Lejos de ser un movimiento residual, las calles se han llenado de trabajadores del sector público y privado, estudiantes y otros colectivos que arrastran semanas de protestas.
Por David Hurtado | 5/11/2026
Este jueves 5 de noviembre, Francia ha vivido una jornada de huelga general masiva y una potente movilización en las calles. Miles de trabajadores han paralizado la producción en todo el país y han desbordado las calles de decenas de ciudades en un paro nacional convocado por la intersindical (CGT, CFDT, FO, UNSA y FSU) contra el estancamiento salarial, el alto coste de la vida y la degradación de los servicios públicos. El alto seguimiento pone en evidencia el enorme malestar popular por las políticas antiobreras del Ejecutivo de Macron y Lecornu.
Lejos de ser un movimiento residual, las calles se han llenado de trabajadores del sector público y privado, estudiantes y otros colectivos que arrastran semanas de protestas. El Gobierno, en lugar de atender las reivindicaciones de fondo, ha optado por una respuesta basada en el despliegue policial masivo (unos 70.000 agentes) y en restricciones a los recorridos de las manifestaciones, como ocurrió en París, donde se impuso un trayecto de République a Nation después de vetar el preferido por los sindicatos. Esta estrategia, heredada de las jornadas violentas de octubre, revela una incapacidad crónica para gestionar el descontento y una preferencia por contenerlo en vez de resolverlo.
Las demandas son claras y reiteradas: revalorización real del salario mínimo (la CGT exige un 10%), subidas salariales generales, más justicia fiscal y recursos suficientes para educación y sanidad. Mientras los sindicatos denuncian que el aumento automático del salario mínimo resulta insuficiente frente a la inflación de alimentos y carburantes, el Ejecutivo se limita a promesas vagas de “anuncios” y mantiene un enfoque de austeridad en el presupuesto de 2027. El resultado es previsible: pérdida de poder adquisitivo, servicios públicos cada vez más degradados y una escalada del conflicto social que el Gobierno parece haber subestimado.
La jornada ha vuelto a mostrar las consecuencias de esa política: perturbaciones en trenes, escuelas y servicios emblemáticos como la Torre Eiffel, cerrada por la huelga. Sophie Binet (CGT) lo resumió con contundencia: solo una respuesta concreta a las reivindicaciones detendrá la movilización. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido más contundente en el control de las calles que en el aumento de los salarios o en la defensa de los servicios públicos.
Esta huelga no es un accidente ni una explosión espontánea. Es el fruto de meses de inacción frente a un coste de la vida que no da tregua y de un sistema que prioriza el ajuste presupuestario sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Las calles desbordadas de este 5 de noviembre dejan claro que esa estrategia tiene un coste político cada vez más alto.
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