La clase trabajadora y los jóvenes muestran un hartazgo creciente frente a un sistema que, tras décadas de promesas de estabilidad y prosperidad, les ofrece precariedad y represión cuando expresan su descontento.
Por Javier Siscart | 21/10/2026
Italia y Francia han comenzado a desplegar tropas y a endurecer de forma drástica el aparato de seguridad para sofocar las protestas masivas impulsadas por el alto costo de la vida, el estancamiento de los salarios y el deterioro de los servicios públicos. Los gobiernos de Giorgia Meloni y Emmanuel Macron enfrentan un descontento que ya no se limita a movilizaciones tradicionales y que en varios puntos ha derivado en disturbios, saqueos y enfrentamientos callejeros.
Italia envía soldados a Milán y aprueba leyes de excepción
El gabinete de Meloni aprobó el envío de quinientos efectivos del Ejército a Milán con la misión de reforzar la seguridad en sitios sensibles, aumentar la vigilancia y apoyar a las fuerzas policiales tras días de protestas violentas. Los disturbios se concentraron sobre todo en el norte del país, especialmente en Milán, Bolonia, Turín y Brescia, y fueron protagonizados en gran parte por jóvenes.
Hubo saqueos de tiendas, rotura de cristales y enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. El gobierno creó un nuevo delito de participación violenta en una manifestación que castiga con hasta cinco años de prisión y multas de veinte mil euros a quienes integren grupos de al menos cinco personas y pongan en peligro la seguridad pública. También estableció la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por menores y amplió la posibilidad de detener a jóvenes de entre catorce y diecisiete años si se considera que representan un peligro, aunque no hayan cometido delito.
Meloni calificó los hechos como crimen y no como protesta, y prometió una respuesta firme del Estado. Las movilizaciones se alimentan de los precios del combustible y la energía, los alquileres elevados, los bajos salarios y el estado de los servicios públicos. En el sur, camioneros mantienen bloqueos de carreteras por el precio del diésel, mientras una huelga general está convocada para el 20 de noviembre.
Francia recurre a fuerzas militares, toques de queda y detenciones masivas
En Francia cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar por el costo de la vida, la degradación de los servicios públicos, especialmente en educación, y el estancamiento salarial. Las manifestaciones derivaron en los disturbios más graves de los últimos años, con saqueos, incendios de edificios públicos y enfrentamientos que dejaron alrededor de dos mil cuatrocientas detenciones.
El gobierno respondió con toques de queda parciales en ciudades como París, Burdeos, Lille y Niza, prohibiciones de mascarillas, cascos y recipientes de combustible en determinadas zonas, y el anuncio de que fuerzas militares se desplegarán durante las nuevas protestas previstas para el sábado siguiente. Esas tropas actuarán principalmente para liberar a policía y gendarmes de tareas de orden público, en el marco de una presencia policial que el ejecutivo ha descrito como masiva.
Macron y Lecornu han prometido una restauración inmediata del orden y han acusado a parte de los manifestantes de actos inaceptables. La presión económica de fondo es similar a la italiana: inflación acumulada en alimentos, energía y vivienda que no ha sido compensada por aumentos salariales reales.
Un sistema que no ofrece futuro a la clase trabajadora
Los datos económicos respaldan el malestar. Informes recientes indican que los salarios reales en Francia e Italia se encuentran estancados o se proyectan a la baja en el corto plazo, mientras los precios de bienes esenciales siguen altos. La vivienda se ha vuelto inaccesible para amplias capas de trabajadores y jóvenes, y los servicios públicos muestran signos claros de deterioro después de años de austeridad, pandemia y shocks energéticos.
No se trata de un fenómeno aislado. Protestas similares por el costo de la vida y la vivienda se han registrado en Portugal, España y otros países europeos. Lo que distingue a Italia y Francia en estas semanas es la escalada de la respuesta estatal hacia el uso de tropas y legislación de excepción. Los gobiernos argumentan que protegen el orden público y el patrimonio ante saqueos y violencia. Los manifestantes y sindicatos responden que el Estado prioriza la contención represiva en lugar de abordar las causas estructurales: bajos salarios, especulación inmobiliaria y servicios públicos degradados. El resultado es un polvorín social.
La clase trabajadora y los jóvenes muestran un hartazgo creciente frente a un sistema que, tras décadas de promesas de estabilidad y prosperidad, les ofrece precariedad y represión cuando expresan su descontento. Tanto Meloni como Macron se acercan a ciclos electorales importantes con una legitimidad cuestionada por amplios sectores de la población que ya no ve en las instituciones un horizonte de mejora. La militarización de la respuesta puede contener las calles a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo.
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