La prolongada detención preventiva del señor Pablo González, extendida arbitrariamente cada tres meses durante dos años sin presentación de cargos formales, constituye una flagrante violación al derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
Por Angelo Nero | 18/02/2024
Nuestro compañero -y digo compañero por qué todos y cada uno de los que nos dedicamos, de un modo u otro, a la información, deberíamos llamarlo así- el periodista Pablo González, injustamente secuestrado por las autoridades polacas desde el 28 de febrero de 2022, contando, además, con el silencio cómplice del gobierno español -ese que calla ante el asesinato de más de cien compañeros palestinos que trataban de informar sobre el genocidio palestino en Gaza-, nuestro querido compañero, que más de una vez colaboró, desinteresadamente, con nuestro medio, para ayudarnos a comprender el extraño tablero geopolítico del Cáucaso o de la Europa del Este, está a punto de cumplir dos años de prisión preventiva en la cárcel de Radom, en Polonia, donde el cambio de gobierno no parece haber afectado a un sistema judicial opaco, que ha decretado, a través del Tribunal de Apelaciones de Lublin la octava prórroga de tres meses, para mantener en prisión a Pablo González.
Nuestro compañero fue detenido cerca de la frontera con Ucrania, en la ciudad de Przemyśl, mientras informaba sobre la avalancha de migrantes ucranianos ante el inicio del conflicto bélico, y “fue identificado como un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General Ruso (GRU). Realizó actividades de espionaje para Rusia sirviéndose de su condición de periodista”, por las autoridades polacas, aunque, desde entonces, no han presentado ni una sola prueba de ello, ni han presentado cargos, no ha declarado frente a un juez, ni han puesto fecha para ningún juicio. Una situación totalmente irregular, que ha sido denunciada por numerosos organismos internacionales como International Human Rights Foundation (IHRF) o Reporteros Sin Fronteras, en numerosas ocasiones, mientras el gobierno español ha dado por buenas las pocas explicaciones del gobierno polaco, “todos los derechos del señor González están siendo perfectamente respetados”, se ha atrevido a afirmar el ministro de exteriores, José Manuel Albares.
Albares declaró ante el Congreso que “se está cumpliendo su derecho de comunicación, de visitas consulares, de asistencia letrada, de visitas de sus abogados”, cuando ha transcendido que realmente, además de estar detenido sin cargos, nuestro compañero está internado en un régimen de aislamiento, su abogado Gonzalo Boyé no ha podido visitarlo hasta un año después de su secuestro, ni tener acceso a su causa judicial, y su mujer, Oihana Goiriena, solo ha podido visitarlo, en estos dos largos años, en dos ocasiones, para cerciorarse del deterioro físico y mental de Pablo González.
Precisamente hace unos días, el 12 de febrero, Oihana, junto a la International Human Rights Foundation (IHRF), hacía publico un comunicado denunciando que Pablo González “ha estado sometido a condiciones que rozan lo inhumano, incluyendo el aislamiento y la semi-incomunicación, lo cual vulnera gravemente los principios fundamentales de humanidad y dignidad que deben regir el trato de toda persona privada de libertad, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos.”
En el comunicado de la organización por los derechos humanos, con sede en New York, también se señala “la prolongada detención preventiva del señor Pablo González, extendida arbitrariamente cada tres meses durante dos años sin presentación de cargos formales, acusaciones específicas o evidencia concreta que justifique tales medidas, constituye una flagrante violación al derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, pilares fundamentales del estado de derecho reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales pertinentes. La falta de acceso de sus abogados a la totalidad de las actuaciones de la fiscalía agrava aún más esta situación, impidiendo una defensa adecuada y efectiva, lo que socava el derecho a la defensa y el debido proceso legal”. A la vez que se solicita de las autoridades polacas las garantías de un juicio justo o la puesta en libertad inmediata ante la falta de pruebas presentadas para mantener a nuestro compañero en prisión preventiva
En el comunicado de International Human Rights Foundation (IHRF) también hay una petición al titular de exteriores español, José Manuel Albares, para “que adopte todas las medidas a su alcance para vear por los derechos del ciudadano vasco, Sr. Pablo González, incluyendo el respeto al Estado de Derecho, su traslado a España o puesta en libertad y el mejor trato posible a la familia, tanto en información como en medios.”
En Gernika, donde su mujer y sus dos hijos residen, y donde sus vecinos y amigos también exigen su pronta liberación, coincidiendo con los dos años en los que Pablo ha estado privado de libertad, han convocado una manifestación para exigir la libertad de nuestro compañero, bajo el lema Prentsa askatasuna. Pablo Askatu! (Libertad de prensa ¡Pablo Libertad!), que partirá de la fuente Merkurio de Gernika el 28 de febrero, a las 19:00 horas.
El mismo día, a la misma hora, en Madrid, el Grupo de Apoyo a Pablo González ha convocado también una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, con el lema de 2 años sin Pablo, 2 años de indefensión, ¡Hacer periodismo no es delito!. Previo a este acto, este mismo grupo, organiza, el día 23 de febrero, en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, un festival de música por Pablo González, con la participación de Orlis Pineda, Alicia Ramos, Juanjo Anaya, Gustavo Cabrera y Sankara Project.
Desde las páginas de NR, queremos sumarnos a la petición de libertad de Pablo González, y animar a todos y a todas a participar de todas las iniciativas en solidaridad con nuestro compañero.
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