos de impulsar medidas para avanzar en la laicidad institucional, la visita contribuyó a reforzar una imagen de normalidad de los privilegios históricos de la Iglesia católica.
El problema de fondo es que España sigue arrastrando una anomalía democrática: aunque constitucionalmente se define como un Estado aconfesional, mantiene un marco de relaciones con la Iglesia católica que le concede una posición singular frente al resto de las convicciones religiosas y no religiosas. Los acuerdos entre España y la Santa Sede, la financiación pública de actividades eclesiásticas, el régimen de privilegios fiscales y la presencia de la religión en el sistema educativo son cuestiones que deben formar parte de un debate democrático pendiente. No se puede hablar de igualdad mientras se mantienen privilegios institucionales basados en razones históricas o religiosas. Tampoco se puede defender plenamente la libertad de conciencia mientras el Estado establece relaciones de excepcionalidad con una determinada confesión.
La legislatura que termina ha dejado pasar una oportunidad importante para avanzar en la dirección de un Estado laico . No se han abordado con la decisión necesaria los privilegios históricos de la Iglesia católica ni se ha impulsado una transformación profunda de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas.
Y ahora existe el riesgo de que un cambio de gobierno no solo paralice cualquier avance, sino que consolide y amplíe los privilegios existentes y cuestione derechos que tanto esfuerzo ha costado conquistar.
Por eso, el laicismo debe formar parte de la agenda política y electoral. No podemos permitir que los derechos y las libertades dependan de las convicciones religiosas de quienes gobiernan ni que las instituciones públicas estén condicionadas por los intereses de ninguna jerarquía religiosa.
Más democracia exige más igualdad. Más igualdad exige menos privilegios. Y una democracia verdaderamente libre necesita un Estado laico.
Antonio Gómez Movellán pertenece al Grupo de Pensamiento Laico – Europa Laica.
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