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El Ejecutivo de Luís Montenegro impulsa, bajo el lenguaje de la ‘competitividad’ y el ‘crecimiento’, un proyecto que ataca directamente a la clase trabajadora.
Por Raúl Alcántara | 18/11/2026
El 21 de noviembre la clase trabajadora portuguesa sale a las calles de Lisboa en una gran manifestación nacional convocada por la CGTP-Intersindical, bajo el lema de un nuevo rumbo para el país, más salario y mejores pensiones, y contra el aumento del coste de la vida. Esta jornada, que se suma a la huelga de la Administración Pública del día 20 y a paros sectoriales en puertos, prisiones y otros ámbitos, expresa la respuesta directa de los trabajadores a las políticas antiobreras del gobierno liberal de Luís Montenegro.
Las reivindicaciones centrales son claras: aumentos salariales de al menos el 15% y la elevación del salario mínimo nacional a 1.100 euros desde enero de 2027. Se exige también la revalorización de las pensiones, la inversión real en los servicios públicos (salud, educación, vivienda y seguridad social) y medidas que frenen el encarecimiento de los bienes esenciales. Estas demandas no son “privilegios”: son la recuperación de lo que el capital ha arrebatado a través de la explotación y la inflación. Frente a un presupuesto del Estado para 2027 que profundiza el desmantelamiento de lo público y favorece a los grupos privados, los trabajadores responden que la riqueza que generan debe servir a la vida digna de la mayoría, no a la acumulación de una minoría.
El Ejecutivo de la Alianza Democrática impulsa, bajo el lenguaje de la “competitividad” y el “crecimiento”, un proyecto que ataca directamente a la clase trabajadora. El paquete laboral “Trabalho XXI”, que intentó facilitar despidos, flexibilizar horarios, ampliar la externalización y debilitar derechos, fue rechazado en junio tras la huelga general del 3 de ese mes, pero el gobierno no ha renunciado a sus planes. Ahora, a través del presupuesto y de reformas en vivienda y empleo, profundiza la degradación de los servicios públicos, mantiene salarios bajos y entrega la vivienda a la especulación inmobiliaria y a los fondos. Es la clásica política liberal: fuerte con los débiles y débil con los fuertes, que privatiza lo común y socializa las pérdidas.
Un ciclo europeo de lucha de clases
Esta movilización portuguesa no está aislada. Forma parte de un ciclo de protestas y huelgas que recorre el continente: la huelga general del 11 de noviembre en España por vivienda, salarios y coste de la vida; las movilizaciones continuas en Francia contra la pérdida de poder adquisitivo y la degradación de los servicios públicos; las acciones en Italia y otros países. En todas partes el mismo patrón: estancamiento salarial real, encarecimiento de la vida y ataque a lo público. El capital europeo, tras años de austeridad y recuperación desigual, impone la disciplina del mercado mientras los gobiernos de distinto signo aplican la misma receta antiobrera.
Bajo el capitalismo el poder adquisitivo de los trabajadores se estanca o retrocede porque los salarios son el coste que el capital busca minimizar mientras eleva los precios y las rentas. En Portugal los precios de la vivienda han crecido mucho más rápido que los ingresos (el mayor aumento relativo de la UE entre 2015 y 2025), los alquileres en Lisboa superan con frecuencia los salarios medios y hay un déficit de cientos de miles de viviendas. La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en mercancía y activo financiero. Este no es un fallo accidental del sistema: es su lógica. Solo la organización y la lucha de la clase trabajadora pueden arrancar conquistas y abrir el camino hacia una sociedad en la que la producción sirva a las necesidades humanas y no a la acumulación privada. El 21 de noviembre es un paso más en esa batalla.
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