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La regularización de 2026 no es anomalía coyuntural, sino un hilo conductor de un siglo de políticas migratorias llevadas a cabo por la izquierda como antídoto a frente a la derecha xenófoba.
Por Lucio Martínez Pereda | 28/01/2026
Podemos consigue que el Gobierno español anuncie una regularización extraordinaria de migrantes para quienes acrediten estancia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Deben demostrar al menos cinco meses de residencia efectiva (con padrón, contratos, facturas o informes médicos), carecer de antecedentes penales relevantes y presentar la solicitud antes del 30 de junio de 2026. Al admitir la solicitud, se suspenden expulsiones y se otorga residencia provisional para trabajar y acceder a servicios como sanidad.
Aprobada vía Real Decreto el 27 de enero de 2026 tras pacto PSOE-Podemos, beneficiará a unos 500.000-700.000 migrantes irregulares y responde a una ILP con más de 700.000 firmas.
La regularización de 2026 no es anomalía coyuntural, sino un hilo conductor de un siglo de políticas migratorias llevadas a cabo por la izquierda como antídoto a frente a la derecha xenófoba. Un compromiso político con la defensa de los derechos humanos que empieza al inicio de la Segunda República -cuando el gobierno de Azaña en 1932 regularizó a miles de jornaleros republicanos exiliados en Francia, respondiendo así al fascismo naciente. Desde entonces se ha originado una tradición política por la cual la izquierda ha usado la integración del migrante como recurso contra el ultra nacionalismo excluyente.
La regularización de 2026 conseguida por la presión de Podemos sobre el gobierno del PSOE no es solo una propuesta para aliviar una emergencia concreta. Se inserta, como decíamos antes, en un hilo de continuidad que recorre un siglo de políticas migratorias impulsadas por la izquierda, concebidas como antídoto frente a las diferentes reediciones históricas de la derecha xenófoba.
Detrás de estas medidas no hay solo técnica administrativa, sino una cultura política: la que entiende los movimientos migratorios como un terreno donde se confrontan dos proyectos de sociedad, uno fundado en la exclusión xenófoba y otro articulado en torno a la universalidad de los derechos.
Esa genealogía arranca, como decíamos antes, en los años de la Segunda República: el reformismo azañista quería algo más que una política social, buscaba reaccionar contra aun fascismo naciente que empezaba a presentar al extranjero como amenaza.
A partir de ese primer momento, se configura esa tradición política. Durante la Transición, la memoria de los exilios republicanos convivió con las primeras políticas hacia refugiados latinoamericanos y opositores a las dictaduras del Cono Sur, situando otra vez la figura del migrante como espejo de la defensa de los valores democráticas. En las regularizaciones extraordinarias de finales del siglo XX y comienzos del XXI, la izquierda retoma ese repertorio: convertir la integración jurídica y social del extranjero en una respuesta deliberada a los discursos de “invasión”, “sustitución” o “colapso” que quieren instalar las derechas reaccionarias.
La regularización aprobada en 2026 se inscribe, así, en esa larga duración. El acuerdo para abrir una vía extraordinaria de acceso a la residencia y a los derechos básicos a cientos de miles de personas migrantes no se puede entender al margen de un clima de odio político en el que la extrema derecha ha hecho de la figura del “sin papeles” su principal enemigo útil.
Al optar por la integración frente al castigo, por el reconocimiento frente a la expulsión, la izquierda vuelve a activar un patrón histórico: utilizar la política migratoria como dispositivo de contraofensiva democrática frente al ultranacionalismo excluyente trumpista y sus cámaras de eco en España: el partido Popular y Vox.
*En la fotografía de portada, Serigne Mbayé Diouf: activista senegalés. Fue pescador antes de llegar en 2006 a las Canarias en patera. Se instaló en Lavapiés, trabajó en la calle y cofundó en 2015 el Sindicato de Manteros para visibilizar y reclamar derechos laborales para los vendedores ambulantes migrantes. Lideró protestas tras la muerte de Mame Mbaye en 2018, y afiliado a Podemos fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid en 2021 (primer diputado negro). Es secretario de antirracismo del partido.
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