En las luchas entre patronos y obreros, las distintas autoridades no se ponían nunca de parte de los desposeídos, de los que reclamaban un salario más remunerador, y ni siguiera se mostraban imparciales, persiguiendo a los trabajadores y sus representantes.
Por Eduardo Montagut | 31/08/2025
Pablo Iglesias manifestó en distintas ocasiones la falacia de la igualdad ante la ley. Hoy queremos plantear sus ideas a través del artículo que publicó en el número del 27 de mayo de 1920 de El Socialista.
Era imposible que mientras hubiera “asalariantes” y asalariados, millonarios y hambrientos, hombres a los que nada faltaba y hombres que carecían de todo, pudiera haber igualdad ante la ley. Era imposible que fueran iguales jurídicamente los que disponían del poder y los que tenían a éste como un enemigo. No podían ser iguales los que manejaba los tribunales y los que carecían de influencia sobre los mismos. No podían ser iguales los que contaban con la guardia civil y los que la tenían enfrente. No podían ser iguales los que veían defendidos sus intereses por el ejército y los que veían los suyos amenazados por el mismo. Y eso mismo se podía aplicar en relación con la policía o con la Iglesia. En las huelgas coaccionaban los patronos y coaccionaban o no coaccionaban los obreros, ciertamente, pero ninguno de los primeros iba a la cárcel mientras que los segundos sí, y hasta cuando no coaccionaban. Los acaparadores provocaban hambre al pueblo. Las víctimas protestaban conta ese verdadero crimen, pero eran detenidos y no los primeros. Los harineros, aceiteros y azucareros no cumplían la tasa correspondiente pero no eran multados ni detenidos por ello. Pero sí terminaban en prisión los que se apoderaban de alimentos para calmar su hambre o la de sus hijos. Los fabricantes de pan robaban diariamente en el peso y a ninguno se le cerraba el establecimiento ni sufrían persecución judicial, pero sí a un obrero que se llevase el pan. Se envenenaba a los consumidores con adulteraciones de los artículos alimenticios pero los comerciantes que lo hacían no entraban en prisión, mientras que sí lo hacían os pobres que cometían delitos muchos menos graves. Los motines de los hambrientos, de los que eran atropellados, los de los que sufrían injusticias eran sofocados por los fusiles de la Guardia Civil, pero esas armas no apuntaban contra los pechos de los especuladores y caciques, que eran los que generaban los problemas, realmente.
En las luchas entre patronos y obreros, las distintas autoridades no se ponían nunca de parte de los desposeídos, de los que reclamaban un salario más remunerador, y ni siguiera se mostraban imparciales, persiguiendo a los trabajadores y sus representantes. Cuando los choques entre explotadores y explotados revestían caracteres muy graves o eso les parecía a los gobernantes se recurría al ejército, pero no para obligar a los explotadores a ceder sino para amparar las propiedades de los propietarios, para amedrentar a los huelguistas y para emplear contra estos las armas. En el régimen capitalista la ley no es igual para todos. Para los obreros y desposeídos era muy dura, también para los pequeños propietarios, pero para los ricos y los que vivían a costa del trabajo ajeno la ley no existía o era muy blanda. Es innegable que los ricos cometían delitos pero entre la población penal apenas figuraba alguno, una población compuesta en su gran mayoría por miembros de la clase obrera. Por mucho que la clase obrera se organizase y consiguiera mejorar su estado el proletariado jamás conseguiría mientras perviviera el régimen burgués borrar su inferioridad social, y a ser igual ante la ley a los que explotaban y dominaban.
Los obreros necesitaban emanciparse económicamente, pero eso, solamente se alcanzaría con la conquista del poder político, estrategia propia de un socialista como fue siempre Pablo Iglesias.
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