La organización defiende abiertamente en un comunicado la existencia de burdeles y la explotación sexual de la mujer.
Por Oriol Sabata | 26/07/2024
El 25 de julio conocíamos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que validaba la legislación aprobada en Francia que penaliza a los consumidores de prostitución con multas que van desde los 1.500 a los 3.500 euros.
La ley francesa, aprobada el año 2016, prohíbe la compra de actos sexuales y dictamina que no puede imponerse un acto sexual a otra persona, ni por la vía de la coacción física o psicológica, ni abusando de una situación de vulnerabilidad o a través de la coacción económica.
Dicha legislación fue impugnada ante los tribunales por organizaciones vinculadas al lobby proxeneta. Tras ser rechazada en 2019, fue recurrida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que este 25 de julio validó la ley.
Entre las organizaciones que se habían posicionado en contra de la ley francesa, se encuentra Amnistía Internacional, que emitió un bochornoso comunicado lamentando la sentencia del TEDH. En un ejercicio de blanqueamiento y defensa de la explotación sexual, Amnistía se refiere en todo momento al ‘trabajo sexual’ y asegura que la legislación francesa vulnera los derechos de las ‘trabajadoras sexuales’ ya que ‘criminaliza su trabajo’. Anna Blus, investigadora de Amnistía, afirma que la ley discrimina y estigmatiza a las ‘trabajadoras sexuales’. De hecho, Blus ampara la existencia de prostíbulos bajo el argumento de que de esa manera las ‘trabajadoras sexuales’ pueden trabajar juntas y garantizar así ‘su propia seguridad’.
Resulta realmente escandaloso comprobar como esta organización justifica el funcionamiento de estos establecimientos que en la práctica no son más que auténticos nidos de abusos, violencia y explotación sexual de mujeres. La realidad es que, lo que se esconde detrás de esa falaz retórica en favor de los derechos de la mujer y los Derechos Humanos es un negocio muy lucrativo. El lobby proxeneta mueve millones de euros a través del sistema prostitucional. Por eso quiere perpetuarlo a través de la regularización, que no es en favor de la mujer prostituida sino de sus bolsillos.
Lo que hay que explicarle a Amnistía Internacional es que lo que verdaderamente garantiza la dignidad y la seguridad de las mujeres es la abolición de la explotación sexual y de todo este sistema repugnante y criminal que la sostiene. Y esto no es tan solo una apreciación subjetiva. En Alemania, la legalización de la prostitución, su normalización y la despenalización a los compradores de sexo, ha provocado un crecimiento de la demanda del 30 por ciento.
Al otro lado encontramos el modelo sueco: en el año 1999 se implantó en el país nórdico una nueva legislación de carácter abolicionista que penalizaba la compra de servicios sexuales. Este modelo ha logrado reducir la prostitución hasta dos tercios y los consumidores en un 80 por ciento. Un modelo, además, que ha ofrecido una salida a las mujeres que se encontraban en situación de explotación sexual.
No cabe duda que la defensa de los derechos y la dignidad de la mujer pasan, inexorablemente, por un modelo abolicionista, que castigue con dureza al consumidor y paralelamente brinde alternativas a las mujeres víctimas del sistema prostitucional.
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