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Tras más de un año de huelga, los bomberos forestales de Madrid logran un preacuerdo con Tragsa que avanza en estabilidad, reconocimiento profesional y mejoras salariales.
Por Anabel Castillo | 4/09/2026
Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid contratados por la empresa pública Tragsa han conseguido un preacuerdo laboral después de una huelga iniciada el 15 de julio de 2025. El conflicto, uno de los más largos del sector en la región, se suspendió a finales de mayo para priorizar la extinción de incendios, y las negociaciones avanzaron hasta un texto respaldado por el 90 % de la plantilla. Queda pendiente la autorización del Ministerio de Hacienda.
El convenio que regulaba sus condiciones llevaba caducado desde 2008-2012. Los salarios estaban congelados desde 2010 en torno a 1.300 euros mensuales en las categorías más bajas, cercanos al salario mínimo, sin pluses suficientes por peligrosidad, toxicidad, penosidad o exposición a agentes cancerígenos. Cerca del 40 % de la plantilla solo trabajaba los meses de verano, lo que provocaba pérdida de experiencia cada año.
Estabilidad todo el año y más efectivos
Uno de los avances más relevantes es la reducción de la temporalidad. El nuevo encargo de la Comunidad de Madrid a Tragsa, vigente desde 2026, contempla un incremento presupuestario de unos 4 millones de euros, hasta superar los 32 millones anuales, y la consolidación de alrededor de 420-450 efectivos durante los 12 meses del año. Antes, la plantilla de invierno se reducía drásticamente. Esto permite mantener trabajos preventivos (desbroces, cortafuegos, mantenimiento de pistas) que habían caído hasta un 50 % en el último invierno.
Reconocimiento profesional y mejoras retributivas
El preacuerdo incluye mejoras salariales ligadas al reconocimiento de las funciones recogidas en la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Se elimina la categoría de “peón” y se avanza hacia la denominación y los complementos propios de bombero forestal (peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, etc.). También se abordan aspectos de organización de jornada, descansos y un plan de protección frente a agentes cancerígenos, una reivindicación reiterada ante la Inspección de Trabajo.
Estas conquistas no habrían llegado sin la movilización sostenida. Los trabajadores, organizados en el comité de empresa (Firet, UGT y CGT), mantuvieron concentraciones ante Tragsa, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda, denunciaron el bloqueo a la negociación y exigieron que una empresa pública con beneficios millonarios terminara con las condiciones precarias. La presión pública y la evidencia de que la falta de personal y de prevención afecta a la seguridad de la ciudadanía forzaron la mesa de diálogo.
El preacuerdo no cierra todos los frentes: el colectivo sigue reclamando una senda retributiva que recupere el poder adquisitivo perdido (estimado en más del 30% por el IPC) y garantías plenas de aplicación. Aun así, supone un cambio de rumbo respecto a años de inmovilismo. La lucha ha demostrado que la persistencia sindical puede abrir vías de mejora en un servicio esencial para la protección del medio natural madrileño.
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