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Los sindicatos califican la reforma como una ‘ley esclavista’ que beneficia exclusivamente a los intereses de la patronal, mientras sume a los trabajadores en condiciones de explotación extrema.
Por Ernesto Vílchez | 12/09/2025
El próximo 1 de octubre, Grecia se prepara para una huelga general convocada por los principales sindicatos del país, liderados por el Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME), en rechazo a una reforma laboral impulsada por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. Esta legislación, aprobada en septiembre de 2023, ha sido calificada por los sindicatos como una “monstruosidad” y una “ley esclavista” que retrocede los derechos laborales a niveles del siglo XIX.
Las medidas más polémicas de la reforma laboral
La reforma laboral, aprobada por el Parlamento griego con el respaldo de los 158 diputados del partido Nueva Democracia, introduce cambios significativos en las condiciones de trabajo que han generado una fuerte oposición. Entre las medidas más controvertidas se encuentran la jornada laboral de hasta 13 horas diarias y seis días a la semana. La nueva ley permite a las empresas extender la semana laboral a seis días y hasta 78 horas semanales, combinando un empleo principal de 8 horas con un segundo empleo “voluntario” de hasta 5 horas diarias. Aunque el gobierno argumenta que esta medida busca formalizar el trabajo no declarado y flexibilizar los horarios, los sindicatos denuncian que normaliza jornadas extenuantes y precariza aún más las condiciones laborales.
Otro punto polémico son los despidos sin indemnización en el primer año. La reforma permite a las empresas despedir a trabajadores durante su primer año de empleo sin previo aviso ni compensación económica, lo que aumenta la inseguridad laboral y debilita la protección de los empleados.
La nueva legislación trae también restricciones al derecho a huelga. Una de las disposiciones más criticadas es la imposición de multas de hasta 5.000 euros y penas de prisión de hasta seis meses para quienes participen en piquetes que impidan el acceso al trabajo durante las protestas. Esta medida ha sido vista como un ataque directo al derecho fundamental de huelga, limitando la capacidad de los trabajadores para organizarse y manifestarse.
La reforma incluye además los contratos de “empleados de guardia”. La legislación introduce contratos flexibles sin horarios fijos, en los que los trabajadores deben estar disponibles con solo 24 horas de notificación, adaptándose a las necesidades de producción de las empresas. Esta flexibilidad beneficia principalmente a los empleadores, dejando a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad.
El gobierno de Mitsotakis defiende la reforma argumentando que busca reducir la economía sumergida y fomentar el empleo, pero los sindicatos y la oposición sostienen que estas medidas convierten a los trabajadores en “esclavos modernos” y desmantelan conquistas laborales históricas, como la jornada de 8 horas.
La respuesta de los sindicatos
La reacción de los sindicatos ha sido contundente. La huelga general del 1 de octubre, la tercera en poco más de tres meses, refleja el creciente malestar de la clase trabajadora griega. El PAME, afiliado al Partido Comunista Griego (KKE), ha sido uno de los principales impulsores de esta movilización, convocando a trabajadores de todos los sectores a paralizar el país en defensa de sus derechos.
El PAME ha calificado la reforma como una “ley esclavista” que beneficia exclusivamente a los intereses de la patronal, mientras sume a los trabajadores en condiciones de explotación extrema. En comunicados oficiales, el sindicato ha denunciado que la extensión de la jornada laboral a 13 horas y la flexibilización de los horarios convierten a los trabajadores en “máquinas al servicio de la producción”, sin respeto por su salud ni su vida personal. Además, critican la criminalización de las huelgas, que consideran un intento de silenciar la lucha obrera.
El PAME ha hecho un llamado a la unidad de los trabajadores para enfrentar lo que describe como un “ataque frontal” del gobierno y los capitalistas. En las manifestaciones previas, como las de septiembre de 2023, miles de personas, incluyendo bomberos, docentes y trabajadores del sector público y privado, tomaron las calles de Atenas y otras ciudades con pancartas que rezaban “No nos convertiremos en esclavos modernos” y “Las 8 horas son una conquista de los trabajadores”.
El Partido Comunista Griego (KKE), estrechamente vinculado al PAME, ha adoptado una postura radical contra la reforma laboral. El KKE considera que esta legislación es parte de una estrategia más amplia del gobierno conservador para alinear a Grecia con las políticas neoliberales de la Unión Europea, que priorizan los beneficios empresariales sobre los derechos de los trabajadores. Según el partido, la reforma no solo perpetúa la precariedad laboral, sino que también consolida un modelo económico que beneficia a las élites a costa de la clase trabajadora. El KKE ha instado a los trabajadores a intensificar la lucha de clases y a organizarse para revertir estas medidas.
En sus declaraciones, el partido ha enfatizado que la huelga general del 1 de octubre no debe ser un acto aislado, sino el comienzo de una resistencia sostenida contra las políticas del gobierno de Nueva Democracia. Además, el KKE ha criticado a otros partidos de la oposición, como Syriza, por no ofrecer una alternativa clara y por limitarse a condenas retóricas sin un plan de acción concreto.
El partido también ha señalado que la reforma laboral se enmarca en un contexto de crisis económica y social en Grecia, donde los salarios no han recuperado su poder adquisitivo tras años de austeridad, y la jubilación a los 74 años agrava aún más las condiciones de vida de los trabajadores.
La reforma laboral ha desatado un debate internacional sobre el retroceso de los derechos laborales en Europa. En redes sociales, como X, usuarios han comparado la situación de Grecia con un retorno a las condiciones laborales del siglo XIX, criticando el modelo neoliberal que promueve jornadas extenuantes y desregulación. En este sentido, la huelga general del 1 de octubre se perfila como un momento clave para medir la capacidad de los sindicatos y el movimiento obrero para frenar estas políticas. La movilización no solo busca derogar la reforma laboral, sino también exigir aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y el fin de las políticas de austeridad.
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