No estamos ante un accidente o un caso aislado. La vivienda, en el capitalismo, no es un derecho que se garantiza. Es un negocio.
Por Fernando Ariza | 23/09/2026
Este miércoles 23 de septiembre, una comisión judicial ejecutó el desahucio de Mari Carmen Abascal, de 87 años y con un 50% de discapacidad reconocida, de la vivienda número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito del Retiro. Llevaba allí setenta años. Entró con 17. Su padre firmó un contrato de renta antigua en 1956. Ella nunca dejó de pagar. Salieron con ella en camilla, rumbo al hospital. Fuera, cientos de manifestantes gritaban. Dentro, el propietario —Urbagestión, empresa vinculada a un fondo de inversión— se negó a aceptar ofertas de mediación, aplazamientos humanitarios o incluso un margen mínimo para recoger sus pertenencias.
No estamos ante un accidente o un caso aislado. La vivienda, en el capitalismo, no es un derecho que se garantiza. Es un negocio. Un contrato de renta antigua es un lastre para la rentabilidad. Un edificio en una zona revalorizada de Madrid es una oportunidad. El fondo buitre hace sus fríos cálculos. La ley, interpretada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, le dio la razón al propietario sobre la validez de la segunda subrogación. La policía ejecutó la sentencia. Los servicios sociales del Ayuntamiento ofrecieron un recurso habitacional inmediato. El Ministerio de Vivienda urgió a Almeida y a Ayuso. Hubo incluso una donante anónima dispuesta a cubrir la diferencia, pero nada de eso detuvo el desahucio.
No se trata de un fallo de gestión puntual. Es la jerarquía de prioridades del capitalismo: primero la propiedad y el rendimiento del capital, después —si queda margen— la piedad administrativa.
Los gobiernos sucesivos no están fuera de esta lógica. La administran. Unos aceleran la liberalización del suelo y del alquiler. Otros anuncian leyes de vivienda, moratorias parciales, mediaciones y recursos sociales. En ambos casos, el marco, la esencia, permanece: el inmueble es una mercancía y el Estado responde a los intereses del capital. El derecho a la vivienda se reconoce en el papel y se subordina en la práctica al derecho de disposición del propietario. Esa es la naturaleza del sistema.
Decir que “el problema es este fondo buitre” o “este alcalde” o “este Gobierno” convierte un mecanismo estructural en una anécdota moral. Los gobiernos son gestores de un orden en el que el gran capital inmobiliario y financiero tiene capacidad de veto sobre lo que se puede hacer con el parque residencial. Pueden suavizar un caso mediático, pero no hay voluntad política por desmercantilizar la vivienda.
Por eso el desenlace de Mari Carmen no se resuelve con una mejor negociación, un decreto o un alcalde con mayor sensibilidad. El problema son las reglas del juego. Mientras la vivienda sea un bien de inversión, habrá inquilinos viejos, enfermos o pobres que sobran en el balance. Mientras el Estado proteja esa forma de propiedad por encima de la permanencia vital de quien habita, habrá desahucios. La solución que se pide “dentro del sistema” es, en el mejor de los casos, un aplazamiento más elegante del mismo conflicto.
Mari Carmen no es una excepción. Es la prueba de lo que el capitalismo hace cuando un derecho fundamental choca con una plusvalía. Quien crea que esto se arregla sin cuestionar este sistema se equivoca y solo aplica parches.
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