La Consejería de Educación ha rechazado convocar una mesa de diálogo con el comité de huelga, al que acusa de promover una protesta “política”.
Por David Hurtado | 21/10/2026
La huelga educativa indefinida que sacude la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid desde el 14 de octubre ha convertido las aulas y las calles en el escenario de un pulso abierto entre el profesorado y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Convocada por un amplio frente sindical y de plataformas docentes —CCOO, UGT, STEM, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y colectivos como Menos Lectivas o Educación Especial Digna—, el paro afecta a unos 65.000 docentes que imparten clase a más de 666.000 alumnos. Tras una semana de paros, el Ejecutivo regional se mantiene firme en su negativa a sentarse a negociar, mientras los profesores intensifican la presión con marchas, asambleas y concentraciones que han llegado a rodear la Consejería de Educación y a bloquear actos institucionales.
Las demandas del movimiento se centran en recuperar condiciones que consideran deterioradas y en equiparar la situación madrileña con la de otras comunidades. Reclaman reducir la carga lectiva a un máximo de 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, frente a las cifras actuales más elevadas. Piden bajar las ratios de alumnos por aula de forma significativa: 13 en el segundo ciclo de Infantil, 15 en Primaria y 20 en Secundaria, con adaptaciones específicas para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Exigen también un incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico, una medida que justifican por el alto coste de la vida en Madrid y por la comparación salarial desfavorable con territorios como el País Vasco, Navarra o Cataluña. A estas reivindicaciones se suman más personal de apoyo y orientación, la reducción de la carga burocrática, mejoras en infraestructuras (incluyendo climatización y retirada de amianto) y medidas para combatir la segregación escolar.
El seguimiento ha sido notable en las primeras jornadas, según los sindicatos, aunque la Consejería ofrece cifras más bajas. Las manifestaciones han reunido a miles de docentes —algunas concentraciones han superado las 10.000 personas según la Delegación del Gobierno— y han incluido cortes de tráfico y concentraciones frente a sedes oficiales. En varias ocasiones se han producido cargas policiales, especialmente cuando los profesores han intentado acercarse a actos en los que participaba Ayuso o la consejera, lo que ha generado nuevas denuncias y una investigación abierta por parte de la Delegación del Gobierno.
Frente a esta presión, el Gobierno de Ayuso se atrinchera. La Consejería de Educación ha rechazado de plano convocar una mesa de diálogo con el comité de huelga, al que acusa de promover una protesta “política” cuyas reivindicaciones “no están al alcance” de la Comunidad. La presidenta regional y su equipo insisten en que ya existen acuerdos previos sobre ratios y en que la huelga forma parte de una estrategia electoralista de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en lugar de reconocer un malestar real del sector. Esta posición de cierre ha radicalizado a una parte del profesorado, que responde con nuevas jornadas de paro y con el cambio simbólico del verde al negro en las marchas, en señal de rechazo a lo que consideran un desprecio institucional.
El conflicto se prolonga sin horizonte claro de negociación. Mientras los docentes mantienen la huelga indefinida y planean nuevas acciones, el Ejecutivo madrileño confía en que el desgaste del paro y el calendario electoral acaben diluyendo la movilización. En el centro de la disputa queda la educación pública madrileña, atrapada entre unas reivindicaciones que buscan mejorar condiciones laborales y de atención al alumnado y una respuesta gubernamental que, de momento, prioriza la firmeza política sobre el diálogo.
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