Las fuerzas de seguridad del Estado permitieron que se insultara, que se vejara y que se amenazara de muerte y en un sitio público a una Autoridad porque el sistema español sigue garantizando a los adeptos del franquismo cierta impunidad.
Por Isabel Ginés y Carlos Gonga
Hace pocos días se retiró el vestigio franquista de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castelló, un mamotreto de 6 metros de altura y de 6 toneladas de peso a pie de calle. No entraremos a deliberar si se debía haber retirado o no porque la cruz franquista sobraba indiscutiblemente en nuestras calles, como también están de más los símbolos, las estatuas, los monumentos o las placas de calles que elogian el franquismo, que recuerdan con grandeza a sus líderes criminales, que conmemoran sus hazañas golpistas o que rinden tributo al fascismo como si tuviese un gran valor que la sociedad debiera admirar. No vamos a explicar el axioma de que alimentar públicamente el ego del fascismo perjudica a la democracia; la retirada de las huellas del franquismo ya es ley, hoy nos preguntamos: ¿Cómo es posible que en un supuesto país democrático ciertas personas tengan potestad para propagar su odio ideológico hasta el extremo de amenazar de muerte públicamente, sabiéndose jurídicamente intocables porque el sistema les garantiza su impunidad?
El pasado 4 de enero de 2023, ese gran día por la retirada de la enorme cruz franquista pero bochornoso por la miseria humana que se demostró, había en las inmediaciones del vestigio franquista unos personajillos que se dedicaron a hacer lo único que saben hacer, por lo que se les da como a nadie: propagar odio y ser los hazmerreír. Sacando pecho, irguiendo los hombros, paseándose con actitud altiva y chulesca, tratando en vano de esconder bajo sus ladridos y su matonismo su nostalgia del franquismo, mandaron al traste con su saludo hitleriano, sus amenazas y sus alusiones al régimen genocida de Franco la duda, para quien todavía la tuviera, de que esa cruz no era cristiana sino franquista. Boicotearon con su simbolismo y sin pretenderlo a otros defensores de la cruz, y es que quien tiene cara de tonto suele serlo.
Al encapuchado exaltado que dio el alto a su taxi imaginario, a menos de un metro de varios agentes de policía que tenía de frente, el saludo nazi le habría acarreado la cárcel de haber estado en Alemania; aquí, en España, ni se le identificó siquiera. No quedó ahí su bravuconería, la impunidad les dio alas: este mismo gritó que nos iban “a pasar por encima, como en el 36”, que nos “cuelguen de la soga”, otro que “se fusila poco” y más perlas por el estilo. Una cosa quedó clara: había demasiado oxígeno desperdiciado en esa concentración. Una persona que tuvo que soportar más que nadie de las allí presentes fue Verònica Ruiz, concejala de Cultura, Feminismos, LGTBI y Memoria Democrática del Ajuntament de Castelló, quien cumplió con su deber, con su obligación como demócrata en representación del pueblo castellonense y que durante meses ha sufrido un acoso y derribo que nadie en una democracia debería tener que soportar. Todas aquellas personas que contribuyeron a este hostigamiento deberían ser enjuiciadas y multadas.
Al poco de llegar Verònica al paseo Ribalta los micros y las cámaras de los medios la rodearon. Al mismo tiempo que se reafirmaba en la firme defensa de la memoria democrática, tres negligentes mentales ornamentaban las declaraciones de la concejala con el batiburrillo de quienes tratan de llenar su vacío cognitivo con mucho ruido. Gritaban desde “payasa”, “hija de puta” o “subnormal” hasta “Verònica al paredón” o “convendría que te fusilara, sí que convendría que te hiciera pum pum”: amenazas a una Autoridad sin que ninguno de los miembros de las fuerzas del orden allí presentes hiciera nada. No se hizo absolutamente nada: no se identificó a nadie, no se amonestó a ninguno de los susodichos y, por descontado, no se les sancionó. Las fuerzas de seguridad del Estado permitieron que se insultara, que se vejara y que se amenazara de muerte y en un sitio público a una Autoridad porque el sistema español sigue garantizando a los adeptos del franquismo cierta impunidad.
No hay país democrático en que se respalden con tal impunidad tales agresiones verbales o amenazas de muerte. España es la excepción, ese país donde la simple reivindicación activa de la justicia o de la libertad es pretexto suficiente para recibir ataques de estos energúmenos fascistas con morriña franquista. Así como la gente con una capacidad mínima de pensamiento crítico se sirve de la memoria histórica y democrática para conocer lo que el fascismo provocó, para procurar actuar en consecuencia y en base a ello tratar de evitar que este lo pueda volver a hacer, estas personas inhumanas persiguen las huellas residuales del régimen que se apropió de España, en el que sus predecesores ideológicos gozaban de libertad para torturar, violar, fusilar o asesinar con total impunidad.
Así como las personas con sentido común reflexionamos con la memoria histórica, aprendemos de ella y adecuamos la sociedad actual como una senda democrática sin vestigios franquistas que nos hagan tropezar, estas personas de sentido común distraído utilizan la represión asesina del franquismo como ejemplo a seguir. La represión es la máxima aspiración de convivencia para quienes comunican sus ideas mediante la violencia. Les tienta, sabiendo que existió en España hace no demasiado, esa vida oportunista de violadores, ladrones de propiedades, torturadores y genocidas que no tenían confrontación; aunque sus referencias a grito pelado únicamente demuestran que no conocen bien el régimen franquista, al que veneran y que probablemente a algunos de ellos también les habría hecho caer. Tal vez la cuestión sea tan simple como el hecho de que su vida es tan vacía que se aferran a lo único que piensan que les da poder, hacer un fuego con sus colegas trogloditas en la caverna para entrar en calor, adorando al águila a la que alimentan porque tiempo atrás fue ella quienes les daba de comer y salir a vociferar cuando se sienten amenazados por la civilización. Sea como sea, resulta vergonzoso que en un país democrático se siga consintiendo que estos seres intransigentes campen a sus anchas con la libertad y la impunidad que se les otorga.
La Cruz de los Caídos se retiró del parque Ribalta de Castelló porque era un vestigio franquista, porque se utilizaba como punto de reunión para personas y partidos de extrema derecha en fechas señaladas y porque era un recordatorio para viandantes del genocidio que acometió el franquismo en la ciudad, una alabanza a una ideología cuya memoria no debe ser perpetuada. La cruz no debía estar ahí y ya no está, esta batalla se ha ganado y por mucho que ladren, que insulten o que amenacen, tendrán que ir a roer el hueso de su amo a otra parte. Nos van a tener enfrente por más que rabien porque estamos en el lado correcto de la historia, en el de despojar las calles de cruces que alaban el fascismo, al lado de Verònica Ruiz y de todas las personas que defienden nuestra democracia y una España libre de vestigios franquistas. Queremos un país donde no haya dos Españas y en Castelló se demostró que si el precio que debemos pagar por ello es recibir insultos, amenazas y agresiones verbales o físicas estamos dispuestas y dispuestos a luchar por ese país, pese a esa injusta impunidad.
Estos mediocres herederos de su autodenominado glorioso franquismo seguirán amenazando a la gente que se manifiesta y cumple su deber como demócrata porque solo les queda eso: cuando la ignorancia y la intransigencia se resisten a morir siempre se transforman en violencia. Nosotras y nosotros tenemos argumentos, decencia y una defensa firme e inquebrantable de la verdad. Seguiremos defendiendo una España donde todas y todos quepamos, donde no haya admiración por un régimen genocida, le pese a quien le pese. Será dura y complicada la batalla, aunque peor lo pasaron aquellas personas a quienes arrebataron la vida en tapias y paredones, aquellas que murieron en cárceles o que se exiliaron, las que fueron familia de todas ellas, aquellas a quienes les debemos el seguir defendiendo los valores que defendieron. Su muerte no fue en vano ni lo fueron sus torturas, ni su tormento: hemos tomado su legado y lo estamos defendiendo. En un país democrático no tiene cabida lo que pasó el 4 de enero en Castelló; ojalá un día, más pronto que tarde, que ya lo es bastante, quepamos todas y todos en esta España y se revoque esa inherente impunidad que el Estado todavía otorga a unos pocos.
Por desgràcia en esté país no ha cambiado casi nada, desdé que murió el dictador, a ésa gente no le piden ni el DNI, a otros nos quitan publicaciones o cierran cuentas para siempre, a parte que para algunos si que aplican la ley mordaza, solo porque alguien de éste tipos de gente simplemente denuncie.